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ENTREVISTA | José Carlos Budia

"Proponer acoger a 60.000 personas refugiadas entre todos los países de la UE es insuficiente, insolidario e inhumano"

Entrevista con José Carlos Budia, coordinador Sur Occidental de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

"Es necesaria una política global y realista de asilo y migración, donde se dé prioridad a la dignidad humana y a los derechos humanos"

"La actitud de los países europeos ante los refugiados es lenta e insuficiente"

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CEAR

Más de 2.500 muertes en el Mediterráneo en apenas ocho meses de 2015 y una riada de miles de personas huyendo de la guerra y la miseria hacia el Viejo Continente. Esa es la actual foto del drama humanitario de los refugiados. En la punta sur de Europa, en concreto en Sevilla, José Carlos Budia observa la crisis desde la distancia de los kilómetros pero desde la cercanía de conocer una materia tan sensible, de trabajar en la asistencia de las personas solicitantes de asilo o refugio y de, por tanto, tener la potestad de proponer soluciones. El coordinador Sur Occidental de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ( CEAR) apuesta por un acuerdo común europeo y una política global y realista de asilo y migración donde primen la dignidad humana y los derechos humanos.

¿Qué deben hacer los países europeos ante esta crisis humanitaria?

Tal y como promueve CEAR en su campaña #UErfanos, la Unión Europea y a sus Estados miembros deben poner en marcha una serie de medidas para solventar esta grave crisis humanitaria de las personas refugiadas. Los países miembros de la UE deben priorizar, ante todo, a las personas, y se debe gestionar la política común de asilo desde la perspectiva de los derechos humanos y no desde el control de las fronteras y de la seguridad.

En este orden de cosas, se debe acabar con las muertes en el Mediterráneo, poniéndose en marcha operativos de salvamento para cualquier persona cuya vida pueda estar en riesgo, pues en la actualidad, las actuaciones van más dirigidas a evitar la salida de barcos y el control de fronteras. Por último, y para evitar que la gente no se tenga que jugar la vida por vías alternativas de llegada a países seguros, se deben habilitar vías legales, que las hay, de llegada y de salvamento de los países de origen.

¿Qué opinión le merece la actitud que se ha tomado hasta el momento a nivel político?

Lenta e insuficiente. Se ha de tener en cuenta que, en la actualidad, hay 60 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, pero no todas van a llegar a Europa. Proponer acoger a 60.000 personas refugiadas entre todos los países de la UE, lo que supone el 0,1 % del número total, es, como decimos, insuficiente, insolidario e inhumano.

¿Debe enmarcarse este problema en el marco de un acuerdo de Estados?

Desde CEAR consideramos que debe ser un acuerdo común europeo. No obstante, no debe reducirse a una mera fijación de cuotas para la distribución de demandantes de asilo dentro de los estados, sino que exigimos un compromiso firme y adecuado a la realidad y a las posibilidades de la UE, que debe estar comprometida con la defensa de los derechos humanos. Para ello, se debe establecer un sistema común de acogida en la UE, con los mismos estándares, independientemente del lugar donde cada persona pida su asilo, porque ahora cada país aplica unos criterios distintos a los de otros.

En definitiva, es necesaria una política global y realista de asilo y migración, donde se dé prioridad a la dignidad humana y a los derechos humanos, y en la que, además del rescate, se contemplen medidas de acogida para el día después, para la efectiva integración social de las personas refugiadas, ajustadas a la capacidad de los estados miembros.

En España, ¿qué pueden aportar las ciudades o las comunidades autónomas?

Se tiene que tener en cuenta que la política de asilo e inmigración es competencia del Estado, no municipal ni autonómica. El Gobierno gestiona las personas que llegan y los recursos destinados a las mismas para una efectiva integración socio laboral en la sociedad de acogida; y es competente también para acordar la política común en Europa sobre a otras posibles personas que vayan a reubicar o a reasentar, que son conceptos distintos. Ello, no obstante, no debe ser óbice para que el Gobierno español no se ponga de acuerdo con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos para poder gestionar una acogida más amplia apoyándose en recursos o infraestructuras autonómicas o locales.

¿En qué podría derivar la situación actual?

Desgraciadamente, estamos viendo a diario en qué deriva la actual situación, esto es: en centenares de muertes de personas refugiadas intentando llegar a Europa para pedir protección internacional y salvar sus vidas. Dar prioridad al control fronterizo sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas deriva en que éstas no tengan más remedio que acudir a vías alternativas de acceso a los países de la UE, fomentando la proliferación de redes mafiosas que aprovechan la desesperación de los refugiados para lucrarse y, lo que es peor, poner en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de los mismos.

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