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Cifuentes no ve "suficiente razón" para cambiar el nombre de un colegio que honra a un "mártir" del franquismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid contestó por carta a un docente del CEIP José Calvo Sotelo que le instaba a volver al nombre de la II República: 14 de Abril

"No parece que haya suficiente razón para cambiarlo, menos aún por el de un régimen que tiene luces pero no pocas sombras", dice la misiva fechada en 2016

Ahora la Consejería de Educación tendrá que pronunciarse después de que el Consejo Escolar del centro haya aprobado esta modificación

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Inauguración en 1933 del colegio 14 de Abril, hoy llamado CEIP José Calvo Sotelo.

Inauguración en 1933 del colegio 14 de Abril, hoy llamado CEIP José Calvo Sotelo.

Hay al menos 11 colegios públicos en Madrid que fueron creados en la II República pero cuyos nombres cambió la dictadura franquista a golpe de decreto en 1939 y hoy siguen llamándose igual. Uno de ellos es el colegio José Calvo Sotelo, diputado monárquico asesinado cinco días antes del golpe de Estado de 1936 y considerado como un "mártir" del Movimiento Nacional. Que un centro público continúe homenajeando a su figura no es "suficiente razón" para cambiarlo para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Así lo hizo saber en una carta fechada en abril de 2016, a la que ha tenido acceso eldiario.es, a un profesor jubilado del CEIP, Jorge Martínez, que instó al Gobierno regional a considerar la restitución del nombre original: 14 de abril. "No siendo el de José Calvo Sotelo un nombre que genere agravios entre los madrileños, no parece que haya suficiente razón para cambiarlo, menos aún por el de un régimen que tiene las luces que tú mencionas pero no pocas sombras", dice la misiva firmada por Cristina Cifuentes, que alude también a todos los años que lleva llamándose así para justificar que se mantenga. 

Ahora, la Consejería de Educación está obligada a tomar una decisión de nuevo y esta vez el centro público ha seguido los cauces oficiales para pedir el cambio de nombre con todas las garantías. El pasado mes de junio, la iniciativa fue aprobada por mayoría en el Consejo Escolar tras varios años intentándolo. Hace dos años, el claustro aprobó dar un primer paso pero hasta hoy no se había conseguido completar el proceso dentro del colegio.

Ahora, la dirección debe elevar la cuestión a la Junta Municipal y, en última instancia, a la Dirección de Área Territorial de Capital, que es el filtro final. "A ver cómo acaba todo esto. La carta muestra la postura y a hora depende de la DAT. Veremos si respeta la decisión democrática o no", dice Paco Serrano, profesor en el centro y uno de los promotores de la iniciativa desde dentro. La Consejería de Educación no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este tema. 

"En nuestro colegio nadie sabe quién es Calvo Sotelo. La gente se cree que se llama Leopoldo. Son pequeñas cosas pero en general el espíritu es que no se remueva nada. Pero no es remover, es reivindicar", explica Pilar Eusamio, parte del AMPA del centro y la persona que inició una recogida de firmas en Change.org para recabar apoyos para la restitución del nombre. 

Pilar Eusamio participa de una plataforma creada hace unos meses y que agrupó a colectivos de la sociedad civil, a sindicatos (UGT y CCOO) y a partidos políticos (Podemos e Izquierda Unida) con un objetivo común: que 11 colegios de Madrid recuperaran su nombre original, el que recibieron cuando fueron construidos en el año 1933. La idea nació del colectivo de Amigos del Grupo Escolar 14 de Abril, formada por vecinos del barrio de Pacífico, donde se ubica el CEIP José Calvo Sotelo. 

Inaugurado por Alcalá-Zamora

A la inauguración de este centro escolar acudió el mismo presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Era el más grande de todos los nuevos y nació al albur de los modos de hacer de la Institución Libre de Enseñanza. "Era fruto de unos proyectos por modernizar la educación", cuenta Serrano. La idea, añade Eusamio, es "reivindicar la figura de los maestros que dejaron su vida en el proyecto pedagógico de la II República". "Lo que se hacía aquí era tremendo. Venían los niños y luego a las seis entraban los padres y las madres analfabetos. Los maestros y las maestras trabajaban muchas horas al día", prosigue. 

Los maestros que allí trabajaron fueron represaliados en los primeros años de dictadura. El inspector en estos primeros años, Vicente Valls Anglés, fue depurado y enviado de vuelta a su pueblo donde nunca más pudo ejercer. Como parte de esa represión que quería hacer desaparecer los valores de la educación en la II República, el Ministerio de Educación publicó una orden para nombrar las escuelas "en memoria de los héroes que dieron su vida por la defensa de ideales de la Nueva España".  

Con esta orden, el instituto Pablo Iglesias pasó a llamarse Isabel la Católica; el que rendía homenaje al pintor Sorolla pasó a recordar a Rufino Blanco; el Tirso de Molina es hoy el CEIP Ermita del Santo; y el Alfredo Calderón responde al nombre de Padre Poveda, entre otros. Más de 80 colegios e institutos en España conservan hoy denominaciones ligadas a figuras de la dictadura. 

La plataforma se ha reunido en dos ocasiones con la presidenta de la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y también con el concejal de Derechos Humanos Mauricio Valiente. A este último le han pedido que impulse la instalación de placas en homenaje a los maestros y maestras que trabajaron en los centros en tiempos republicanos. La plataforma pretende llevar a la Asamblea de Madrid "una propuesta que sea asumida por los grupos para obligar a la restitución". "Queremos reconocer la historia y la labor de los que trabajaron por una España más culta. Recuperar la concordia, sin más enfrentamiento", sostiene Antonio Colina, portavoz de  Amigos del Grupo Escolar 14 de abril. 

Antes de unir fuerzas en una plataforma, varios grupos y personas ya estaban trabajando en la misma dirección sin saberlo. El exprofesor Jorge Martínez, que remitió la carta a Cristina Cifuentes y ejerció en el centro durante dos décadas, mandó su primera carta a la Comunidad de Madrid en 2008. La respuesta fue que no procedía "la toma en consideración de la medida". En 2016 lo volvió a intentar y también con el Ayuntamiento, que le contestó que no era competente para tomar esas decisiones. 

"A mí me gustaría no morirme sin ver que la justicia se ha hecho en esta cosa tan pequeñita pero a la vez muy grande", dice Martínez en conversación con eldiario.es. Cuenta que a ese colegio fue su madre. Venía de estudiar en un garaje.

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