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Esta causa es una ruina

Carles Puigdemont

Alfonso Pérez Medina

Víctor Hugo escribió que “la victoria es furor y la derrota, rabia”. La rabia que impregna las 21 páginas del auto con el que el magistrado del Supremo Pablo Llarena contesta las otras 21 en las que la Justicia alemana limitaba la posibilidad de juzgar a Puigdemont por un delito de malversación es la constatación de una derrota. La de la tesis de que el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que se proclamó, en diferido, 26 días después, constituyó una rebelión violenta contra el Estado español.

En su furor contra los tres jueces regionales, Llarena se delata a sí mismo al acusarles de “falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”. Pudieran, en tercera persona del imperfecto de subjuntivo, el modo verbal con el que, según la RAE, “se marca lo expresado por el predicado como información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada”. Si los magistrados de Schlesweig-Holstein no ven en aquellos días de octubre un delito de alta traición -equivalente a la rebelión en el Código Penal alemán- es porque no advierten la violencia suficiente que hubiera podido doblegar el régimen constitucional y tampoco hacen a Puigdemont responsable de los episodios violentos que pudieron producirse. Por eso rechazan su entrega.

Pero al retirar, no solo la orden internacional y europea de detención contra el expresidente de la Generalitat sino también las de todos los dirigentes que, a día de hoy, se encuentran en el extranjero, el magistrado anticipa sus futuras derrotas en los litigios abiertos en Bélgica, Escocia y Suiza. Al mismo tiempo, renuncia a dar la batalla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque sabe que, al ser firme la decisión alemana, no cabe presentar una cuestión prejudicial ni arriesgarse a una nueva capitulación. En resumidas cuentas, una derrota global que es más que dolorosa en el Tribunal Supremo, en el que la reactivación de la euroorden en marzo pasado y la detención de Puigdemont en la gasolinera de una autopista alemana se interpretó como un audaz movimiento que salvaba las reticencias de la Justicia belga y garantizaba una segura entrega para que fuera juzgado por rebelión y malversación.

Con el archivo en la basura de las órdenes que pesaban contra aquellos a los que todavía considera “huidos”, Llarena intenta salvar lo que queda de una causa judicial que ya es una ruina porque difícilmente se puede explicar que los delitos atribuidos al supuesto jefe de la rebelión dejen de perseguirse y queden impunes, aunque sea temporalmente, mientras los que eran sus subordinados en el Govern catalán puedan ser condenados con la máxima dureza posible.

El autor del tipo penal de la rebelión, el socialista Diego López Garrido, escribía esta semana un artículo publicado en El Periódico en el que defendía que “ni Alemania, ni la euroorden, tienen la culpa de que a Puigdemont no se le pueda juzgar por rebelión en España”. Según él, el responsable de este “fracaso” es el poder judicial español por “acusar a los dirigentes del llamado 'procés' de un delito inexistente: la rebelión”.

En todo caso, que la tesis de la rebelión se tambalee, por el bofetón de la Justicia alemana y los que el magistrado del Supremo intenta evitar de los otros tres países europeos implicados en los procesos de entrega, no debería interpretarse como un cheque en blanco para el independentismo. El mismo tribunal alemán al que aplaude Puigdemont ha dejado claro que él no ha sufrido ninguna “persecución política”, aplicable por extensión a los dirigentes independentistas cuya libertad reclama por la condición de “presos políticos” que él les atribuye y la Justicia alemana les niega.

La decisión de ruido y furia de Llarena condena al exilio a Puigdemont, al menos hasta que se celebre el juicio contra los otros 18 procesados, y siempre y cuando no decida volver a rectificarse a sí mismo, por tercera vez, y reactive de nuevo los mandamientos internacionales antes de que los delitos prescriban, allá por el año 2037. Lo que sí podría provocar su auto, de rebote, es el desbloqueo del choque entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en el Parlament, presagio de una convocatoria electoral anticipada, toda vez que descarta por el momento un regreso triunfal del expresident, su puesta en libertad tras entregar la suma supuestamente malversada y su hipotético restablecimiento como jefe del Ejecutivo.

En el plano judicial, el verdadero punto de inflexión de una causa cada día más cuestionada se producirá a la vuelta del verano, cuando la fiscal general del Estado, María José Segarra, propuesta por el Gobierno del PSOE, decida si mantiene el discurso de la rebelión que construyeron sus antecesores -por el que sigue apostando a día de hoy al defender esta misma semana que los políticos presos sigan en prisión- o si suaviza el vuelo y acompasa la actuación de su departamento con la política de distensión con Catalunya que defiende, desde la tribuna del Congreso, el presidente Pedro Sánchez.

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