La sentencia a 'la manada' se cuela en el Parlamento Europeo: “Si no hay consentimiento, es violación”
El fallo que condena a los miembros del autodenominado grupo 'la manada' a nueve años de prisión por abuso sexual contra la joven que les denunció el 7 de julio de 2016 también ha llegado al Parlamento Europeo. A la luz del caso, que ha desatado una rotunda indignación en las calles, los eurodiputados han debatido sobre la aplicación de los estándares internacionales en la definición de violación que hace España.
A iniciativa de la eurodiputada de Podemos Tania González y en nombre del grupo Izquierda Europea, el Europarlamento aprobó esta mañana introducir un punto en el debate de la tarde sobre el tema con 188 eurodiputados a favor, 136 en contra y 20 abstenciones. La sesión se ha producido casi al mismo tiempo en el que la coordinadora ejecutiva de ONU Mujeres, Purna Sern, emitía un comunicado señalando que la sentencia subestima la gravedad de las violaciones.
Los eurodiputados han insistido en la necesidad de que se legisle en favor de reconocer como violación el sexo sin consentimiento sin vincular los hechos y su tipificación al grado de violencia, de fuerza o de amenaza que ejerzan los agresores. “La sentencia nos hace sentir más desprotegidas y nos lleva a un callejón sin salida: si no te resistes no es violación y si te resistes, te matan, como le ocurrió a Nagore Laffage. Si no hay consentimiento válido y explícito es violación. Esta es la definición que hace el Convenio de Estambul”, que ratificó España en 2014, ha explicado en el pleno González.
La decisión se produce unos días después de que la Audiencia Provincial de Navarra condenara a los integrantes de 'la manada' a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación, que implica violencia e intimidación, según el Código Penal. Amnistía Internacional ha alertado sobre que solo seis estados llaman violación al sexo sin consentimiento: son Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Chipre e Irlanda.
Iratxe García, eurodiputada de los socialistas europeos, ha incidido en que la intención “no es interferir en las decisiones judiciales”, pero sí “exigir compromiso”. “¿Cómo podemos explicar que esta joven no sufrió violación porque no se enfrentó a ellos? ¿Acaso podemos explicar esto?”, ha preguntado ante el resto de eurodiputados. Este mismo miércoles casi 2.000 psicólogos y psiquiatras han criticado el fallo asegurando que “no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la resistencia” porque la paralización y el bloqueo de las víctimas son reacciones habituales.
Consenso en el arco parlamentario
Por su parte, Rosa Estaràs, miembro del Partido Popular europeo, se ha opuesto a “criticar a los jueces” porque “no es el camino” y ha hecho hincapié en que el término violencia, tal y como definen los estándares internacionales, es “violentar la voluntad”. En este sentido, ha calificado de “arcaica y estereotipiada” la ley que regula los delitos sexuales en España, que es “la que ha aplicado el tribunal porque es el marco jurídico”. Otros eurodiputados sí han defendido la posibilidad “de criticar sentencias judiciales” con el argumento de que se trata de “servidores públicos”.
Todos los eurodiputados han pedido una redefinición de las normas para basar la legislación en el consentimiento y han mostrado su acuerdo en dejar de evaluar la violencia sexual dependiendo de la reacción de la víctima o de la fuerza que se ejerza. La ley, ha argumentado el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds Ernest Urtasun, “traslada a las mujeres que deben defenderse y les traslada la responsabilidad a ellas”.
Por su parte, la eurodiputada sueca Anna Hedh ha demandado al ámbito jurídico que “tenga en cuenta” el que ha llamado “miedo congelado”, que se da “cuando la víctima está ante una manada de predadores que la atacan”. “Las ciudadanas deben poder fiarse de los tribunales, pero pasa poco con las víctimas de violación”, ha concluido. Por su parte, Jordi Solé, de Iniciativa per Catalunya Verds, ha apuntado a que “no se trata de un problema del Código Penal, sino de la interpretación de las leyes”.
Durante el debate, el arco parlamentario ha mostrado consenso en condenar la violencia sexual, exigir formación en perspectiva de género a los operadores jurídicos y adaptar la definición de violación al Convenio de Estambul, que no la condiciona a la violencia ni a la intimidación, tal y como hace la ley española.
