Unidas Podemos contra Batet, una batalla que se cronifica

La batalla que Unidas Podemos inició hace ya seis meses contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet –a la que llegó a pedir su dimisión–, a raíz de la retirada del acta al exdiputado del grupo confederal Alberto Rodríguez, se ha cronificado. Prácticamente en cada intervención pública que se les pregunta por el caso del exparlamentario, condenado por el Supremo por pegar a un policía, los dirigentes de Unidas Podemos arremeten contra la máxima responsable de la Cámara Baja, a la que responsabilizan en exclusiva de la expulsión. Además, estos responsables aprovechan cualquier diferencia política para poner en cuestión la labor de la tercera autoridad del Estado.

La pasada semana el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, acusó a Batet de maniobrar para impedir que se debatiera una iniciativa del grupo, presentada junto a ERC y EH Bildu, que pide el apoyo del Pleno a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. La propuesta se presentó tras el giro que propició el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mediados de marzo, sobre la relación entre España y Marruecos, reconociendo el marco autonómico defendido por el país vecino. El socio minoritario del Ejecutivo no solo no comparte ese viraje sino que cree que Batet se excede de su perfil institucional y trata de defender la postura socialista desde la presidencia del Congreso.

La polémica se generó el martes pasado cuando, en la habitual ronda de ruedas de prensa de los portavoces de los grupos, Echenique criticó que Batet no hubiera convocado la Mesa del Congreso para ese día, como suele ser habitual. La Mesa es el máximo órgano de dirección de la Cámara Baja y es la encargada de calificar –admitir a trámite– todas las iniciativas que se presentan antes de llevarlas a la Junta de Portavoces para que las agenden en los órdenes del día de los plenos o las comisiones. El portavoz de Unidas Podemos llegó a asegurar que Batet no celebró la Mesa el martes para no calificar esa iniciativa sobre el Sáhara y que esta no fuera al Pleno de esta semana, como quería el grupo confederal.

La razón por la que no se convocó al citado órgano parlamentario fue, en realidad, que la presidenta del Congreso se encontraba de viaje oficial en Eslovenia. Todos los grupos conocían ese compromiso de Batet desde la semana anterior y, según explican desde el equipo de la presidenta, ninguno –tampoco Unidas Podemos– puso objeciones a aplazar la Mesa a otro día, como finalmente ocurrió: se celebró el miércoles, después del Pleno. Pero Echenique consideró que hubo otros motivos.

Profundo malestar en el equipo de Batet

“Sospechamos que puede tener que ver con posponer ese debate sobre el Sáhara”, denunció el portavoz del grupo confederal, que consideró que la situación era “irregular”, además de “inaudita”. Unidas Podemos trasladó el asunto a la Junta de Portavoces que no tuvo objeciones en llevar la proposición no de ley sobre el Sáhara al Pleno de esta semana por unanimidad de los grupos. Un día después, el miércoles, la Mesa calificó la iniciativa y desde el equipo de Batet trasladaron un profundo malestar por las sospechas lanzadas por Echenique que, según defienden, no tienen fundamento.

El de la semana pasada fue el último encontronazo entre Unidas Podemos y la presidenta del Congreso, que se suma al largo historial de choques que se inició con la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, hace seis meses.

La estrategia de la defensa de los abogados de Rodríguez sigue siendo, de hecho, desacreditar la actuación de Batet, que fue la que finalmente decidió su suspensión como diputado el 22 de octubre. En su recurso ante el Tribunal Constitucional, el exparlamentario llegó a acusar a la presidenta del Congreso de “inventar” la razón para dejarle sin escaño. Un asiento que Unidas Podemos no ha conseguido aún reponer por discrepancias entre la dirección estatal de Podemos y la de Canarias, de donde es el exdiputado.

A finales del año pasado, la interpretación de la sentencia que condenó al exdiputado de Unidas Podemos a 45 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros pagada de forma inmediata, y a la prohibición del derecho de sufragio pasivo, por pegar a un policía en una protesta en 2014 provocó un profundo debate político y jurídico. Juristas de todas las sensibilidades habían cuestionado no solo la sentencia, que contó con varios votos particulares y se basó fundamentalmente en el testimonio del agente y los informes médicos; sino también las consecuencias de la misma.

La polémica del acta de Rodríguez

Los letrados del Congreso aseguraron inicialmente en un informe fechado el 18 de octubre que Rodríguez podía mantener el escaño, al considerar que la privación del derecho al sufragio pasivo dictada por el Alto Tribunal en la sentencia no afecta a la condición de diputado, que fue adquirida con carácter previo. Dos días después, sin embargo, el Supremo emitió un informe ambiguo instando a la suspensión. Entre medias, el caso de Rodríguez se convirtió en una arma arrojadiza de la batalla política que se escenificó en dos tensas reuniones de la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara. Mientras la minoría de derechas de PP y Vox defendió que el exdirigente de Podemos debía ser suspendido, la mayoría de PSOE y Unidas Podemos reivindicó su permanencia en base a ese escrito de los letrados.

Fue en la segunda reunión del máximo órgano de la Cámara Baja para abordar el caso, la del 21 de octubre, en la que la presidenta del Congreso se manifestó más favorable a retirarle el acta a raíz de las presiones tanto del Supremo como de las derechas. Pero ante las dudas manifestadas por los letrados, Batet promovió una votación en la que la mayoría de PSOE y Unidas Podemos acordó solicitar al Supremo más explicaciones. El viernes 22, y tras haber recibido otro escrito del Alto Tribunal recordándole que Rodríguez había sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo y, tras consultar al secretario general del Congreso y letrado mayor, Batet decidió retirarle el escaño.

Esa misma noche, Unidas Podemos envió un breve comunicado a la prensa anunciando que iniciaría acciones judiciales por prevaricación contra Batet. Ese anuncio de querella provocó un cisma interno en la formación confederal, ya que desconocían la decisión tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio Rodríguez, que al día siguiente decidió darse de baja de Podemos e iniciar su propia batalla judicial para recuperar el escaño.

El letrado mayor del Congreso avaló por escrito la decisión de Batet de suspender al ya exdiputado de la formación confederal, pero las críticas de todos –menos el PSOE– contra la presidenta de la Cámara baja se multiplicaron y Podemos llegó a pedir formalmente su dimisión. El entorno de la presidenta explicó que en todo lo relacionado con la condena de Rodríguez ha mantenido una “posición institucional” siguiendo “el procedimiento con celeridad” y escuchando siempre a los servicios jurídicos de la Cámara, así como que el caso de Rodríguez es un asunto “estrictamente técnico jurídico” y “no es un problema de índole política”.

Un escaño “arrebatado” por Batet y Marchena

No lo ven así desde Unidas Podemos. Echenique repite una y otra vez que, en realidad, “se le robó el escaño a un diputado electo por una sentencia, primero, injusta y sin pruebas, porque nunca cometió el delito que se dice que cometió, y además en esa sentencia no ponía que había que quitarle el acta”. “Sin embargo, la Presidencia del Congreso de los Diputados y el señor [presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel] Marchena decidieron quitarle el escaño. Esto es gravísimo”, denunció, en una entrevista en elDiario.es el mes pasado.

“La responsabilidad de que falte un escaño y de que, por ejemplo, la reforma laboral saliera adelante porque se equivocó un diputado del PP, es de Meritxell Batet y de Marchena, no de Unidas Podemos. Estamos trabajando humildemente para tratar de que ese escaño se reponga, pero, al mismo tiempo, no nos hemos olvidado de quién se lo ha arrebatado a la mayoría progresista”, insiste el portavoz de Unidas Podemos, grupo que hace dos semanas se quedó sin otro escaño por la decisión de otra diputada canaria, Meri Pita, de pasar al Grupo Mixto por discrepancias con la dirección.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet y Unidas Podemos volvieron a chocar en diciembre por el intento de boicot realizado por dos diputados de Vox a un acto sobre 'los seis de Zaragoza' que tuvo lugar entonces en la Cámara Baja, en relación a seis militantes antifascistas condenados por participar en una protesta en 2019.

Unidas Podemos había solicitado una sanción para esos dos parlamentarios, que pusieron el himno de la Policía mientras se celebraba el citado acto organizado por el grupo confederal y formaciones independentistas, pero Batet aseguró no contar con herramientas en el reglamento del Congreso para poder cursar esas sanciones. Fuentes parlamentarias afirmaron entonces que Batet explicó que “acciones que supongan una injerencia en actos que se celebran en el Congreso, como interrumpir el acto del pasado día 15, son inadmisibles y no se pueden permitir”. Y exigió el compromiso a los miembros de la Mesa de impulsar el respeto mutuo y a las decisiones institucionales. Para el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, Batet puso “del lado de la ultraderecha”.

Desde el inicio de la legislatura

Un mes antes, en noviembre, Unidas Podemos presentó otra queja –que tampoco fue resuelta– ante la Mesa del Congreso de los Diputados por un tuit publicado por la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Macarena Olona, en el que, según el grupo confederal, saltándose las normas internas de la Cámara Baja, incluyó una foto de los miembros de la ponencia para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', a la que tildó de “akelarre”.

El grupo confederal consideró esa publicación vulneraría el reglamento interno del Congreso que, en su artículo 16, establece que “los diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplinaria parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas”.

Con todo, Unidas Podemos solicitó a la Mesa del Congreso que adoptara “las medidas disciplinarias previstas en el Art. 99. 1 del Reglamento del Congreso y, en su caso, la propuesta de adopción al Pleno del Congreso de las medidas previstas en el artículo 101 del Reglamento, todo ello en relación con el quebranto del deber de secreto del artículo 16 del Reglamento y de la prohibición de reproducción grafica no autorizada del Art. 98 del Reglamento”. Batet tampoco actuó en ese caso –al margen de un apercibimiento verbal a Vox– lo que volvió a alimentar la batalla del grupo confederal contra la presidenta del Congreso.

Nada más comenzar la legislatura, los acatamientos de la Constitución de diputados independentistas y de Unidas Podemos, que utilizaron fórmulas alternativas a los tradicionales 'si, prometo' o 'sí, juro' para expresar sus anhelos independentistas o republicanos, tampoco gustaron a la Presidencia de la Cámara Baja, si bien las aceptó al igual que lo hicieron en el pasado, ante situaciones similares, otros presidentes del Congreso, también del PP.