En medio del colapso, entre escombros, techos de plástico y clínicas completamente desbordadas, unas 110.000 personas mayores luchan cada día por sobrevivir en la franja de Gaza. Lo hacen en silencio. No tienen fuerzas para gritar o, simplemente, han perdido la esperanza de que alguien las escuche.
Hay miles de muertes directas confirmadas. Y muchas más que no se cuentan: aquellas que provocan la deshidratación, el hambre, las enfermedades no tratadas o el calor. Muertes por abandono, por olvido.
El tiempo para huir se ha vuelto un privilegio que muchas personas mayores no pueden permitirse. Algunas ni siquiera lo intentan. A veces, las órdenes de desplazamiento forzoso caen del cielo en octavillas o llegan en mensajes de texto que ni siquiera alcanzan a leer. Otras veces, el margen para escapar es tan estrecho que quedarse es la única alternativa: ¿cómo correr si apenas pueden caminar?
Agotadas tras casi dos años de violencia extrema, algunas personas acaban por dejar atrás a sus familiares más mayores. Ralentizan la huida, añaden riesgos a cada desplazamiento y exigen unos cuidados a los que cada día es más difícil responder, por lo que terminan priorizando su propia supervivencia.
Un hombre mayor en Khan Younis, al sur de la Franja, lamentaba: “Mi hijo me metió en una tienda de campaña solo. Dice que necesita descansar. Tiene hijos y esposa y no tiene tiempo para verme todos los días. Por la noche tengo miedo y me quedo solo”.
Para muchas personas mayores en Gaza, el miedo a morir sin que nadie se entere, sin que nadie lo note, se ha convertido en un miedo mayor que el que provocan las bombas.
Ni comida, ni medicamentos
Las cifras ayudan a dimensionar el desastre. La última alerta de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), publicada el pasado 29 de julio, confirmó el peor escenario posible: el 78% de la población de Gaza se encontraba al borde de la hambruna, mientras que el 22% restante —unas 500.000 personas— ya la estaba padeciendo. Las previsiones para el mes de septiembre eran aún peores.
Aunque las personas mayores no aparecen en esta estadística, se encuentran entre las más afectadas. El hambre se ceba con los cuerpos más frágiles y agrava las enfermedades crónicas propias de la edad —como la hipertensión, la diabetes o los problemas cardíacos—, que avanzan sin control ante la falta de tratamientos médicos.
Pasan días sin probar bocado. Los suministros humanitarios —de los que depende el 100% de la población— llegan con cuentagotas, y conseguir alimentos se ha vuelto extremadamente peligroso. A menudo, es necesario recorrer largas distancias y competir físicamente con miles de personas hambrientas para conseguir un plato de comida. Una mujer mayor contaba entre lágrimas: “Me caí en la cola y nadie me ayudó… Regresé sin harina ni arroz”.
La desesperación obliga a muchas personas a acercarse a los puntos de distribución de la Fundación de Ayuda para Gaza, a pesar de que más de 2.570 personas han sido asesinadas por el ejército israelí al intentar conseguir algo de ayuda. Para las personas mayores, el sistema impulsado por Israel y Estados Unidos resulta completamente inaccesible.
Comprar comida en el mercado local tampoco es una opción viable. La producción se ha desplomado debido a la destrucción de las tierras de cultivo y la pérdida casi total del ganado, por lo que el precio de los pocos alimentos disponibles es hasta 49 veces mayor que antes de octubre de 2023.
En Rafah, un hombre de 78 años contaba que sus tres hijos, de quienes dependía, habían sido asesinados: “Ya no puedo encontrar comida. Duermo cada noche esperando la muerte”. Sus palabras resumen la rutina insoportable de miles de personas mayores desde que el hambre se apoderó de Gaza.
El acceso a los servicios de salud también se ha visto gravemente restringido. La destrucción de infraestructura sanitaria y el hacinamiento de la población desplazada han desbordado una atención sanitaria que opera con los recursos mínimos.
Una mujer mayor de Rafah relataba la impotencia y la desesperación que ella y su marido habían sentido: “Mi marido cayó enfermo durante la noche. Simplemente nos sentamos y lloramos… no había ambulancia, nadie podía oírnos”.
Algunas personas mayores recurren a la medicina alternativa o a la automedicación: “Herví tomillo y salvia para mi diabetes… no hay medicinas ni médico”, contaba una mujer mayor desplazada de Deir el-Balah, uno de los campos para personas refugiadas de UNRWA en Gaza.
También en Rafah, otra mujer mayor relataba con resignación: “No he tomado mi medicación para la presión arterial en tres semanas… Todas las noches pienso que moriré antes del amanecer”.
Esta realidad es consecuencia directa de las enormes restricciones impuestas por Israel, que desde el 2 de marzo limita gravemente el suministro de agua, alimentos, medicamentos y todo tipo de suministros necesarios para la supervivencia.
Israel ignora su deber de proteger y bloquea a quienes intentan hacerlo
La obligación de proteger a la población civil no distingue entre sexo, edad o condición. Pero la violencia sí lo hace. La violencia discrimina a los niños y niñas, a las mujeres embarazadas y lactantes, a las personas de edad más avanzada y a aquellas que sufren algún tipo de discapacidad. Las golpea con más fuerza, limita sus opciones, las expone al abandono.
Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación legal —y moral— de garantizar condiciones dignas de nutrición, salud, refugio o seguridad para la población civil, y de atender las necesidades específicas de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas mayores. Sin embargo, no solo está eludiendo esa responsabilidad, también está impidiendo deliberadamente que otros la cumplan.
La destrucción sistemática de campamentos e infraestructuras críticas, el desplazamiento forzoso recurrente, el bloqueo al ingreso de ayuda y el reemplazo forzado del sistema humanitario de Naciones Unidas, que UNRWA lidera, por mecanismos militarizados que ponen en riesgo a la población civil son decisiones políticas, conscientes y sostenidas, que violan frontalmente el Derecho Internacional y desmantelan décadas de construcción colectiva de protección humanitaria.
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