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El Ministerio de Educación plantea desmantelar la inmersión lingüística

Pau Rodríguez

Barcelona —

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) contempla el desmontaje del sistema de inmersión lingüística que se aplica en las escuelas catalanas desde hace décadas. Así lo ha comunicado la consellera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, tras haber recibido el borrador de la futura normativa, en el que se emplaza a las comunidades autónomas con lenguas cooficiales a utilizar “en proporciones equilibradas” las dos lenguas oficiales en las aulas. “La Administración garantizará el derecho a los alumnos a recibir la educación en castellano”, reza el redactado previo a la ley, un texto que, de aplicarse, rompería de facto el sistema de inmersión.

El documento transmitido por el Ministerio a las comunidades autónomas no aclara cual será el porcentaje exacto de catalán y de castellano como lenguas vehiculares, pero sí que detalla que este deberá ser “razonable”. Sin embargo, mientras esta cuota no se consiga, el Ministerio abre la puerta a que la Administración pague a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano para que puedan acceder a colegios privados. “Cuando no exista oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida [...], los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar sus gastos”, recoje la disposición.

Además, el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación sitúa el catalán, sobre el papel, como cuarta lengua en importancia, por detrás del castellano y las dos lenguas extranjeras. El texto prevé dividir las materias, tanto de primaria como de ESO, en tres grupos: las troncales, las específicas y las de especialidad. En el primero estarían el castellano y el inglés –además de matemáticas, ciencias sociales…–; en el segundo se encontraría la segunda lengua extranjera –además de educación física o religión–, y en el tercero, el catalán, además de otras optativas. A nivel práctico, aún se desconoce cómo afectará esto a la distribución de las horas lectivas, pero sí que supondría, según la interpretación de Rigau, que el catalán sea optativo en las pruebas de evaluación que fijará el Ministerio. Unas reválidas que, según consta en el anteproyecto, serán claves para obtener el título de ESO y de bachillerato, de modo que algunos alumnos podrían sacarse estos títulos sin necesidad de examinarse de catalán.

En cuanto a las pruebas de evaluación al final de Primaria, el nuevo redactado incluye que la parte del examen de comunicación lingüística la puedan realizar los estudiantes “en su lengua materna”.

Ante esta perspectiva, y en vistas de la reunión prevista para esta tarde de los distintos consejeros autonómicos del gremio en Madrid –la Conferencia Sectorial de Educación–, Rigau ha tachado el documento de “ofensiva contra el catalán” y ha añadido que la lengua no había sido tan “menospreciada desde antes de 1978”.

La consellera ha denunciado, al término de la rueda de prensa, que esta información haya llegado a manos de la Generalitat justo después de las elecciones, lo que considera una “estrategia política”, porque el viernes ha asegurado que estuvieron en contacto con el ministerio y nadie les comunicó estas novedades. Ahora el departamento estudia qué medidas puede tomar ante un texto que vulnera el Estatut de Catalunya y la Ley de Educación de Catalunya (LEC). “No hay margen de negociación”, ha sentenciado la consellera, ante un documento “que invade las competencias de la Generalitat” y que, según la misma, amenaza con dinamitar el sistema de inmersión lingüística.

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