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Seis respuestas sobre la auditoría ciudadana a la deuda de Madrid

El Ayuntamiento suma el asesoramiento de nueve expertos a los trabajos iniciados por el área de auditoría de la deuda hace meses

El Consistorio quiere determinar si hay parte de la deuda que puede ser "ilegítima" y someter a consulta popular los resultados de la auditoría

Durante los gobiernos de Gallardón y Botella la deuda aumentó un 780% y llegó a rozar los 8.000 millones de euros

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Los exalcaldes de Madrid Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

El Ayuntamiento ha designado a los nueve expertos que asesorarán en el proceso de auditoría ciudadana de la deuda. Pronto se hará su presentación oficial, aunque ya se han reunido, con la presencia del concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, para acordar sus funciones dentro del Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas.

Su asesoramiento formará parte de los trabajos de auditoría iniciados el pasados agosto por el Consistorio. Pero, ¿por qué hay que hacer una auditoría? ¿Qué significa que sea ciudadana? ¿Se dejará de pagar una parte de la deuda? A continuación tratamos de resolver esas y otras dudas sobre el proceso que afronta Madrid.

¿Por qué se hace una auditoría de la deuda?

Madrid tiene una deuda enorme, contraída fundamentalmente durante entre 2000 y 2012, cuando aumentó un 780%. Aunque se disparó y llegó a rozar los 8.000 millones de euros, las sucesivas amortizaciones, que comenzaron en la época de Ana Botella y han continuado con Manuela Carmena, ha rebajado su cifra. Al cierre de ejercicio pasado rondaba los 4.700 millones de euros.

Esas cifras convierten a Madrid en una de las ciudades más endeudadas de Europa. Dentro de nuestro país, la capital ocupa el puesto 215 en el ranking de la deuda de los más de 8.000 municipios españoles. Su alto volumen de población reduce la cifra de la deuda per cápita a los 1.500 euros por habitantes.

Buena parte de la deuda tiene su origen en las obras de soterramiento de la M-30 realizadas durante la época de Alberto Ruiz-Gallardón. Fue su gran proyecto para Madrid, y acabó consumiendo 5.600 millones de euros, una cifra que la oposición dobló teniendo en cuenta los intereses. Los costes fueron enormemente superiores a los presupuestados.

Ahora Madrid se presentó a las elecciones de mayo de 2015 con el compromiso de hacer una auditoría ciudadana de la deuda y de las políticas públicas. De hecho, fue una de las propuestas que más apoyo recibieron en la web habilitada para elaborar un programa electoral colaborativo.

El concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, es quien se ocupa de dirigir esa auditoría. En una entrevista poco después de llegar a la alcaldía aseguró que un 80% de la deuda podría ser ilegítima, fruto de los sobrecostes de obras como la M30 o el Palacio de Cibeles, o debido a los contratos perjudiciales para las arcas públicas firmados por organismos como Mercamadrid.

¿Qué hace que una deuda sea considerada ilegítima?

Este es un concepto más político que económico. El Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas la define como aquella deuda de la que no se puede exigir su reembolso por diversas razones. Ya sea por haberse incumplido la ley al contraerla o porque las condiciones del préstamo son "extremadamente injustos, no razonables, inadmisibles o, de alguna manera, objetables". Hay más, pero estas son las razones fundamentales.

Este comité, que depende del CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), divide la deuda ilegítima en tres tipos. Ésta puede ser ilegal, contraria a las leyes o mediante soborno o coacción; odiosa, si su pago exige ir contra los derechos fundamentales de la población; o insostenible, si su pago obliga al Estado a detraer recursos de la sanidad, la educación o la vivienda, por ejemplo. En este último caso se contempla el reembolso, aunque renegociado.

Aunque CADTM nació en los 90 y el concepto de deuda ilegítima es antiguo, se ha popularizado a raíz de la crisis griega. Este comité asesoró en la auditoría de la deuda tras la llegada de Alexis Tsipras al poder. Aunque se habló que de podría colaborar en la auditoría de Madrid, finalmente se descartó esa opción.

Algunos cargos del Ayuntamiento hicieron referencia a la ilegitimidad de la deuda cuando comenzó el proceso de auditoría, lo cierto es que en la última explicación que da el Consistorio sobre el proceso  no se hace referencia a ello.

¿Qué implica que sea una auditoría ciudadana?

"Consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país". Así lo explica la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), de la que es miembro el propio Sánchez Mato.

Ese proceso de análisis crítico debería concluir con un referéndum ciudadano vinculante sobre si hay que pagar o no la parte considerada ilegítima, defiende PACD. Es una posibilidad que el concejal madrileño ha defendido desde el principio.

Cuando comenzó el proceso Sánchez Mato aseguró que los resultados serían sometidos a una consulta popular que, al menos, determinase q ué partes de la deuda se consideran legítimas o ilegítimas. En ese momento se citó a las Juntas de Distrito como los posibles canalizadores de ese proceso. El Ayuntamiento recuerda que Sánchez Mato aseguró que los resultados serían suficientemente publicitados y darían lugar a consultas para que la ciudadanía pudiese pronunciarse cualquier tema relacionado con la auditoría.

En la web del Ayuntamiento el Área de Economía y Hacienda explica que se habilitarán mecanismos presenciales y virtuales para que la ciudadanía "pueda participar en la identificación de casos e indicios, así como en el proceso de análisis".

¿Quién la va a llevar a cabo?

Al poco de llegar al poder, Ahora Madrid creó una Subdirección General de Auditoría de la Deuda y Políticas Públicas. A su frente está Álvaro Sánchez, asesorado por Eduardo Garzón. El consejo asesor apoyará sus trabajos emitiendo informes y asesorando en los distintos pasos de la auditoría. La profesora de Economía Aplicada Bibiana Medialdea coordinará esos trabajos.

El concejal de Hacienda creó esa subdirección a pesar de que ya existe, por ley, un órgano que controla las cuentas del Ayuntamiento. Como todos los municipios, Madrid está sometido al análisis económico de su Intervención General. Sin embargo, Sánchez Mato argumentó que la auditoría irá más allá de los aspectos legales a los que se limita la Intervención, incluyendo un análisis de "impacto financiero, económico, social, de género y medioambiental".

Hasta finales de 2015 la deuda del Ayuntamiento estaba también controlada por las agencias de rating. Ahora Madrid decidió renunciar a ellas porque desconfiaba de sus trabajos y por el ahorro que supone no pagar esos servicios. El argumento, recuperado hace unas semanas en un debate en el pleno, es que el Consistorio no va a emitir más deuda así que no necesita una calificación externa.

De forma paralela a la auditoría se celebrará la comisión de investigación. Su finalidad es distinta. El Ayuntamiento quiere que en ella comparezcan los responsables del aumento de la deuda durante los gobiernos del PP, sean políticos o funcionarios. Los populares se han negado a participar y han intentado retrasarla hasta después de las elecciones con un recurso a la Junta Electoral, que no les ha dado la razón.

¿Cuándo se va a hacer?

Los trabajos comenzaron al poco de que la alcaldía cambiase de color político. La formación del nuevo consejo asesor es un paso más que confirma el avance de la auditoría interna, que en los últimos meses ha hecho públicos algunos contratos firmados por el PP llenos de irregularidades.

Así, la auditoría ha sacado a la luz que los anteriores gobiernos del PP firmaron contratos con empresas de la trama Púnica por valor de 32 millones de euros. O que Mercamadrid pierde 623.000 euros al año por un acuerdo extrajudicial "lesivo". O que se está pagando de más a las constructoras por el mantenimiento de la M30.

Todo ese trabajo de auditoría desarrollado durante los últimos meses contará ahora con el asesoramiento de los expertos. Pero aún queda un largo camino. Sánchez Mato advirtió de que la ingente cantidad de documentación que hay que analizar alargará el proceso durante varios meses.

¿Acabará con un impago de la deuda?

Es la gran pregunta para la que todavía no hay respuesta. El Ayuntamiento no ha descartado un impago, pero tampoco ha hablado abiertamente de que esta sea una opción. El concejal de Economía ha comentado en más de una ocasión que la deuda es insostenible, y aunque en algunos artículos ha defendido el impago de la deuda ilegítima, desde su llegada a la alcaldía se ha mostrado más prudente.

"Todas las crisis de deuda terminan en alguna forma de impago". La profesora Bibiana Medialdea defiende esta tesis en un libro centrado en la deuda de los estados, en el que aboga por "normalizar el escenario del impago", y prevé que en caso de que se produjese, los acreedores actuarían guiados por el pragmatismo y negociarían con las instituciones. La insostenibilidad e ilegitimidad de la deuda "obliga a los ciudadanos a plantear la opción del impago como herramienta de salud democrática", defendía Sánchez Mato meses antes de ser candidato por Ahora Madrid, en un articulo sobre la deuda estatal.

El Ayuntamiento recalca que no ha dejado de atender ningún pago de la deuda, y que no tiene "un problema financiero de insostenibilidad de la deuda, pero que hay impactos de otros tipos que también son preocupantes".

Fuentes municipales insisten en que la situación de las cuentas madrileñas "está muy lejos de una crisis de deuda". Más allá de las tesis defendidas por Medialdea y Sánchez Mato para algunas crisis de deuda, el Ayuntamiento explica que "la prioridades son obtener y difundir información relevante sobre la gestión de los recursos públicos municipales, analizar la gestión municipal según criterios de utilidad pública para la ciudadanía, sacar conclusiones para evitar que se repitan malas prácticas y habilitar mecanismos de control ciudadano".

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