El 28A refrenda la decisión del Gobierno de exhumar a Franco en poco más de un mes
Queda poco más de un mes. El próximo 10 de junio es la fecha establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo cerró a mediados de marzo pasado el expediente administrativo que los resultados de las elecciones generales mantienen en marcha. Solo los procedimientos judiciales podrían paralizar el traslado de los restos del dictador al cementerio de El Pardo.
La victoria electoral del PSOE hace que el proceso de exhumación no sufra vaivenes una vez que el Consejo de Ministros tomó la decisión final. Entonces, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba que, siendo legal, “esta decisión la tiene que cumplir cualquier Gobierno”, en referencia a que los comicios resultaran en un cambio de color político en La Moncloa. No ha sido así.
Lo que sí está pendiente es la vía judicial. Por un lado, el Tribunal Supremo dirime sobre el recurso que la familia Franco presentó al proyecto. El Ejecutivo socialista entendió que, al colocar la fecha de exhumación tres meses después de culminar el expediente, los magistrados tendrían tiempo para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por los herederos de Francisco Franco: no desenterrar. También consideró el Gobierno que el Supremo no pararía la exhumación por no provocar efectos irremediables. Al fin y al cabo, los restos del general golpista Sanjurjo fueron exhumados de Pamplona y reinstalados meses depués tras una decisión judicial.
Además, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se estudia la recusación sobre el juez Yusty Basterreche que emitió una suspensión de la autorización urbanística para los trabajos de exhumación. Yusty paralizó este trámite municipal dictado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (término al que pertenece la basílica del Valle donde está enterrado Franco) basándose en un informe encargado por la fundación Francisco Franco a un arquitecto. El documento aseguraba que existían riesgos para los operarios. La recusación presentada por el Gobierno se sustenta en las declaraciones y escritos de Yusty Basterreche acerca de la ley de memoria histórica: “Es una maldad de Zapatero y el socialnacionalismo”, escribió.
