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Madrid inicia los trámites para crear tres nuevas universidades privadas hasta ahora adscritas a la pública

El Centro Universitario Villanueva, CUNEF y ESIC, hasta ahora vinculadas a la Complutense y la Rey Juan Carlos, han solicitado convertirse en privadas y el gobierno de Garrido ha iniciado la tramitación

Si se ejecuta la petición, las instituciones públicas perderán los recursos derivados de la matrícula de miles de estudiantes. Uno de los centros está en suelo cedido por la Complutense hasta 2060

La Consejería de Educación apunta que la creación de estos tres centros "siempre implica potenciar" el sistema de enseñanza superior. En Madrid hay ahora seis universidades públicas y ocho privadas

Fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. / Wikipedia

Fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. / Wikipedia

Tres nuevas universidades privadas, desgajadas de dos centros públicos como la Universidad Complutense y la Rey Juan Carlos, tienen el camino allanado. La Comunidad de Madrid, gobernada por Ángel Garrido, ha elaborado un anteproyecto de ley para reconocer a tres centros, que actualmente ya están implantados en el sistema de enseñanza superior como centros adscritos a campus públicos. Lo consideran positivo para incentivar la "competitividad".

El Centro Universitario Villanueva y el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) han solicitado dejar de estar adscritos a la Complutense, por su parte, la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC) ha realizado las mismas gestiones para desligarse de la Universidad Rey Juan Carlos.

"El establecimiento de una nueva universidad en una comunidad autónoma como Madrid siempre implica potenciar el Sistema Madrileño de Enseñanza Superior, con los beneficios que supone en cuanto a una mayor competitividad entre las universidades y centros universitarios derivada de una mayor oferta de plazas", reseñan en las memorias de análisis de impacto normativo ratificadas el 13 de diciembre por el director general de universidades, José Manuel Torralba. A pesar de que reconocen que esta solicitud "viene a satisfacer una demanda ya cubierta por el propio promotor como centro adscrito".

Estos movimientos privatizadores encuentran una buena parte de su explicación en motivaciones económicas. Esta desvinculación "tendrá un impacto en el presupuesto" en las universidades públicas a las que están adscritas, ya que perderán las matrículas de estos alumnos, aunque aseguran que no será perjudicial para las arcas de la Complutense y la Rey Juan Carlos porque "hay que tener en cuenta que, si bien deja de percibir unos ingresos, también deja de realizar unas funciones que tienen un coste por lo tanto, no tiene que repercutir en la situación económica ni presupuestaria de la universidad".

Sin embargo, tal y como reconocieron fuentes del rectorado de la Complutense a esta redacción, estos alumnos son "más rentables" que los de una facultad de esta universidad pública. Este modelo de centros adscritos está extendido en los campus españoles. Suelen tener una gestión privada, pero a todos los efectos, sus alumnos son estudiantes de una universidad pública y reciben una titulación oficial. La relación que mantienen es académica.

Estas escuelas tienen sus propias instalaciones, su claustro docente e imparten el currículum de grados y posgrados estipulado por los centros financiados por la administración. En ellas, el importe total de la matrícula es elevado, se incluyen las tasas públicas y privadas. Por ejemplo, en CUNEF el alumno paga 9.500 euros de media por un grado. En esa cantidad estarían incluidos los 1.500 euros que también abona a la Complutense.

A cambio, desde el centro público tienen que controlar y aprobar los planes de estudios, además de supervisar a los profesores que imparten las asignaturas del título oficial a través de la "venia docenci". Por lo tanto, para las universidades públicas, que han acusado los recortes en los últimos años, este modelo supone una inyección económica, ya que un alumno de un centro adscrito cursa sus estudios con los recursos facilitados por estas entidades privadas.

La Comunidad de Madrid (que tiene seis universidades públicas y 8 privadas) se ha pronunciado de forma individualizada sobre estas peticiones y el Consejo de Gobierno tendrá que decidir si aprueba o deniega estas peticiones. En relación al impacto económico que va a tener esta medida, la valoración es la misma para los tres casos: la competencia beneficia al sistema educativo. 

Centros gestionados por Opus y la asociación de banca 

Si finalmente se ejecuta la desvinculación, la Universidad Complutense perdería la matrícula de los 2.400 alumnos que estudian en los dos centros que han solicitado su desadscripción. CUNEF está gestionado por la Fundación de la Asociación Española de Banca, constituida por la Asociación Española de Banca (AEB). A esta organización pertenecen "la práctica mayoría de los bancos en España", aseguran en su página web. El otro centro, Villanueva, está promovido por Fomento de Centros de Enseñanza, una organización educativa vinculada a la prelatura del Opus Dei y que también gestiona colegios concertados que segregan por sexos.

Además, la desvinculación hará que la Complutense se encuentre con un competidor 'en casa', ya que Cunef se asienta en un terreno de 18.000 metros cuadrados, propiedad de la universidad pública, con una cesión que expirará en el año 2060 y situado en la Ciudad Universitaria. Tras un pago inicial de siete millones de euros, el alquiler anual del suelo oscila entre 200.000 y 350.000 euros.

Por su parte, ESIC, adscrito actualmente a la Universidad Rey Juan Carlos, ha contado con el apoyo de la Congregación de Sacerdotes del Corazón de Jesús para realizar la solicitud de reconversión a universidad privada. Según figura en la memoria aportada por la Comunidad de Madrid, en el curso 2016/17 esta escuela tuvo un total de 1.535 alumnos de grado y 87 de máster.

La Comunidad de Madrid no ha respondido a las cuestiones de eldiario.es sobre este asunto. En una rueda de prensa el pasado jueves, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Pedro Rollán, ha insistido en que no existe "competencia desleal" al permitir que estos centros tengan identidad propia e independiente ya que en la actualidad "tienen alumnos, oferta y están adscritos" a la Comunidad.

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