Susana Díaz amenaza al PP con denunciarlo si acusa de ilegalidad a su equipo
El PP-A está convencido de que todas las consejerías usaron el procedimiento de la exoneración con la gestión de sus subvenciones, es decir, han pospuesto, como práctica habitual, la obligación del beneficiario de justificar el gasto de la misma, de manera que no se ha vigilado quién ha presentado la documentación en tiempo y forma y quién no. Esta prórroga del deber de presentar las facturas, en opinión de los populares, se ha mantenido en el tiempo de manera que los beneficiarios no han podido cobrar el resto de la subvención -normalmente un 25% se entrega tras la justificación- pero sí seguir recibiendo otras nuevas, igualmente otorgadas en un 75% del importe. Una pescadilla que, para los populares, no se ha dado sólo con los fondos de formación, como ha reconocido la Junta de Andalucía, sino en todo tipo de subvenciones. Las sospechas las basa en una respuesta por escrito en la que se le negaba el acceso a estos datos por el “elevado” número de expedientes sujetos a lo mismo, que hacía inviable pasarle toda la información al grupo parlamentario del PP-A.
La acusación, lanzada durante el pleno en el Parlamento de Andalucía de este jueves por Carlos Rojas, ha sido devuelta con una amenaza por parte de la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz: “Cuidado con las acusaciones que haga en esta cámara”, ha advertido al portavoz parlamentario del PP-A. “Cuidado con acusar a este gobierno de algo ilegal porque si no, lo va a tener que demostrar en los tribunales”, ha reiterado, para recalcar que “no ha habido exoneraciones porque no se ha librado a nadie de tener que justificar las ayudas, sino exceptuaciones, y van a tener que hacerlo”. O sea, los perceptores van a tener que presentar la documentación si quieren cobrar el resto de de la subvención y no verse abocados a reintegrar lo recibido. Si cabe recordar que esto prescribe, a los siete años, y por eso las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Educación Cultura y Deporte, que por ahora son las únicas que están revisando estos expedientes, sólo se remontan a 2007.
En este sentido, la presidenta se ha enrocado en que “no son exoneraciones, sino exceptuaciones”, terminología que en todo caso quiere decir lo mismo y que ha sido indistintamente usada por el Gobierno de Andalucía y por la oposición. Entre otras cosas porque es una práctica legal -aunque se presume con excepcional- pese a lo cual el compromiso de Susana Díaz es eliminarla a partir de ahora en las convocatorias de nuevas subvenciones.
El debate ha virado hacia la polémica de las subvenciones como resultado de la inminente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la liquidación del correspondiente a 2013, cuyos datos provisionales ya conocen todas las autonomías, que ha servido a los socios del Gobierno de Andalucía para traer a colación el “sistemático castigo” a la comunidad autónoma. Desde el PP-A, por el contrario, han culpado de los problemas de Andalucía a la “gestión” que hacen sus gobernantes “desde hace más de 30 años”.
En este sentido, la presidenta se ha preguntado por qué el Gobierno de la Nación no quiere convocar la comisión mixta para debatir sobre los resultados de esa financiación para la comunidad autónoma, que debe devolver 426,78 millones de euros mientras que en los fondos de convergencia -destinados a corregir desequilibrios entre los territorios- ha recibido 422,32, por detrás de la Comunidad Valenciana (1.057,49), Cataluña (699,12) y Baleares (558,12), que por el contrario resultan con liquidación positiva.
Ha hablado de “reparto arbitrario” de los fondos de convergencia para “acallar a los barones díscolos del PP” y “calmar las ansias independentistas” de otros. “Por ahí no vamos a pasar. Vamos a usar todos los medios a nuestro alcance (...). No vamos a permitir acuerdos de trastienda que salgan del bolsillo de los andaluces”, ha avisado, en referencia a los recursos en los que ya trabajan los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. “No queremos que lo expliquen. Ya sabemos lo que han hecho porque hemos visto los números. Lo que pretendemos es que se corrija”, ha continuado.
El PP-A entonces ha intentado desviar el debate hacia la corrupción, achacándole al Gobierno de Andalucía su política de “despilfarro” y “desvío” de los recursos, mientras luego “sólo habla del modelo de financiación como culpable”. En este sentido, Carlos Rojas, le ha recordado que su “mentor”, el expresidente José Antonio Griñán, “lo definió como 11.000 veces mejor que el anterior”. En la misma línea, ha apuntado que tanto José Antonio Griñán como su antecesor Manuel Chaves “están en la antesala del Tribunal Supremo”, en referencia al caso ERE por el que fueron mencionados por la jueza Mercedes Alaya antes de que elevara al alto tribunal la parte de la causa que afectaría a estos aforados.
La presidenta le ha sacado entonces las investigaciones de corrupción contra el PP -desde el caso Barcenas al de Tomares- para preguntarle qué clase de “lecciones” iba a darle. Tras acusar a Carlos Rojas de liderar un grupo parlamentario que “viene a taparle las vergüenzas al Gobierno de Mariano Rajoy”, le ha pedido que se ponga de su lado para frenar “el atropello que sufre Andalucía”. Y también para reconocerle su papel en el combate contra la corrupción. “Usted debería de palidecer cuando me habla de lucha contra la corrupción (...). No me diga que la corrupción no es un problema de toda España (...). Si usted quiere, me ayuda”, ha enfatizado.
La temperatura preelectoral ha continuado creciendo cuando la presidenta le ha reprochado al líder el PP-A que sea un “meritorio” o un “provisional” para abanderar esta “estrategia de Génova” contra Andalucía a lo que el popular le ha recriminado a Susana Díaz “la hilera de cadáveres políticos que tiene detrás”. [“Un cementerio”, se ha escuchado en la bancada de la oposición]. Y si Carlos Rojas ha intentado ridiculizar el Portal de la Transparencia que se pondrá en marcha para que los ciudadanos tengan “a golpe de un clic” toda la información sobre el uso de los fondos públicos, la presidenta le ha preguntado si va a hacer lo mismo con las administraciones locales que controla. “Claro que no se le puede dar el clic en el ordenador que se hayan cargado a martillazos”, ha remachado.
