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Sanidad era esto

Imagen de archivo de una protesta contra la privatización de la sanidad pública.

José Martínez Olmos

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La pandemia por COVID-19 y la gestión de la catástrofe sanitaria y económica va a conllevar ríos de tinta y multitud de horas de televisión y radio con reflexiones y análisis sobre todos los aspectos que se podrían haber hecho mejor por parte de todos los organismos e instituciones implicadas: la OMS, la UE, el Gobierno de España o los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, entre otras instancias.

Incluso, es previsible que en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos se hará una evaluación de lo realizado, con debates y comisiones de análisis que ocuparán su tiempo y actividad en los próximos meses.

De todo ello deberíamos sacar conclusiones válidas para afrontar mejor las eventuales pandemias que puedan volver a ocurrir en el futuro; estoy seguro de que eso será así solo si contamos con los mejores expertos nacionales e internacionales para apoyar en su momento una evaluación descargada de intereses políticos.

Pero es cierto que la pandemia del COVID-19 está siendo un verdadero test de estrés para el sistema sanitario español (y para los sistemas sanitarios de la UE), que pone de manifiesto algunas insuficiencias estructurales que hace tiempo (al igual que otros expertos), vengo señalando en diferentes ámbitos y, más en concreto, en mi libro El futuro de la Sanidad en España: Reflexiones y propuestas para una Sanidad pública solvente que presenté junto a Felipe González en septiembre de 2017 con la editorial granadina, Amarppe.

No puede volver a ocurrir que caiga en saco roto la crítica de que la sanidad no es una maría cuyas responsabilidades públicas pueden ser asumidas por cualquier perfil político. Revisemos lo ocurrido en el ámbito del Ministerio de Sanidad o en el de las consejerías y servicios regionales de salud donde, (sin negar las excepciones), se acumulan demasiados responsables con perfiles inadecuados a la especificidad de un asunto tan complejo como la sanidad.

No puede volver a ocurrir que caigan en saco roto las demandas de planificación estratégica de necesidades de recursos humanos que permitan asegurar la formación universitaria de los profesionales sanitarios necesarios tanto en términos de cualificación, como en términos del número adecuado a nuestras necesidades evitando que nos falten profesionales aquí, pero se marchen a otros países. No puede volver a ocurrir que caigan en saco roto las demandas de adecuación de las políticas de desarrollo profesional que permitan el reconocimiento salarial y motivacional ligado a la excelencia profesional y la autonomía en los servicios.

No puede volver a ocurrir que caigan en saco roto las demandas de inversión en prevención que, con el desarrollo de las políticas de salud pública y la lucha frente a los determinantes sociales, aportarían más salud, mas calidad de vida y más desarrollo a la economía. Hacen falta más profesionales de la epidemiología, la salud laboral, la salud ambiental, etc y más profesiones en estas políticas.

No puede volver a ocurrir que se haga oídos sordos a las demandas de más inversión en la sanidad pública para atender las nuevas necesidades que son propias de una sociedad con una mayor esperanza de vida y una mayor intensidad de atención y protección a la cronicidad.

No puede volver a ocurrir que nos quede pendiente la asignatura de desarrollar con solvencia un sistema social potente conectado y coordinado de verdad con el sistema sanitario para atender las necesidades sociosanitarias con eficacia y con eficiencia.

No puede volver a ocurrir que caigan en saco roto las demandas profesionales de quienes reclamamos instrumentos, recursos y políticas concretas para luchar frente a las inequidades. La desigualdad mata a la sanidad pública y hay que luchar frente a eso intensamente con un fondo de cohesión potente y controlado.

No puede volver a ocurrir que perdamos el tren de la investigación biomédica y la mejor implicación del sistema sanitario y de las empresas que investigan en medicamentos y tecnologías sanitarias para estar en vanguardia en muchas mejores condiciones que en los últimos años.

No podemos esperar más a trabajar intensamente para anticipar cuanto antes la digitalización de nuestra sanidad y la utilización intensiva de la inteligencia artificial o la gestión del big data para ser más eficaces, efectivos y eficientes.

Y no puede volver a ocurrir que, para el abordaje de situaciones de alerta sanitarias globales como la actual pandemia por COVID-19, no tengamos definida una reserva estratégica de material de protección a profesionales, de productos sanitarios y materiales de cuidados intensivos y otros, con criterios profesionales avalados por el ECDC, la UE y la OMS.

En definitiva, sanidad era esto. Lo venimos reclamando desde hace tiempo y desde diferentes ámbitos. Sanidad era lo contrario de lo que se ha hecho desde 2012. No eran recortes lo que se necesitaban. Eran recursos adecuados, bien gestionados y bien distribuidos. Sanidad es participación profesional y social en el marco de una sociedad democrática, transparente y sin conflictos de interés.

Sanidad es pacto, acuerdo y planificación estratégica. Sanidad es control estratégico por parte de las Cortes Generales como las pensiones lo son desde hace años. Apuesto por el Senado para apoyar este control y desarrollo estratégico a la sanidad.

Porque la sanidad es una inversión rentable como hemos comprobado en España hasta la crisis económica, a pesar de las insuficiencias.

Fortalecer la sanidad pública en España tras la pandemia del COVID-19 debería ser una prioridad que estuviera por encima del color político de quien gobierne. Por eso se puede reclamar un esfuerzo de generosidad para alcanzar un acuerdo sagrado para dotarnos de la mejor sanidad pública posible y que la podamos disfrutar en los próximos 30-40 años. Esto era sanidad. Esto debe de ser sanidad.

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