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Bruselas puede congelar fondos para 78 programas regionales por la multa por el déficit

Parte del castigo por no haber hecho nada para cumplir con el objetivo de déficit es suspender fondos estructurales para 2017

El Parlamento Europeo quiere tener una palabra en la selección de los proyectos con los que se penalice

La mano ancha de Bruselas dependerá del crédito que den a los ajustes prometidos por Guindos que ni la Autoridad Fiscal Independiente española se cree

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La CE analizará en detalle los argumentos de España para evitar la multa

La CE analizará en detalle los argumentos de España para evitar la multa EFE

La sanción a España por el desvío presupuestario podría acabar costándole cara a las Comunidades Autónomas. Hasta 78 proyectos regionales y siete nacionales podrían ver suspendida su financiación comunitaria el año próximo, según una lista enviada a la Eurocámara por la Comisión Europea. El castigo, no obstante, podría evitarse si los ajustes propuestos por el Gobierno español para encarrilar el déficit convencen a Bruselas, algo que aún no está nada claro.

La Unión Europea ha constatado que Madrid no ha hecho lo suficiente, y de forma deliberada, para atajar su exceso de déficit y ahora corresponde al Ejecutivo comunitario fijar una sanción por ello. La punición tiene dos partes: por un lado una sanción económica, que podría elevarse a 2.000 millones de euros pero que el Gobierno insiste quedará en cero,y, por otro, la congelación de una parte de los fondos estructurales que le corresponden al país en 2017. Además Bruselas fijará nuevos objetivos de déficit para España y una hoja de ruta para alcanzarlos que exigirá nuevos ajustes.

Entre los proyectos que podrían verse afectados por esta congelación de fondos hay 44 programas de Desarrollo Agrícola y Rural, 22 de Desarrollo Regional, otros tantos financiados con el Fondo Social Europeo y uno dependiente del Fondo Marítimo y para la Pesca. De estos 85 solo siete tienen alcance nacional, mientras que la mayoría van directamente a las diecisiete Comunidades Autónomas junto con Ceuta y Melilla.

España tiene que recibir 38.000 millones de euros en Fondos Estructurales y de Inversión entre 2014 y 2020. No hay información agregada sobre los compromisos para 2017, pero suponiendo que estos se distribuyesen de forma homogénea, cada año la UE tendría que desembolsar unos 5.428 millones. Como máximo pueden congelarse la mitad, es decir, unos 2.700 millones que no llegarían a las arcas públicas españolas.  Según  fuentes europeas citadas por el diario El País, la Comisión prevé bloquear unos 1.100 millones pero dejar la multa económica a cero.

Temor a un chantaje

El Gobierno tiene en su mano limitar los daños de la congelación. Los fondos no tienen que desembolsarse hasta 2017 y la suspensión está condicionada a que España siga a rajatabla la nueva senda fiscal. Si Madrid hace los ajustes exigidos por Bruselas en el calendario pactado, el Ejecutivo podría decidir de aquí a fin de año cancelar la congelación de fondos y no habría más consecuencias. Con l os últimos datos publicados por la Autoridad Fiscal Independiente Española (un organismo creado a instancias de Bruselas precisamente para salvaguardar el rigor de las cuentas públicas), España tendría un 4,7% de déficit este año, muy lejos del 3,9% que la Comisión tenía en mete como cifra aceptable. Aún implantando la medida sobre el Impuesto de Sucesiones, el déficit solo se reduciría hasta el 4,1%.

En este sentido, el eurodiputado de los Verdes, Ernest Urtasun, apunta que en su grupo parlamentario temen que la suspensión de fondos se utilice como “chantaje” para que el Gobierno realice más recortes o presente un presupuesto más austero. “Las Comunidades Autónomas van a pagar el pato por la actuación del gobierno central”, asegura, y añade que su grupo defenderá que ni se multe ni se congelen los fondos para España, sino que se derogue la reforma fiscal del Gobierno que según Bruselas está detrás del desvío presupuestario.

 Por ahora, se prolonga el impasse del verano ya que la Comisión Europea tendrá que esperar a que el Parlamento Europeo dé su opinión antes de decidir si bloquea las ayudas, aunque esta no será vinculante. Para fijar el montante deben tenerse en cuenta las condiciones socio-económicas, especialmente el nivel de desempleo y el impacto que tendría en el país en cuestión. 

Esto acarreará un nuevo retraso a la hora de conocer un veredicto que se espera desde hace meses, ya que la Eurocámara no tiene previsto debatir el asunto hasta el 8 de septiembre en la Comisión de Política Regional. La multa económica junto con los nuevos objetivos de déficit y calendario de revisiones fiscales sí se conocerán el próximo 27 de julio. 

El Ejecutivo comunitario podría anular la sanción económica o rebajar su cuantía, pero eso dependerá del crédito que den a la propuesta enviada por el Ministerio de Economía para convencerles de que se puede encauzar el déficit. Pero si ni la propia Autoridad Nacional lo cree, será difícil convencer a los burócratas en Bruselas.

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