El PSOE propone que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad
El PSOE se hace eco de las demandas del colectivo de funcionario de prisiones y lleva al Congreso la propuesta de que sean reconocidos como agente de autoridad, como Policía o Guardia Civil. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este jueves una Proposición de Ley Orgánica para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de las instituciones penitenciarias.
“Esta iniciativa es el resultado del trabajo que desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista se viene realizando con los sindicatos mayoritarios de prisiones. En ella se recogen sus demandas y se da respuesta a la principal reivindicación del colectivo de funcionarios de prisiones”, explica el portavoz de Interior, David Serrada.
Según los socialistas, la declaración como agentes de la autoridad “dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares”. Además, solicitan que sus manifestaciones e informes sean consideradas como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por esta ley.
Asimismo, piden que se garantice su seguridad cuando ingresen en prisión, a causa de sentencia condenatoria, asegurando su separación de otro tipo de internos e internas. Y proponen garantizar una indemnización por parte de la Administración para resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado negligencia grave.
El propio Consejo de Estado ha señalado que “en materia de funcionarios públicos rige el principio de indemnidad, de modo que quien sufra un daño por causa de su actuación pública o con ocasión de ella, sin mediar dolo y negligencia por su parte, debe ser resarcido”. Este organismo también ha dicho que “el funcionario no debe soportar, a su costa, un daño generado en el seno de la relación funcionarial”.
En las últimas semanas la presión del colectivo de funcionarios de prisiones se había intensificado tras el asesinato de una compañera en una prisión de Tarragona.
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