El primer caso detectado en una cárcel activa medidas de aislamiento, restricción de visitas y anulación de permisos

Tras el primer positivo de coronavirus en una prisión española, el Ministerio del Interior ha decidido restringir “las entradas y salidas a los dos módulos” con los que ha tenido contacto la trabajadora afectada. Los profesionales sanitarios de prisiones alertan de la particularidad de este entorno e insisten en las consecuencias que podría tener sobre los presos que la administración opte por aumentar la prevención y decida reducir las visitas que reciben los internos. “Para ellos es durísimo. Les afectaría de una forma notable. No es lo mismo que te aíslen en tu casa a que lo hagan en una cárcel”, apunta Alberto (nombre ficticio), un profesional sanitario.

Esta situación ya ha azotado a Italia. Las medidas planteadas por el Gobierno de Giuseppe Conte han generado varios conflictos en sus cárceles. Varios centenares de presos se han fugado y seis han fallecido en motines tras la restricción del régimen de visitas para contener el virus.  

Actualmente el único positivo que se ha detectado en una prisión española ha sido el de una profesional del Centro Penitenciario Madrid VI situado en Aranjuez. Esta mujer trabaja como técnico de la guardería del centro a la que asisten nueve niños de los dos módulos de madres. Según informó Instituciones Penitenciaria, en este departamento conviven 39 menores y 36 mujeres que de momento se “encuentran asintomáticos”.

Por ahora, ningún interno ha dado positivo, pero desde el Ministerio del Interior ya han elaborado unas recomendaciones de actuación en caso de que haya alguna duda de que un preso está infectado. Entre las últimas indicaciones enviadas a los directores de los centros, fechadas a 5 de marzo y a las que ha accedido eldiario.es, plantean que dependiendo del grado de “sospecha” un profesional recogerá las muestras. Esta labor puede ser realizada por los médicos penitenciarios o trabajadores de la sanidad autonómica. 

Aislamiento sanitario

Si da positivo, en función de su estado de salud, fuentes de Instituciones Penitenciarias (IIPP) explican que las autoridades sanitarias decidirán si se le deriva a un hospital o se le mantiene en “aislamiento sanitario”. En este caso, el preso se encontrará con una celda que deberá tener “siempre cerrada” la puerta, con una restricción “absoluta” de las visitas, la suspensión “provisional” de las salidas de permiso y las personas que interactúen con él deberán portar “siempre guantes y cambiárselos inmediatamente a la salida de la celda”. Estas mismas fuentes apuntan que no tiene por qué ser un aislamiento independiente y si hay varios casos podrán convivir en una celda.

En caso de que algún interno de nuevo ingreso proceda de alguna zona de riesgo, hayan estado en contacto con gente procedente de estos países o presenten algún síntoma compatible con la infección “permanecerá en el departamento de ingresos durante 14 días” en celda individual y “no deberán ser trasladados a ningún centro penitenciario hasta agotar el tiempo de vigilancia”. 

Ante este tipo de situaciones, fuentes de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria reseñan que el acceso a las celdas solo se abre en “momentos absolutamente imprescindibles”, como el suministro de comida, de asistencia médica o de medicación. Más allá de esta recomendación, en el interior del calabozo el preso “deberá llevar siempre mascarilla quirúrgica bien colocada sobre nariz y boca”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que realiza un trabajo de investigación en las cárceles españolas, ponen el foco en las consecuencias que podría tener esta cuarentena en una reclusión individual. “El aislamiento tiene sus consecuencias. Se ha demostrado que aumenta el riesgo de suicidio, los problemas de salud mental y que genera crisis de ansiedad o ataques psicóticos”, explica Maribel Valiente, portavoz del área de cárceles de este colectivo.

La cárcel, “un medio muy agresivo” para la infección

Alberto insiste en la “dureza” de estas condiciones, aunque reseña que “no queda otra”. “Son recintos cerrados y la transmisión aquí sería muy rápida y una bomba epidemiológica”, indica. La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria también insiste en las “connotaciones especiales” de este entorno. “Nos vamos a encontrar con un medio muy agresivo y muy fácil para que se pueda extender la infección a la población. Eso sí, va a contar con profesionales muy sensibilizados para intentar controlarlo”, apuntan desde esta asociación.

Tanto los trabajadores sanitarios consultados por esta redacción como sindicatos de funcionarios de prisiones y APDHA insisten en que “la sanidad penitenciaria está en peligro de derrumbamiento”. Según el desglose realizado por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, la sanidad penitencia tiene un presupuesto que se ha ido congelando, en 2015 recibió 60 millones de euros, 75 millones en 2016, 65 en 2017 y 63 millones durante los dos años siguientes.

Desde Comisiones Obreras, Silvia Fernández, secretaria general de IIPP insiste en que la Sanidad Penitencia “está desmantelada desde hace mucho tiempo”. “Reclamamos que esta situación sea declarada como un problema de salud pública y se nos ayude desde el Servicio Nacional de Salud porque prisiones no cuenta con medios para abordar una crisis sanitaria en caso de que se extendiera”, insiste Fernández.

Críticas a los recursos de la Sanidad Penitenciaria

Por su parte, desde APDHA, Valiente reseña que en febrero el “41% de las plazas de médicos y médicas de prisión” estaban sin cubrir. Ante este contexto, plantea que si un interno “ha tenido contacto con una persona que puede haber dado positivo por COVID19, se toma la temperatura y si se encuentra mal. ¿Dónde va a consultar si hay prisiones que no tienen médico?”, reseña, para recordar posteriormente el caso de Pamplona. Según publicó Noticias de Navarra, la cárcel de esta localidad ha estado en enero varios días sin atención médica por la baja laboral de los dos médicos que tienen adscritos.

Ante esta denuncia pública de falta de recursos, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria plantea su incertidumbre ante el “qué hacer diario” que puede suponer el coronavirus en las próximas semanas en las prisiones, así como que algún sanitario tenga que pasar una cuarentena. “Puede llegar a suponer un trabajo inabordable por la falta de personal sanitario que hay en los centros”, reseña.

Por su parte, desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) solicitan al Ministerio de Interior “un protocolo de actuación específico en Instituciones Penitenciarias diferenciado del general, que permita una actuación rápida y eficaz en estas situaciones”, donde se tenga en cuenta la peculiaridad de la prisión y, por ejemplo, se suspenda “la recogida de dinero en efectivo en los centros, derivándolo a los sistemas automatizados”.