Huelga no es delito

Parece mentira que a estas alturas tengamos que defender derechos tan consolidados como el derecho a la huelga, o que haya personas procesadas por haber ejercido ese derecho en los últimos años. Sin embargo, ambas circunstancias se están dando en estos momentos como consecuencia de una política ejercida por el Gobierno más propia del museo de los horrores que de una democracia.

Su máxima es que la crisis todo lo permite, incluso atentar contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución Española como es el derecho a la huelga. Pero no nos engañemos, la represión sindical que ha supuesto que 260 sindicalistas estén procesados por ejercer este derecho persigue, en realidad, el mismo objetivo que el resto de sus medidas y reformas: acabar con los derechos y que la ciudadanía esté callada ante las tropelías que se están cometiendo con lo público, con el empleo, con los derechos sociales y laborales y, en definitiva, con la igualdad.

Lo que sucede es que, a pesar de todos los intentos del Gobierno, hay un muro que les impide manejar a su antojo a la ciudadanía y acabar con lo conseguido hasta ahora, y el Gobierno ha tomado la decisión de intentar si no aniquilar sí debilitar al movimiento sindical para que no haya obstáculos en su camino por hacer de España un país de ricos y pobres sin hueco para la igualdad de oportunidades.

Hace unos meses hubo una primera tentativa de silenciar a la calle con la ley de seguridad ciudadana, una norma retrógrada que el Gobierno ha tenido que “suavizar” debido al rechazo que suscitó pero que, en cualquier caso, pretende aplicar antes de que finalice el año a pesar de contar con una clara oposición en el ámbito político y social.

El Gobierno se está dando cuenta de que el silencio que quiere imponer a través del miedo se hace cada vez más débil y la ciudadanía, que en muchos casos lo ha perdido todo, cada vez está más dispuesta a alzar la voz para reivindicar empleo, protección social, y la reposición de unos derechos que nunca se les debieron quitar.

En cambio, lejos de escuchar esas voces, el Gobierno opta por la represión pero, como no se ha atrevido a acallar a la mayoría ciudadana con una ley restrictiva de huelga, ha optado por querer silenciar a quienes defienden sus derechos en las empresas y en las calles haciendo uso del Código Penal. De este modo nos encontramos con la vergonzosa cifra de 260 sindicalistas procesados y con peticiones de cárcel que, en su conjunto, superan los 120 años.

Y mientras, los abusos empresariales no sólo se permiten sino que se incentivan con la reforma laboral, como el contratar a una persona por dos horas cuando en realidad trabaja diez, cambiar contratos indefinidos por temporales o dar de alta a un trabajador o trabajadora que sigue enfermo porque así lo ha indicado la mutua de la empresa.

Sinceramente, se trata de conductas poco democráticas que buscan, por un lado, hacer sumisa a la ciudadanía y, por otro, que el barrido de derechos no encuentre oposición. Pero si es eso lo que quiere el Gobierno, ya de antemano se equivoca porque ni las multas ni las peticiones de cárcel por defender los derechos sociales y laborales conseguirán silenciar la voz del movimiento sindical, y la ciudadanía está demostrando que tampoco va a quedarse callada.

Prueba de ello es que en Madrid, Navarra y Galicia ya se han celebrado exitosas movilizaciones y que se han convocado acciones en todo el país a favor del derecho de huelga y de la libertad sindical.

La libertad de huelga es un derecho reconocido constitucionalmente y no vamos a permitir que ningún gobierno le arrebate a los trabajadores, trabajadoras y a la ciudadanía en general el principal instrumento de defensa con el que cuentan. Así que os invito a todos y todas a ponerle voz al silencio que pretenden imponernos bajo una premisa indiscutible: que huelga no es un delito sino un derecho.