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Melania Canales, representante indígena: “Para las empresas y los gobiernos nuestro hogar es solo un recurso”

Melania Canales, representante indígena.

Marta Borraz

Aún no le ha dado tiempo a responder a la primera pregunta cuando Melania Canales (Perú 1969) se levanta para saludar. En la Cumbre del Clima, que estos días se celebra en Madrid, las idas y venidas de activistas, técnicos y equipos negociadores son constantes. Y en una de esas, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente de su país, Gabriel Quijandría, se detiene frente a Melania, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

Cómo van las conversaciones que deberán conducir a un acuerdo el próximo día 13 es lo primero que le pregunta esta líder indígena de la comunidad quechua. “Ahí van”, responde Quijandría, haciendo gala del secretismo con el que se dan este tipo de negociaciones. Melania no pierde la oportunidad de pedirle que su gobierno vele “por la perspectiva de género” y “los derechos colectivos” y lo hace con esa mezcla de amabilidad y firmeza que al mismo tiempo esconde una crítica contundente. Estamos en la 'zona azul' de la COP25, en la que se suceden los eventos más oficiales y donde, tras este encuentro inesperado, Melania atiende a eldiario.es.

¿De qué manera específica viven los pueblos indígenas el cambio climático?

Los pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas, estamos muy preocupados por el cambio climático porque somos de los más afectados. En primer lugar afecta a nuestra soberanía y seguridad alimentaria y promueve migraciones y desplazamientos que al mismo tiempo generan problemas pobreza y explotación. Además, por supuesto, de la pérdida de la biodiversidad en la que vivimos. Han aumentado las enfermedades de los cultivos, de los animales, que van desapareciendo. En el mundo andino, por ejemplo, teníamos el sapo, que era un controlador biológico, es decir, se comía insectos que producen enfermedades.

Todo eso en un contexto de relación con la naturaleza muy diferente al que estamos acostumbrados en otros lugares...

Sí. Para nosotros el territorio no es un recurso. El territorio es nuestra casa y nuestro hábitat. Es el aire que respiramos, nuestros ríos, nuestros árboles, las piedras, los animales, las plantas... incluso todo lo que hay en el subsuelo. Eso es el territorio para nosotros. Tiene vida. Y como tiene vida, hay un respeto mutuo con la madre naturaleza o la madre Tierra. Sin embargo, las empresas cuando entran en nuestro territorio, en concreto de la industria extractiva, ven recursos. Algo que también es así para los gobiernos. Si agujerean un cerro o una montaña, para nosotros es como si nos agujerearan el brazo.

Eso que muchas veces se llama progreso...

Sí, pero para nosotros ¿qué progreso es ese? Te sacan el recurso de la Tierra y después ¿qué? Los pueblos indígenas se hacen más pobres. Nosotros tenemos nuestra comida, nuestra vestimenta, nuestra medicina, nuestros saberes (inclusive para mitigar el cambio climático), pero cuando entran las compañías, ven dinero y todo eso se destruye. Esta es nuestra principal preocupación. Además, en nuestro país, estas actividades están dejando consecuencias para la salud de muchos de los habitantes, que llegan a tener metales pesados en la sangre.

En Iquitos, por ejemplo, hubo un derrame de petróleo en 2014 [del Oleoducto Norperuano) que aún tiene graves consecuencias para las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. El crudo ha llenado los ríos y como la base de su alimentación es el pescado, la comida y el agua está contaminada. A eso se añade que a quienes reclaman comienzan a estigmatizarles.

¿Qué papel juegan los gobiernos en todo esto?

Los gobiernos, lamentablemente, no hacen nada para evitarlo. Yo no conozco ninguna experiencia de actividad extractiva que no contamine o no destruya la madre Tierra y los ríos. Eso es lo que están haciendo. ¿Eso es progreso? Frente a ello, los gobiernos fortalecen a estas empresas con el cuento de que las comunidades indígenas no queremos el desarrollo. Pero ¿a eso le llamamos progreso? ¿Es progreso que destruyan y contaminen nuestra naturaleza?

En esta Cumbre del Clima está habiendo varios actos y encuentros que reivindican el papel de las indígenas. ¿Hay actualmente un impulso de los liderazgos de las mujeres en estos pueblos originarios?

De alguna manera, las mujeres indígenas estamos articulándonos con las feministas y, en conjunto, se hace ese impulso. Tú vas a ver que aquí en la COP la mayoría de los que están en las presentaciones y los que toman la palabra son hombres. Así que nosotras, como mujeres indígenas, nos hemos organizado. Y cuando eso ha pasado, nos han dicho: 'Estáis dividiendo a los pueblos indígenas'. Pero nosotras tenemos derecho a ocupar los liderazgos que ellos ocupan y se debe implementar la igualdad de participación en la gestión y administración del territorio. Actualmente, en muchos pueblos indígenas solo el hombre decide y eso es una revisión que también tienen que hacer.

¿Se toma en consideración la voz de los pueblos indígenas lo suficiente en la implementación de soluciones a la crisis climática?

Es importante que a los pueblos indígenas nos tomen como sujetos de derechos. Yo creo que aquí todavía no está ese tema tomándose en serio, pero sí están las voces. Eso sí, aquí en la Cumbre del Clima habría más pueblos indígenas de Latinoamérica si se hubiera mantenido en Chile. El Gobierno se negó a albergarla, pero una de las cosas que pienso es por qué no le sancionaron. Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido porque también falta que se reconozcan como derechos humanos los derechos colectivos.

¿Qué significa eso?

Quiere decir que los pueblos indígenas no hemos pensado de forma individual, siempre pensamos de forma colectiva porque nuestro territorio es colectivo. Pensemos con esa sensibilidad, no individualizando. Yo creo que esta visión te obliga a pensar distinto.

¿Con qué sensación le gustaría irse de la COP25?

Por lo menos, con la sensación de que en las negociaciones haya la voluntad política de los gobiernos de poder incorporar al artículo 6 del Acuerdo de París la perspectiva de género y los derechos colectivos.

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