Durante 18 años, Gaza ha sido descrita como la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Pero esa frase, tantas veces repetida, no revela su verdadero significado: no se trata solo de encerrar, sino de asfixiar, de dejar morir.
Y esa violencia —más calculada, más lenta, más silenciosa— es la que explica por qué, mucho antes de la actual ofensiva, Gaza ya estaba al borde del colapso humanitario. A mediados de 2023, el 81,5% de la población ya vivía por debajo del umbral de la pobreza y más del 50% —1,2 millones de personas— dependía de la ayuda alimentaria de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, para sobrevivir.
Poco a poco, la franja de Gaza se ha ido convirtiendo en el principal escenario de un sistema internacional que se desmorona. Las reglas que prometían proteger a la población civil, limitar el uso de la fuerza y asegurar el acceso de la ayuda humanitaria han sido vulneradas tantas veces que lo inadmisible se ha vuelto rutinario.
Gaza revela, con claridad dolorosa, que la universalidad de los derechos humanos y del derecho internacional no puede darse por sentada. La contundencia con la que se invocan estos preceptos jurídicos en otros contextos parece diluirse cuando se trata del pueblo palestino.
La barbarie que hoy presenciamos es consecuencia directa del deterioro sostenido y permitido de nuestros principios más básicos, de la diplomacia cómoda y de una impunidad que amenaza con vaciar de contenido las normas que un día juramos defender.
18 años de bloqueo por tierra, mar y aire
Fue en 2007, después de que Hamás tomara el control sobre la franja de Gaza, cuando Israel impuso un bloqueo que, sobre el papel, pretendía frenar el abastecimiento de armas y ejercer presión sobre la nueva administración. Pero aquella medida que se explicó como transitoria se convirtió en una asfixia permanente que condicionaría cada aspecto de la vida cotidiana.
Todo empezó a depender de un permiso, de una autorización, de una lista cada vez más larga de lo que no se podía hacer. Desde importar combustible para las plantas desaladoras hasta regar los campos de olivos; desde entrar suministros para un negocio hasta pescar a escasos metros de la costa; desde conseguir materiales para reconstruir viviendas hasta viajar fuera de Gaza para recibir tratamiento de quimioterapia: todo quedó condicionado por autorizaciones externas que decidían, en última instancia, los límites de la existencia en Gaza.
La economía se resintió enseguida. Las limitaciones paralizaron la producción y acabaron con gran parte de las empresas, grandes y pequeñas. Con cada cierre, el mercado laboral se encogía un poco más. El desempleo se disparó: a mediados de 2023 llegó a alcanzar el 46,6% de la población activa, el 48,1% en los campamentos para personas refugiadas. Decenas de miles de jóvenes veían cómo sus esfuerzos se estrellaban contra un horizonte sin oportunidades.
A esto se sumaban las recurrentes ofensivas militares de Israel. En cada escalada, destruía viviendas e infraestructuras esenciales —como redes de agua, hospitales o escuelas—, que luego resultaba casi imposible reparar al carecer de los materiales de construcción necesarios.
Con el estrangulamiento de la economía y el colapso de los servicios públicos, la población terminó dependiendo casi por completo de la ayuda humanitaria —liderada por UNRWA—, que se convirtió en el único sostén capaz de garantizar el acceso a derechos tan elementales como la alimentación, la salud o la educación en un territorio sometido a un bloqueo implacable.
El sistema internacional enfrenta su examen más severo de coherencia
Tras dieciocho años de asfixia, queda claro que la violencia y la destrucción no empezaron hace dos años, sino que son el desenlace de un sistema que, durante demasiado tiempo, ha funcionado al margen de sus propias normas.
Desde octubre de 2023, más de 70.000 personas han sido asesinadas y más de 170.000 han resultado heridas en una ofensiva que ha borrado la frontera entre objetivos militares y civiles. Más del 90% de las viviendas y las infraestructuras han sido dañadas o destruidas. Todo lo indispensable para sostener la vida ha sido golpeado hasta quedar prácticamente extinguido.
Las organizaciones humanitarias también se han convertido en objetivos. Hospitales, escuelas convertidas en refugios, almacenes de suministros, ambulancias y convoyes de ayuda han sido atacados de forma reiterada, aun estando claramente identificados. El personal ha pagado el precio más alto: Israel ha asesinado a casi 600 trabajadores y trabajadoras cuya misión no era otra que brindar algo de alivio en medio de la barbarie. Más de la mitad eran de UNRWA.
A todas estas muertes directas hay que sumar las que han llegado en silencio: las muertes por hambre, por falta de atención médica, por condiciones de vida imposibles. Muertes que continúan pese al alto el fuego: desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre, más de 350 personas han sido asesinadas y al menos 880 han resultado heridas en una franja de Gaza cada vez más estrecha, que continúa sin recibir la ayuda humanitaria acordada y mucho menos la que se necesita.
En este pequeño pedazo de tierra, todos y cada uno de los principios humanitarios y las garantías básicas de los derechos humanos se han pisoteado sin disimulo y con impunidad. Mientras el mundo miraba.
La historia de Gaza no solo revela una tragedia humana insoportable, habla también del fracaso de un sistema internacional incapaz de sostener su propia palabra, del mundo que estamos construyendo —por acción o por omisión—.
La pregunta ahora no es solo si Gaza podrá reconstruirse, sino si, cuando todo esto pase, quedará en pie la legitimidad de un orden global que se declaró defensor de la dignidad humana, pero que abandonó a todo un pueblo.
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