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ENTREVISTA | Soledad Murillo, sec. de Estado de Igualdad

"El auto de 'la manada' delega en las mujeres su propia seguridad: no hubiera ocurrido en otro tipo de delito"

La Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, apuesta por no modificar la Ley de Violencia de Género pero sí cree necesario abordar las violencias sexuales de forma integral

"Si la empresa del 016 no cumple con lo que se le ha pedido, que cambie a las trabajadoras de ubicación, pleitearemos contra ella", asegura

"A las mujeres se les expropia tiempo constantemente sin que ellas perciban expropiación", dice Murillo, que señala que su propósito es tratar de aprobar un Ley de Igualdad Laboral

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La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. FERNANDO SÁNCHEZ

Lleva apenas dos semanas en el cargo, pero Soledad Murillo, la nueva Secretaria de Estado de Igualdad, ya tiene su mesa llena de asuntos que atender. A las propuestas que el PSOE hizo como oposición (equiparación de permisos de paternidad o Ley de Igualdad Laboral) se suma la actualidad, que discurre entre la situación precaria del 016, las decisiones judiciales sobre 'la manada', las protestas feministas, los asesinatos machistas que no dan tregua o el debate otra vez resucitado sobre la gestación subrogada. Murillo, que ya fue Secretaria General de Igualdad durante el primer gobierno de Zapatero, tiene ahora el reto de adaptar los logros pasados a una sociedad que pide avances y en la que el movimiento feminista vive uno de sus mejores momentos.

¿Qué le parece la puesta en  libertad provisional a la espera de sentencia firme de 'la manada'?

Estoy absolutamente a favor del voto del presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que no está de acuerdo con la libertad provisional de estos hombres ya condenados en una sentencia. Por supuesto hay que acatar las resoluciones judiciales, pero a mí me preocupa y critico duramente el contenido del auto. El derecho y la jurisprudencia están basados en tutelar y garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando esto no sucede, en el sentido de que el Estado no protege la seguridad de las ciudadanas, estamos hablando de una importante quiebra del derecho.

Por eso estoy absolutamente en desacuerdo con el auto, también en el sentido de delegar en las mujeres su propia seguridad. Algo que no hubiera ocurrido bajo ningún concepto en otro tipo de delitos y resoluciones judiciales con respecto a la libertad provisional. No nos corresponde a las mujeres salvaguardar nuestro propio derecho a la dignidad, protección física y psíquica. Aunque viviéramos en un lugar de 200 habitantes, aunque el agresor fuera absolutamente reconocible, no es mi papel como ciudadana garantizar mi protección. Es el papel del Estado.

Hemos conocido que la Comisión que está revisando el Código Penal va a proponer eliminar el delito de abuso sexual. ¿Qué le parece? ¿Debe existir un único delito contra la libertad sexual?

Creo que esta Comisión lo que está planteando es una previsión para que los tipos no puedan ser utilizados para rebajar las sentencias en caso de que se de la violación. Reducir la discrecionalidad de la interpretación nos asegura muchísimo. Por otra parte es importante que tengamos en cuenta el Convenio de Estambul, que plantea que la libertad sexual de las mujeres debe estar garantizada en un contexto en el que ha cambiado el concepto.

Tenemos un Código Penal de 1995, actualizado en 2015, en el que no hemos modificado el tema de la libertad sexual; y ésta ha cambiado en el sentido de que las mujeres somos más soberanas de nuestro cuerpo, más soberanas de nuestro deseo y por lo tanto más soberanas de nuestras relaciones sexuales. El Código Civil dice que el derecho tiene que estar adaptado al contexto social. Teniendo en cuenta esto y en este sentido se debe producir una actualización.

Más allá de este cambio en el Código Penal, ¿es este el gran problema? El relato de los hechos de la sentencia de 'la manada' podría haberse tipificado como violación con este Código Penal en la mano.

La formación de los jueces y fiscales es fundamental. Es indispensable trabajar con ellos la complejidad que supone la violencia. En primer lugar porque las mujeres lo viven con absoluta vergüenza personal, como si fueran ellas las responsables de haber provocado esa violencia. Cuando están ante una situación violenta, las mujeres se preguntan qué han hecho para que esa persona desencadene un episodio violento. Si las mujeres son agredidas por la calle, "¿dónde estaban y a qué hora?". Es una espiral de vergüenza, secreto y culpa.

Además, la formación y la especialización debe influir en la promoción judicial. Al final los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se han convertido en lugares a los que se pide un concurso de traslado, pero la base debe ser la especialización. Ya cuando hicimos la ley de 2004 la idea era no hacer depender las garantías para las mujeres de la sensibilidad de los jueces. Yo creo que este concepto está sobrevalorado en los temas que tienen que ver con las mujeres. La sensibilidad es para otras cosas, para el arte o las relaciones, pero no para el cumplimiento de derechos humanos.

¿Necesita España una ley de violencia sexual?

Yo creo que sí hace falta, no sé si una ley porque no soy jurista y dependerá también del criterio del Ministerio de Justicia, pero debemos recoger y abordar todas las violencias sexuales. La violencia sexual es el único delito en el que las mujeres tienen que demostrar cómo han reaccionado o afrontado el hecho violento; y hay que abordar las violencias sexuales de una manera integral y global, que no se ha hecho.

Por otro lado, es muy importante el tema de los abusos sexuales en la infancia, que no deberían prescribir. No tenemos ningún sistema de prevención en los colegios sobre abusos sexuales. Se habla permanente de reciclar, se les informa de la sostenibilidad, del cambio climático, de lo perjudicial del tabaquismo...¿Dónde se les informa sobre igualdad?

Además es necesario abordar la violencia sexual intragénero. En las parejas lesbianas y homosexuales se da violencia y se da también violencia simbólica en cuanto a una mayor retribución, mayor posición social, mayor poder... Son una serie de aprendizajes y de inercias que también hay que abordar. 

¿De qué manera se debe abordar?

Creo que tenemos que amparar en términos de derechos la violencia que se da en las parejas intragénero, que todavía permanece en la esfera privada porque no se ha convertido en un asunto público. Pero no hay nada definido. Es algo en lo que es interesante profundizar, pero lo primero es hacer consultas.

Soledad Murillo en un momento de la entrevista.

Soledad Murillo en un momento de la entrevista. FERNANDO SÁNCHEZ

Han pasado 14 años desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Hay que reformarla? ¿En qué sentido?

Yo no estoy de acuerdo con desmenuzar la ley. Nadie critica l a ley tributaria de 1985  por más corruptos que hayan malversando fondos públicos y eludiendo decisiones y obligaciones fiscales. Es posible hacer una ley respecto a las violencias sexuales sin abrir la de 2004 y se puede reconocer la violencia de género en otros casos más allá de la pareja o expareja pero sin reformar la ley en este sentido.

Yo no metería más cosas porque una de las claves de la ley de 2004 es la sentimentalidad como mecanismo de indefensión. ¿Qué relación de sentimentalidad tiene una prostituta respecto a su cliente? Ninguna. En la ley dimos relevancia a este elemento para profundizar en lo que significa la indefensión cuando estás enamorada de tu agresor, que ese es el problema, y donde tienes además esa carga de mantenerlo en secreto.

Apuesto más por que se cumpla lo que tenemos. Vamos a ver en qué falla la parte de prevención o a abrir investigaciones en casos de asesinatos y cerciorarnos de qué ha fallado en la cadena de protección. Por supuesto, hablemos de otras violencias como la violencia sexual, pero hay cosas de la ley que no se han cumplido. Se suele decir que no funciona y hay asesinatos, pero tenemos esta norma, pues vamos a aplicarla. 

La revicitimización de las mujeres que denuncian violencia machista sigue siendo uno de los agujeros negros del sistema judicial. Al mismo tiempo el mensaje sigue siendo casi únicamente el de animarlas a denunciar. ¿Qué hacer con ello si el mismo sistema no garantiza su protección?

Hay un tema que es clave y es el hecho de que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya no es obligatoria la denuncia para proteger a la víctima. El pacto no se ha puesto en marcha porque el anterior Gobierno ha sido sádico con las mujeres... lo cual es una enorme falta de diligencia.  Ya pusieron una cantidad económica que a mí me parece ofensiva. Lo estamos poniendo ahora nosotros, que nos encontramos con la primera dificultad:  devolver a los ayuntamientos las competencias en materia de violencia de género.

¿Qué medidas del Pacto de Estado le parecen prioritarias para poner en marcha?

El Pacto es la Ley de Violencia de Género llevada a un compromiso político. Son medidas muy detalladas. A mí la que más me interesa es que la denuncia no sea requisito imprescindible para activar la cadena de protección. La Ley de Régimen Local, del anterior Gobierno, limitaba competencias, cuando los municipios son los únicos lugares donde las mujeres acuden a los servicios sociales. Tenemos que devolverles las competencias y a partir de ahí ponernos a trabajar con los operadores jurídicos y policiales.

El Gobierno ha llegado a la última fase de adjudicación del  teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Finalmente, con la nueva empresa (Atenzia) las trabajadoras han perdido su antiguedad y su tipo de contrato, y la nueva empresa las ha trasladado a un polígono donde, denuncian, su seguridad corre peligro. ¿No podía evitar el Gobierno esta adjudicación?

Esta empresa ganó el concurso en abril, pero el contrato no se había firmado, lo hicimos nosotros. Lo primero que hice el lunes después de ser nombrada fue ponerme en contacto con las diputadas, que me pasaron información exahustiva sobre la situación, y con las trabajadoras. Y el día 11 por la mañana llamé a la aún directora del Instituto de la Mujer para que pusiera a a disposicion de las trabajadoras del 016 su línea de atención jurídica con preferencia sobre otro tipo de demandas. El mismo día 11 se firma el contrato, porque la próroga terminaba el día 12 a las 24 horas. Es decir, un servicio especializado en violencia de género podía verse interrumpido esa misma noche. Las trabajadoras no sabían si firmar sus nuevos contratos. Yo me reúno con una de ellas y con una experta para informarles de que si no firman pueden ser despedidas. Si resulta que, como he sabido después de consultar con expertos, el concepto de subrogación puede estar sujeto a interpretación según la anterior ley de contratos, yo hubiera puesto la subrogación como un requisito para la subrogación en el pliego de contratación. Nosotras no hemos estado en la transición entre empresas, pero yo lo hubiera hecho así.

¿El Gobierno no tenía opción de no firmar ese contrato para evitar esta situación?

Si no llegamos a firmar ese contrato, las echan y se interrumpe el servicio.

Y una vez ya firmado, las trabajadoras han perdido sus condiciones anteriores de trabajo y se quejan de su nueva ubicación. ¿Está cumpliendo Atenzia con el contrato?

Lo que he pedido a Atenzia es que cambien de ubicación a las trabajadoras. Se ha incumplido el pliego de condiciones técnicas. El jueves pasado nos reunimos con la empresa y les planteamos que era muy grave lo que estaba sucediendo. La empresa dice que desde que concursaron hasta ahora han perdido el local donde iban a estar ubicadas estas trabajadoras, pero eso es un asunto que no nos compete, el servicio tiene que estar garantizado. Tengo permanente contacto con la coordinadora del 016. A la empresa le hemos dado unos días para ese cambio de ubicación. Y de momento, las trabajadoras no han usado esa línea de atención jurídica.

Pero más alla de que estas trabajadoras decidan denunciar a esta empresa, ¿va a hacerlo el Gobierno?, ¿va a pleitear contra Atenzia puesto que ha incumplido el pliego?

Si no cumple con lo que se le ha pedido, se pleiteará contra la empresa.

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, durante la entrevista.

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, durante la entrevista. FERNANDO SÁNCHEZ

Este martes se debaten en el Congreso los permisos de maternidad y paternidad. ¿Apuesta el Gobierno por permisos iguales, intransferibles y pagados al cien por cien?

El presidente del Gobierno ya ha dicho que es favorable, otra cosa es que tengmaos que hacerlo de forma progresiva porque tenemos que ver lo que supone en incremento anual del gasto.

Hay diferencias entre la propuesta del PSOE y la de Podemos, como la posibilidad que madres y padres cojan parte de su permiso durante los primeros doce meses de vida de sus hijos, ¿están dispuestos a discutir este cambio?

Lo vamos a discutir, hay margen para hablar y ver las razones, si consecutivo o no, simultáneo entre los dos miembros de la pareja o no.

¿Van a aprobar en esta legislatura una ley de igualdad laboral?

Nos encantaría, por lo menos ese es nuestro propósito. La brecha salarial no está en los salarios netos, sino en los complementos. No hay nada más subjetivo que algunos complementos salariales. Y luego hay que ver los convenios y ver cómo es posible que en la misma categoría se apliquen sueldos distintos. Por eso también hay que trabajar con los sindicatos, para que la igualdad no sea solo una cláusula social, sino regulativa.

En la Ley de Igualdad que aprobaron la obligatoriedad para aprobar planes de igualdad solo concernía a las empresas de más de 250 trabajadores, ¿debe bajar ese límite?

Además del tamaño de la empresa a mí me importa que los planes de igualdad no sirvan para facilitar la conciliación solo a las mujeres, que es lo que en muchos casos están haciendo. No me gusta el concepto de conciliación, yo hablo de corresponsabilidad. Es un concepto que se ha entendido interesadamente: nosotros nos quedamos con la parte retributiva, con la parte de promoción, con la presencia intensa en el mundo del trabajo y ellas cogen una reducción de jornada o tiempo parcial y ven comprometidos sus derechos a futuro, la jubilación. Y nadie computa ni valora lo que supone el coste de oportunidad de las mujeres, está todo organizado para que la parte masculina tenga en su haber en unos privilegios, desde la disposición de tiempo, la posibilidad de reciclarse, de comprometerse más en el trabajo...

A las mujeres se les expropia tiempo constantemente sin que ellas perciban expropiación. Tienen de manera habitual un lenguaje de “a mi no me importa y no me cuesta nada”, es decir, la donación en estado puro. No el intercambio y la reciprocidad, que son pilares básicos de la sociedad.

En las últimas semanas se ha avivado de nuevo el debate sobre la gestación subrogada, ¿cómo se posiciona?

El deseo de ser madre y padre es un deseo, de ahí a que sea un derecho, hay que ver como se habilita. Que la técnica permita la gestación subrogada no significa que no haya un dilema ético importante. Los padres y madres intencionales, como se llaman, dicen que apoyan los gastos que tiene esa persona, pero eso es una compraventa lo denominen como lo denominen. Hay otro tema, que es dónde están los derechos de las mujeres a no ser utilizadas, a que sus cuerpos no sean usados: no es un tema particular de una o tres mujeres. Hay, además, dilemas y componentes éticos sobre la selección genética, la raza, elementos de clase...es un asunto de enorme complejidad. La pregunta es ¿qué sociedad queremos?, ¿una mediada por el mercado, por la compraventa?

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