Días intensos en este sector que nos junta aquí cada martes. Lo más nuevo, ni siquiera ha pasado aún si lees esto por la mañana, es que el Consejo de Ministros aprueba hoy por fin el endurecimiento de las condiciones para autorizar universidades (y mantener el estatus después). Digo “por fin” porque esta medida, a la que el Gobierno da mucha importancia, la anunció Pedro Sánchez allá por marzo, pero las cosas de palacio van despacio.
Primero, el contexto, y enseguida os cuento las novedades propiamente dichas. En los últimos años ha habido una “eclosión” de campus privados en España. Hemos hablado de esto a menudo: la educación superior –toda la educación, en realidad– es un negocio al alza, con clientela prácticamente cautiva (la competitividad en el mercado laboral lleva a que la formación básica ya no sea suficiente y haya que complementarla con másteres, doctorados, cursos, todo lo que se pueda) y, para el sector privado, una fantástica rentabilidad, como prueba la creciente presencia de fondos de inversión en las universidades.
Os dejo algunas cifras para que dimensionéis el fenómeno: en España se han abierto 27 campus privados en los últimos 25 años frente a cero públicos, y otros ocho esperan turno en el Ministerio, que además acaba de rechazar tres proyectos. Hace 30 años la relación universidades públicas-universidades privadas era de 50 a 7. Hoy es 50-46 y en poco tiempo se consumará el sorpasso.
Al Gobierno le preocupa esta “eclosión” –son sus palabras– porque cree que algunas de estas nuevas universidades no cumplen con la calidad mínima que caracteriza al sistema español (Sánchez las llamó “chiringuitos” en su día). Ya os contamos cómo son algunos de estos proyectos y la verdad es que no suenan muy a universidad. El caso es que el Ministerio va a endurecer los mínimos que se les pide a los centros para que se consideren universidades. El Ministerio tiene el apoyo de los rectores de los 96 centros existentes, también los privados ya existentes, y de la mayoría de la comunidad educativa. Básicamente solo el PP y Vox se oponen a este cambio.
¿En qué consiste la reforma? Las principales medidas con que los proyectos de universidad tendrán que contar con un informe técnico e independiente sobre si cumple o no los requisitos que se le piden que tendrá que ser favorable. Ahora existe otro informe, que realizan técnicos del Ministerio, pero que las comunidades autónomas pueden obviar si es desfavorable y no pasa nada. De hecho se han dado varios casos así en los últimos años.
Otro cambio relevante es que las nuevas universidades online –principal coladero de proyectos dudosos– tendrán que ser aprobadas por el Congreso en vez de por las asambleas regionales. Argumenta el Gobierno que estos centros tienen afectación nacional independientemente de dónde se radiquen, por lo que deben ser aprobados por el parlamento nacional. Otra de las grandes novedades es que se establece un mínimo de alumnado, 4.500 estudiantes, acorde a los estudios mínimos que deben ofrecer los centros. A la espera de que se confirmen este martes cuando el Consejo de Ministros apruebe el texto, hay más novedades que puedes consultar aquí.
Por cierto, y ya paso a otros temas, que es la segunda vez en cuatro años que un Gobierno de Pedro Sánchez actualiza este decreto. En 2021, Manuel Castells ya endureció una norma que por aquel entonces apenas pedía nada a las nuevas universidades. Pero era demasiado laxo, incluía moratorias y no daba herramientas a la administración para ejercer su labor de control. Resultado: se colaron varias universidades sospechosas por esas grietas, por lo que se ha visto obligado a actualizarlo.
Sin salirnos de la Universidad os contamos que algunas regiones se quieren unir a Andalucía e instaurar una cierta gratuidad de las matrículas universitarias (siempre bajo algunas condiciones) o ampliar lo que ya tienen. En Asturias, que ha estrenado gratuidad en 1º este año, los socios de Gobierno debaten cómo llevar esa medida a los cursos posteriores. El PSOE, que preside la región, quiere vincularlo al rendimiento académico. IU replica que si no se introduce un factor de renta “atenta contra la igualdad”.
La Rioja lleva el mismo camino. El presidente, Gonzalo Capellán, anunció el jueves que también ampliará la gratuidad que ya se da en 1º al resto de cursos “progresivamente”.
Sobre este blog
La educación lo es todo y, en estos tiempos de desigualdad, la mejor herramienta para la justicia social. Te contamos cada martes desde las políticas nacionales del Gobierno hasta las pequeñas historias del último rincón del país, con especial atención a la pública como garante de la igualdad de oportunidades.
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