La comisión del COI impone sus normas a los gobernantes
Nueve personas se pasean desde el lunes por Madrid con un cuadernillo en la mano tomando y poniendo notas. Componen la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) que examina la candidatura de la ciudad para organizar los Juegos de 2020. Este reducido grupo impone sus normas que entienden de trasparencia. Pasan revista a una tropa que incluye al presidente del Gobierno, el de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa de la capital y, al final, el heredero de la jefatura del Estado. Todos tratan de agradar para que esos examinadores escriban bien sobre la propuesta. Sólo en la segunda jornada de análisis, la alcaldesa, Ana Botella, los ministros Wert y Soria y el presidente regional, Ignacio González, cumplieron lo que se le pedía. Todo con tal de contentar y satisfacer las exigencias del COI. El ministro de Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, resumió tras su comparecencia el espíritu que preside esta visita: “Nos han prohibido hablar de lo que pasa en las ponencias”. Y obedece. Igual hacen todos los que se van sometiendo a los exámenes de los enviados.
De igual manera, los miembros de la comisión han impuesto un cordón sanitario a su alrededor: la prensa, alejada. La planta 28 del hotel donde se ubican se les sirve en exclusiva y aislada. Sus visitas a sedes deportivas también a solas. A los periodistas se les pasea antes. Hace cuatro años estas evaluaciones in situ sí eran conjuntas. Luego escribirán sus conclusiones que se remitirán a los miembros del COI. La asamblea que las recibirá la componen 101 personas que, como explica el propio comité “no son los representantes de sus países en el COI sino los representantes del COI en sus países de origen”. Ante este cuerpo electoral deben hacer campaña las candidaturas En la última elección de sede, en Copenhague en 2008, pasaron por delante de ellos, pidiendo por favor que se les concediese “el honor” de organizar sus juegos, representantes de la soberanía popular de países como Brasil, Estados Unidos o la propia España. Sin ir más lejos, el presidente de EE UU, Barack Obama, que necesitó convencer a 58 millones de compatriotas para llegar al cargo, hizo un viaje relámpago hasta la capital danesa para pasar unos minutos delante de la asamblea general del COI y buscar la suerte para Chicago. También se plantó en el estrado el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, que fue elegido por otros 58 millones de brasileños en las elecciones más concurridas en la historia del país suramericano. Quizá con guarismos más modestos pero dentro de su magnitud, el entonces jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero acudió a la cita olímpica (había congregado 11,2 millones de sufragios en 2008). En la primera jornada de la visita de evaluación del COI a Madrid 2020, el comité de bienvenida lo encabezó el presidente Mariano Rajoy (10,8 millones de votos en 2011). Se les podría sumar los 1,5 millones que pusieron al PP en el Gobierno regional de Madrid o los 775.000 en el ayuntamiento (la administración que sustenta orgánicamente la candidatura que presenta el Comité Olímpico Español).
En contraste, los miembros del COI, según la Carta Olímpica, para poder presentarse tienen que ser un atleta ya inscrito en la comisión del COI, o alguien que ejerza funciones en las federaciones internacionales de deportes olímpicos, asociaciones internacionales de deportes olímpicos, comités olímpicos nacionales o asociaciones de comités. Además, la Comisión Ejecutiva del COI (su gobierno) debe dar el visto bueno a la candidatura tras una proceso de investigación y presentarla a la asamblea. La asamblea, esos ahora 101 miembros, vota las candidaturas.
Los representantes de las ciudades (Madrid, antes fue Tokio y luego será Estambul), sean del nivel que sean, responden a las curiosidades y dudas de los examinadores. Adaptan las infraestructuras de la ciudad para que sean del agrado de los que deciden. Ponen a disposición de esta organización privada los recursos públicos tanto financieros (el presupuesto de Madrid 2020 es, a priori, de más de 2.000 millones de euros) como de servicios (sin ir más lejos, se prevé usar 18.000 efectivos de policía si se disputaran en Madrid). Incluso se modifican las leyes. La reciente aprobación de un nuevo texto para la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y de Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva se hizo con miras a la candidatura madrileña ya que fue uno de los asuntos sobre las que más se preguntó al proyecto Madrid 2016 en el turno de cuestiones que los miembros del COI hicieron a los representantes españoles en 2008. La vicepresidenta Soraya Sainz de Santamaría ya expuso que trataban de “favorecer una práctica deportiva en los términos de los estándares internacionales”. En 2008, Río de Janeiro fue la peor calificada en el mismo trance que se vive estos días. Los JJ OO de 2016 se celebrarán allí.
