2016, el año en que el caso ERE fue finalmente a juicio y los cursos de formación se quedaron en casi nada

Los casos judiciales que más vienen coleando en Andalucía y que suelen ser recurso político del “y tú más”, arma arrojadiza principalmente contra la gestión de la Junta en los últimos años, han tomado caminos definitivos pero en diferente sentido durante este 2016. Mientras el sistema de concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis será finalmente juzgado, con 26 exaltos cargos sentados en el banquillo de los acusados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán, el supuesto fraude de los cursos de formación para el empleo fue finalmente archivado y se ha quedado en nada desde el punto de vista de la responsabilidad penal, al menos desde el punto de vista político, donde se acusaba a responsables públicos de haber creado una red clientelar.

La jueza María Núñez Bolaños, titular del juzgado que instruye las causas, ambas desgajadas en diferentes piezas, cargó en el auto de archivo del 'caso de la formación' contra la teoría de la Guardia Civil para incriminar a altos cargos de la Junta de Andalucía como mantenía el PP. Resoluciones similares y la filtración meses atrás no dejaban lugar a la sorpresa en cuanto a la irrelevancia penal del asunto acordada en octubre. Incluso la Fiscalía Anticorrupción ha acusado últimamente al PP-A de tratar de “enmarañar” la causa al recurrir ciertas cuestiones como la de las copias de las grabaciones de las declaraciones prestadas en el caso. Los presuntos entramados empresariales que se hicieron con los cursos siguen siendo investigados en diferentes juzgados.

Respecto al 'caso de los ERE', una de las primeras piezas del caso en cerrarse ha sido la que más interés ha despertado por los nombres de las personas presuntamente implicadas. Nada menos que 26 exaltos cargos acusados, todos directamente a un juicio aún sin fecha, por un delito continuado de prevaricación y otro de asociación ilícita, delito éste último del que únicamente acusa el PP de Andalucía. Por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos también deberán responder 18 de ellos, entre ellos Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. Ni Chaves ni los exconsejeros Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez deberán declarar por este delito.

La Fiscalía y el juez Álvaro Martín, encargado de rematar la instrucción durante este año, tras lo cual ha decidido volver a su juzgado, coinciden contra los exmandatarios en que uno propició el presunto fraude y otro no hizo nada para desecharlo. Lo cierto es que Martín ha dejado camino de juicio tres de esas piezas, la de Chaves y Griñán y las de las ayudas a las empresas Acyco y Surcolor, en las que se enjuiciará al exconsejero Antonio Fernández y a otros seis exaltos cargos de la Junta.

La jueza Mercedes Alaya ya no está en ese juzgado pero sigue dando dolores de cabeza a la Junta desde la Audiencia de Sevilla. En octubre reapareció mediáticamente y obligaba, como ponente de la sentencia de la Sección Séptima, a reabrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. El 'caso Aznalcóllar', que en su momento llegó a ser la mina de la oposición, revivía. La Audiencia apreciaba “indicios de ilegalidades severas y arbitrarias” en el procedimiento administrativo, estimando el recurso de la empresa que perdió el concurso público Emerita Resources España y Manos Limpias contra el auto de archivo de diciembre de 2015. El juzgado ha rechazado recientemente paralizar los trabajos que se estaban llevando a cabo ya en el lugar.

En cuanto al 'caso Mercasevilla', uno de los casos con más derivadas y que además dio pie a la investigación de los ERE, la Fiscalía de Sevilla ha terminado solicitando en su pieza principal 24 años de cárcel para el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad de documento mercantil. El fiscal reclama también tres años y medio de prisión para ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007. Uno de ellos escribió hace dos años y medio un premonitorio texto que ha cobrado actualidad después de varias decisiones judiciales.

Resoluciones importantes del TC

Desde el punto de vista de los conflictos competenciales entre Junta y Estado, hace apenas unos días el Tribunal Constitucional (TC) avalaba el sistema por el que la Admnistración andaluza compra los medicamentos vía subasta, acordando por unanimidad rechazar el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el decreto ley autonómico que regulaba en la práctica la selección pública de medicamentos en la comunidad autónoma.

El Gobierno andaluz se convirtió en diciembre de 2011 en la primera administración en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública. La Administración sanitaria central lo ha visto siempre como un asalto a su competenciales exclusivas a la hora de fijar los precios de los medicamentos y ha recurrido la subasta en varias ocasiones al Tribunal Constitucional, que ahora ha dado la razón a la Junta.

En otro orden de cosas, para la Junta ha habido de cal y de arena. En septiembre, el TC estimó parcialmente su recurso contra la reforma local por invadir competencias. Ya en noviembre, el TC anuló la orden de la Junta de 2012 que convocaba las oposiciones de Secundaria.

Precisamente en materia educativa se ha librado una batalla judicial, también este año, a cuenta de la Lomce. Las primeras cesiones del Gobierno de Rajoy con la ley orgánica, acordadas recientemente por el ministro Méndez de Vigo con las comunidades autónomas, ha rebajado el tono judicial en materia educativa por parte de la Junta de Andalucía, que durante el otoño había dado un ultimátum al Ejecutivo central para que reculara en la implantación de las reválidas en Secundaria o presentaría recurso en el Tribunal Supremo, como ya hizo con la de Primaria con evaluciones individualizadas. Andalucía ve que el reciente acuerdo sobre reválidas evidencia “un tiempo nuevo” y el camino hacia el Pacto por la Educación.

Avance en casos de supuesta corrupción

Por último, durante este año, algunos casos de supuesta corrupción atascados en los juzgados han empezado a ver luz al final del túnel de la instrucción. Al margen del caso ERE, el asunto que más suerte ha corrido, a pesar de la larga espera, ha sido el 'caso Arcos', que ya se ha juzgado por fin durante este otoño. El 'caso Astapa' sigue sufriendo de los males de la lentitud de la justicia. El juzgado de Estepona (Málaga) ha recibido ya informes periciales que estaba esperando pero necesitan todavía digitalizar buena parte de la instrucción y están en ello, apuntan fuentes judiciales. El el caso, de los mediáticos, que va más retrasado.

Ocho años después, el que sí tiene terminado el procedimientos el juez del 'caso Poniente'. Ahora están con las calificaciones de las partes y ya sólo quedaría en el juzgado el dictado del auto de apertura de juicio oral.