La Fiscalía insiste en pedir la retirada del cartel de Vox porque supone “una estigmatización intolerante y prejuiciosa” de los menores acompañados
La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido el auto por el que la jueza Carmen Rodríguez Medel rechazó retirar el cartel electoral de Vox contra los menores no acompañados como había solicitado el Ministerio Público. En su recurso vuelve a pedir la retirada de esa propaganda con el argumento de que constituye “una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa” y genera “hostilidad y rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización y constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo”. En la propaganda xenófoba —desplegada en la estación de Cercanías de Sol, uno de los nudos principales de transporte– se compara el dinero dedicado a una pensión de jubilación con el coste mensual que se dedica a los menores extranjeros no acompañados con cifras engañosas.
La Fiscalía, que denunció a Vox por presunto delito de odio, afirma que el mensaje difundido traspasa la libertad de expresión del partido de extrema derecha porque tiene como objetivo “ahondar en la idea del coste social” que suponen estos menores y traslada “una imagen totalmente prejuiciosa de un menor extranjero y delincuente, dado que la imagen de una persona joven de piel oscura embozado y encapuchado es un concepto social común y estereotipado”.
Añade, incluso, que la imagen utilizada en el cartel no es “baladí”, puesto que resulta “evidente que lo buscado es la obtención de la predisposición social negativa hacia este colectivo, su deshumanización, basada en la idea prejuiciosa del carácter delincuencial de estos menores que a su vez impide la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, formando esta idea parte del discurso mantenido por algunos grupos sociales”.
Asimismo, la Fiscalía subraya que si se retiran los carteles la “dignidad” y “seguridad” del colectivo vulnerable de los menores no nacionales quedaría protegida sin vulnerar el derecho Vox de realizar propaganda electoral, puesto que “el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña”.
Por Elena Herrera.
