“El rescate ciudadano también debe llegar a las personas más empobrecidas del mundo”
La Coordinadora de ONGD's de Castilla-La Mancha ha acusado a las distintas administraciones (europea, española y castellano-manchega, respectivamente) de incumplir sus compromisos de ayuda al desarrollo. En el caso de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional destina este año 2,3 millones de euros a este fin -el 0,03% del presupuesto total- , una cifra que, denuncian, vuelve a las cifras de 1995 (el presupuesto entonces fue de 4,06 millones de euros).
Entre 1995 y el año 2010, el presupuesto destinado a estos fines no dejó de crecer hasta alcanzar la cifra de 45,3 millones de euros. En 2011 se redujo a 44, 5 millones de euros y al año siguiente, ya durante el Gobierno de Dolores de Cospedal, cayó a los 648.740 euros.
El presupuesto más bajo de los destinados a cooperación al desarrollo en la región desde el año 1993 se produjo en el año 2014, cuando se pusieron a disposición de las ONGD's 267.500 euros.
“En Castilla-La Mancha el rescate ciudadano también debe llegar a las personas más empobrecidas del mundo”, reclaman estas organizaciones quienes creen que “se debe recuperar la cooperación al desarrollo como política pública y destinar el 0,4%, como mínimo, del presupuesto total al final de la legislatura”.
La organización cita el Informe Aid Watch 2016, realizado por CONCORD (red de ONGD europeas) que “no deja lugar a dudas” ya que las cifras, alejadas del tradicional compromiso del 0,7%, “ponen de relieve la incapacidad para cumplir sus propios objetivos”.
En su opinión, la lucha contra la pobreza, las desigualdades o la defensa de los derechos humanos y la protección el planeta debe mantenerse como principales objetivos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) además de acabar con la tendencia a destinar fondos de cooperación para el desarrollo a la atención a población refugiada dentro de las fronteras de los países europeos. “Los fondos destinados a las personas que solicitan asilo y refugio en la UE han de ser específicos y adicionales”, señalan.
También piden implementar las reformas institucionales y políticas necesarias para el desarrollo de la Agenda 2030 “a través de un diálogo amplio y significativo” así como una gestión de fondos “transparente” que garantice “resultados de desarrollo reales”, entre otras cosas.
