Las fuerzas del Gobierno y los independentistas concluyen que Rajoy y Cospedal conocían y validaron la Kitchen

Las fuerzas del Gobierno –Unidas Podemos y PSOE– así como fuerzas independentistas como EH Bildu, Junts y la CUP han dado por probado que tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal conocieron y avalaron la existencia de la Operación Kitchen, una estructura creada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz al margen de la la ley para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle las pruebas que pudieran incriminar al partido en casos de corrupción.

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP han registrado este lunes un texto conjunto de conclusiones de la comisión de investigación sobre el espionaje a Luis Bárcenas –la conocida como Operación Kitchen– que se ha desarrollado en el Congreso durante el último año, dando por probada la existencia de una “estructura parapolicial” creada por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, “operativa a lo largo del tiempo bajo las órdenes del DAO Eugenio Pino, con conocimiento del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, el Secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez y el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz”. El operativo contó, según los grupos citados con el “conocimiento” y la “aquiescencia” del entonces presidente, Mariano Rajoy, y la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los grupos consideran que se trató, además, de “una estructura política cuyo objetivo era la sustracción en manos de Luis Bárcenas de las pruebas de la contabilidad B del Partido Popular, información sensible que pudiese perjudicar al Partido Popular, al Gobierno o a 'altas instituciones del estado'. ”La motivación última de esta estructura política era la de la substracción de información en manos del ex tesorero del PP para apartar dicho material de cualquier proceso judicial que pudiese darse“, concluyen. 

A renglón seguido, apuntan: “Esta estructura política estaría liderada por aquellas personas que más se sentían perjudicadas por estas ”informaciones sensibles“, a saber, María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, Ignacio López de Hierro, empresario y marido de la Secretaria General del PP y cuanto menos el conocimiento y la aquiescencia del Sr. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno”. 

El PSOE cree que la orden llegó de “la cúpula del PP”

“El desarrollo de la Comisión de Investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la 17 financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”, apunta, por su parte, el PSOE, en su texto de conclusiones.

“La Operación se dirigía desde tres sedes, la sede del Partido Popular en la calle Génova, con el conocimiento de la Secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, que informaba al Presidente del Partido y del Gobierno, Mariano Rajoy; la sede del Ministerio del Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz que le encargó al Secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez la puesta en marcha de todo el operativo delictivo y, su epicentro, en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino Sánchez”, añaden los socialistas.

A su juicio, “la finalidad de la Operación Kitchen era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de Justicia, e incluso de los propios miembros del Cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales”.

Además, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha sostenido en rueda de prensa que “ha quedado demostrado” a raíz de la comisión de investigación “que el Ministerio del Interior se usó para tapar la corrupción que el PP tenía en la calle Génova”. “Se usó a la Policía, fondos reservados y el ministerio para espiar a Bárcenas”, ha añadido, señalando que “los mayores beneficiarios y quienes más interés tenían eran sin duda los máximos responsables del PP, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy”, que “aparecen en los papeles de Bárcenas”. “Conocían muy bien al señor Bárcenas y creo que es muy difícil hacerse el distraído cuando están remodelando tu sede por un millón de euros y que no se te ocurra preguntar al tesorero cómo se pagan esas obras. La realidad es tozuda”, ha zanjado, informa Irene Castro.

El texto de Unidas Podemos

Unidas Podemos y las fuerzas independentistas añaden que bajo el mandato de Fernández Díaz “se construyó una denominada 'policía patriótica', dirigida operacionalmente por el Eugenio Pino, sostenida en el tiempo y que realizó diversas actuaciones con intereses partidistas (obstaculización de investigaciones, persecución de adversarios políticos, impulso de investigaciones prospectivas, creación de informes apócrifos) para atacar a rivales políticos, o como es en el caso de la 'Operación Kitchen', organizar un dispositivo de seguimiento y vigilancias del entorno de Luis Bárcenas con el propósito de arrebatarle información que tenía en sus manos y apartarla de los procesos judiciales”.

La estrategia a seguir por parte de esta denominada 'policía patriótica', apuntan Unidas Podemos y las fuerzas independentistas, “fue el reclutamiento en julio de 2013 de Sergio Ríos Esgueva a la sazón chófer de la familia Bárcenas y persona de confianza de Rosalía Iglesias”. “En un principio, el responsable de reclutar a Sergio Ríos fue el Comisario Principal y máximo responsable de la UCAO Enrique García Castaño, pero fallando en su propósito, fue el Comisario en excedencia Andrés Gómez Gordo, que ya conocía a Sergio Ríos por haber coincidió con él en Castilla la Mancha, el que le convence para que trabaje para la 'policía patriótica'”, remarcan.

Para estos partidos, “es reseñable que en ese momento Andrés Gómez Gordo se encontraba en situación de servicios especiales ya que era Director de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla la Mancha a las órdenes de María Dolores de Cospedal, cargo que ejerció desde el año 2011 hasta el 2015”. “Su doble labor como consejero de Cospedal y de la realización de tareas policiales reclutando confidentes y pagando con Fondos Reservados es una muestra clara de incompatibilidad y por lo tanto un delito”, indican. 

Los grupos parlamentarios ponen “en valor los testimonios aportados por D. Manuel Morocho Tapia y D. Enrique García Castaño, que han ayudado con los fines de esta Comisión”. García Castaño confesó las actuaciones sin orden judicial que realizó -entrada en el estudio de Rosalía Iglesias y clonado de teléfonos de Bárcenas- y Morocho es el testigo principal porque él era quien investigaba de forma legal y a las órdenes del juez la caja B del PP y nunca fue informado del operativo parapolicial, lo que denota su ilegalidad.

El uso de fondos reservados

Además, los firmantes resaltan que “a cambio de la información facilitada por Sergio Ríos éste fue pagado a cargo de los Fondos Reservados de forma irregular a razón de 2000 euros mensuales”. “Sergio Ríos trabajó como chófer de la familia Bárcenas de febrero de 2013 a agosto de 2014. Fue reclutado por la estructura 'parapolicial' como ya se ha dicho en julio de 2013 y estuvo siendo pagado con Fondos Reservados hasta septiembre de 2015. Otra de las prebendas que le ofrecieron a Sergio Ríos por su colaboración como confidente fue la del ingreso dentro del Cuerpo Nacional de Policía”, sentencian.

Según anotaciones en las agendas del ex comisario Villarejo que citan estos partidos, “el nacimiento de la Operación Kitchen se daría el 11 de julio de 2013”. “Del 25 de julio de 2013 a 12 de febrero de 2014 se realiza un dispositivo de vigilancia a Rosalía Iglesias a cargo de los recursos de la UCAO, bajo la responsabilidad operativa del comisario principal Enrique García Castaño, por órdenes del DAO Eugenio Pino y con conocimiento del Secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez y el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. A lo largo del mes de octubre de 2013 y, en base a las propias declaraciones de García Castaño en la Comisión, éste entra sin orden judicial en el estudio de Rosalía Iglesias en la calle Díaz Porlier y supuestamente consigue información relevante”, apuntan.

Las conclusiones dan por probado, asimismo, que también en octubre de 2013 García Castaño presionó a Sergio Ríos “para que le proporcionase información de Bárcenas”. “El 'cocinero' le proporciona dos iPhone sin sim ni batería. García Castaño hace una copia de la información en un pen drive y se la entrega a Francisco Martínez Vázquez. García castaño se queda con una copia de la información. Para el volcado de la información el comisario adquiere contra Fondos Reservados material informático por valor de 1905,82 euros”, añaden.

Además, señalan que “el 23 de octubre de 2013 Enrique Olivares haciéndose pasar por cura irrumpe en la casa de Bárcenas y secuestra a Rosalía Iglesias, a su hijo y a una asistenta doméstica que se encontraba en esos momentos en la casa y exige que se le entregue todos los papeles de Bárcenas”. “Tras mantenerlos cautivos durante unos minutos entre Guillermo Bárcenas, hijo de Rosalía y Sergio Ríos que 'casualmente' se encontraba por las inmediaciones del domicilio y acudió a los gritos de auxilio de Rosalía, consiguen reducir al falso cura. Según Rosalía Iglesias pocos minutos después un gran dispositivo policial se encuentra en el interior de su casa”, zanjan.

Remitir las conclusiones a Anticorrupción

Con todo, Unidas Podemos y los grupos independentistas concluyen que “durante el periodo de Fernández Díaz como Ministro de Interior se utilizó de forma ilegal, ilegítima y partidista los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos”.

Por ello, “más allá de las responsabilidades políticas que se estimen convenientes en el seno de las organizaciones pertinentes y en base a sus propias consideraciones, la Mesa de la Comisión y, en nombre del Congreso de los Diputados su presidenta, remitirá estas conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Cuentas y a todos los estamentos judiciales que se determinen”. “Asimismo, y para que se tomen en consideración las medidas orgánicas y disciplinarias que se estimen convenientes se trasladará el presente escrito de conclusiones al ministro del Interior, al Secretario de Seguridad y al Director General de la Policía”, zanjan estos partidos en sus conclusiones.