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La Junta de Andalucía reconoce que no ha comenzado ni el 20% de los cursos para parados previstos desde 2016

Javier Carnero cifra en 273 las acciones formativas en marcha para 4.042 desempleados, cuando la previsión era de 1.492 ciclos para 22.380 personas

Uno de cada cuatro expedientes revisados de convocatorias anteriores ha concluido con la reclamación del dinero a los formadores

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Javier Carnero Europa Press

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha confirmado este jueves que sólo han comenzado 273 cursos de formación para desempleados  de los 1.492 que el consejero del ramo, Javier Carnero, anunció el pasado mes de junio para la convocatoria de 2016 que permitió acabar con un parón de más de cinco años en estas políticas en Andalucía. De todas maneras, ha calculado que la cifra de cursos "se triplicará" a finales de año.

En comisión parlamentaria, ha informado de que estos cursos benefician ya a 4.042 desempleados, una cifra todavía alejada de los 22.380 que anunció también en junio, con un presupuesto de 64.939.657,79 euros, distribuido por provincias en función del número de desempleados. El consejero ha detallado por provincia las acciones formativas ya en marcha y para cuya subvención se fijaron nuevos criterios en junio de 2016 tras el escándalo por el uso de estos fondos públicos. De este modo, están en marcha 22 cursos en Almería, 17 en Cádiz, 36 en Córdoba, 39 en Granada, siete en Huelva, 19 en Málaga y 85 en Sevilla.

En este contexto, el diputado de C's Carlos Hernández ha criticado la lentitud en la puesta en marcha de los cursos y ha apuntado que hay empresas de formación que todavía no pueden acceder a las subvenciones porque la Junta de Andalucía no ha finalizado la revisión de sus expedientes de justificación. Ha llamado también la atención sobre el hecho de que cuando está a punto de terminar el ejercicio todavía no se conoce la convocatoria de 2017.

El consejero ha admitido que estos retrasos en la revisión de las liquidaciones pendientes pueden "causar perjuicios" a los beneficiarios, pero ha remarcado que ha sido reforzado el servicio y hay 83 funcionarios dedicados a ello. Pero también ha vuelto a apuntar a los populares como culpables de que fuera paralizada la formación por su política de "acoso y derribo" contra el Gobierno de Andalucía. "Por suerte, la labor de desprestigio de la formación que impulsó el PP está siendo tumbada por los tribunales", ha aseverado.

Cuatro años revisando subvenciones

Por otra parte, a preguntas del PP, el consejero ha detallado que de los 8.505 expedientes de subvenciones concedidos entre 2007 y 2011 -última convocatoria hasta la nueva de 2016- por un total de 1.613 millones de euros, han sido revisados ya 6.501. Se trata de un plan de choque, con la revisión uno a uno de todos los expedientes, que ordenó Susana Díaz en 2013, por lo que ya llevan cuatro años con esta tarea, que inicialmente se iba a completar en dos.

De esos 6.501 expedientes ya revisados, en 1.750 casos (más del 25%) se ha iniciado la petición del reintegro por distintos incumplimientos en la justificación del destino de los fondos públicos. De todas formas, sólo hay 246 expedientes en los que se ha concluido "con resolución de reintegro firme" por un importe de 149 millones de euros.  Son sólo seis más con respecto a la cifra que se ofreció hace casi un año.

En la misma línea, el consejero ha precisado que hay casos en los que "deudor y acreedor coinciden", porque tanto la Faffe como los consorcios escuela a los que se les ha exigido la devolución del dinero han pasado a depender del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por tanto, de la Junta de Andalucía. Del resto, destacan los 13 expedientes de petición de reintegro para las empresas de Ángel Ojeda, el mayor beneficiario de estos fondos públicos los últimos años, y los siete contra UGT, si bien ha informado de que las entidades a las que se les reclama han recurrido.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha insistido en preguntarle sobre cuánto dinero se ha recuperado realmente para las arcas públicas, a lo que el consejero le ha contestado que no puede saberlo porque no depende de él sino de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La popular le ha reprochado su "actitud chulesca" y entre otras cosas le ha recriminado que no dé un plazo para terminar con la revisión de los expedientes. Considera que la estrategia es "ocultar" y que "los andaluces se olviden de este fraude masivo dejando pasar el tiempo".

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