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La anulación del PGOU deja una primera factura de siete millones a Santander

El Ayuntamiento aprueba el acuerdo con la Fundación Caja Cantabria para devolver a la entidad lo cobrado por la recalificación de la residencia de Cazoña

El equipo de Gobierno del PP, con el apoyo del exconcejal de Cs David González, se compromete a reingresar esta cantidad a través de siete anualidades

La oposición denuncia que los populares han ocultado durante meses otras reclamaciones económicas que pueden tener impacto en las arcas públicas

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Antigua Residencia de Caja Cantabria en Cazoña.

Antigua Residencia de Caja Cantabria en Cazoña.

No existen cálculos precisos ni estimaciones aproximadas siquiera sobre el impacto económico que puede tener para las arcas públicas de Santander la decisión del Tribunal Supremo de tumbar por completo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aunque el Ayuntamiento empieza a pagar ya la primera factura: casi siete millones de euros que el Consistorio deberá abonar a la Fundación Caja Cantabria por la fallida recalificación de los terrenos de la antigua residencia de ancianos de Cazoña.

Esta es una de las operaciones urbanísticas que se ha visto afectada directamente por la suspensión del plan que promovió e impulsó el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), durante su etapa al frente de la Alcaldía, pero no será la única. La oposición denuncia que el equipo de Gobierno que encabeza su sucesora, Gema Igual, ha ocultado durante cinco meses otras reclamaciones económicas que pueden tener una fuerte repercusión para la estabilidad presupuestaria del municipio.

Así lo han comunicado a los medios tras la celebración de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander, un órgano en el que se ha aprobado este martes - con los votos favorables del PP y del edil tránsfuga de Ciudadanos, David González- el acuerdo alcanzado con la Fundación Caja Cantabria para devolverle en siete anualidades, de 2017 a 2023, los más de 6,9 millones de euros que la entidad abonó al Consistorio por el convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña, que ahora tendrá que ratificar el Pleno municipal.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, el convenio urbanístico suscrito con la entidad en diciembre de 2010 contemplaba un cambio de usos de la parcela de Cazoña propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba en curso.

Fruto de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del planeamiento de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la "revalorización de los terrenos", el importe que ahora ha pedido que se le devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico por la anulación del PGOU y haber perdido la parcela el uso residencial.

Pelotazo urbanístico

"Los santanderinos somos víctimas de la fiebre del pelotazo urbanístico que el anterior alcalde trajo para Santander, y estamos viendo las consecuencias de la pésima gestión municipal. El Ayuntamiento ya ha recibido diversas reclamaciones de parte de gestores de suelo que vieron sus expectativas truncadas con la nulidad del PGOU, y veremos aún más, que necesariamente afectarán a las cuentas públicas", ha subrayado el concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro, tras la celebración de la comisión.

Para IU, el convenio de devolución de los casi siete millones de euros entregados a cuenta en su día por Caja Cantabria por la recalificación del suelo de la residencia de Cazoña, que ahora se ha visto truncado tras la sentencia del Supremo, "muestra a las claras las nefastas políticas antisociales del Partido Popular".

En esta línea, Saro sostiene que el equipo de Gobierno del PP "no solo aceptó de buen grado la desaparición de la residencia de Cazoña, sino que diseñó un plan para asegurar un pelotazo a la entidad financiera, del que participó asegurándose las plusvalías urbanísticas que ahora tiene que devolver por la nulidad del PGOU que lo amparaba".

Ante este escenario, desde IU temen que "muchos de los compromisos que el equipo de Gobierno había adquirido con el lobby inmobiliario se conviertan en reclamaciones" contra el Ayuntamiento por responsabilidad municipal. "En Santander, los vecinos sufrimos una carga fiscal injusta y poco equitativa para afrontar los desastres del PP, mientras sufrimos servicios públicos mal dotados y peor gestionados", ha insistido Saro.

Condiciones de la devolución

El acuerdo que se ha adoptado este martes, y que pasará posteriormente por el Pleno municipal, recoge que el primer pago de la siete anualidades previstas en el convenio será por importe de 940.892 euros y se prevé realizar este mismo año con cargo a los remanentes municipales.

Según ha explicado al resto de ediles el concejal de Urbanismo, César Díaz, también se ha previsto ya la segunda anualidad, por importe de dos millones de euros, en los presupuestos municipales de 2018, una información que no hizo pública la alcaldesa cuenta presentó las cuentas públicas para el año que viene y que comunicó solo unos días más tarde a través de una nota de prensa.

Entre las cláusulas del convenio se contempla también la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela -de carácter dotacional con el planeamiento ahora vigente- a través de una modificación puntual del PGOU en vigor, compensando en tal caso el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio.

Igualmente, en virtud de este acuerdo, la Fundación Caja Cantabria se compromete a ampliar las líneas de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, tanto a través de programas y acciones de carácter social, educativo, ambiental o cultural, como mediante la cesión de espacios en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) para que el Consistorio pueda desarrollar actividades sin coste alguno.

Búsqueda de culpables externos

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha aclarado que el Consistorio ha llegado a este acuerdo con la entidad para la devolución de esta cuantía "sin perjuicio de las reclamaciones que que pueda plantear el Ayuntamiento antes otras administraciones", al tratarse, según ha apuntado, de "una situación derivada de la anulación del PGOU por una causa externa al Consistorio y al propio Plan General, como fue la anulación del bitrasvase por su deficiente evaluación ambiental".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha iniciado también los correspondientes procedimientos ante el Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para reclamar los tres millones de euros invertidos en la elaboración del Plan General de 2012, que requirió más de ocho años de trabajo y deberá rehacerse desde cero.

Miguel Saro, sin embargo, ha mostrado una visión muy diferente y ha acusado al Partido Popular de "levantar una cortina de humo" alrededor de la devolución de estos casi siete millones de euros proponiendo reclamaciones patrimoniales a distintas administraciones, haciéndolos responsables de la nulidad del PGOU, cuando la "máxima y principal responsabilidad" recae en un equipo de Gobierno que diseñó un plan para una ciudad que crecería hasta los 280.000 habitantes sin tener asegurado el abastecimiento de agua.

"A nadie se le escapa que la realidad de Santander es que vive una grave crisis demográfica, donde su población joven huye por la falta de empleo y el coste de la vivienda, y los mayores que lo necesitan no tienen cubierta una plaza en residencias públicas", ha asegurado el concejal de IU.

"Gestión oscurantista e irresponsable"

También se ha mostrado muy crítico con esta situación el portavoz del Grupo Regionalista, José María Fuentes-Pila, que ha criticado esta mañana que el PP ha ocultado "cinco meses" un informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal a petición del propio César Díaz sobre los recursos o reclamaciones que se habían planteado hasta la fecha -junio de 2017- como consecuencia de la anulación del PGOU, así como las medidas que, en su caso, procedía adoptar.

Según recoge el informe, hasta ese momento se habían presentado dos recursos judiciales contencioso-administrativos. El primero de ellos, por la anulación de un estudio de detalle en la zona de El Campón, en Peñacastillo. El segundo afecta a una licencia de obras otorgada para la construcción de un supermercado de la empresa Aldi en la calle Repuente. Según el PRC, la Asesoría Jurídica sostiene sobre ambos procedimientos que tienen en común "la posibilidad de que esta Administración pudiera incurrir en responsabilidad patrimonial, por daños causados a terceros".

Según ha explicado Fuentes-Pila, el informe, fechado el 19 de junio de 2017 se ha facilitado ahora a los concejales como parte de la documentación girada para la celebración de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la que se ha aprobado el convenio urbanístico suscrito entre Caja Cantabria y el Ayuntamiento en relación a la parcela de Cazoña y ejercitar la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la anulación del plan.

"En cinco meses, pese a nuestras constantes peticiones de información sobre los efectos de anulación del PGOU, se han guardado esta información, y tampoco sabemos si desde junio hasta ahora se han presentado más", ha lamentado Fuentes-Pila, para quien "la gestión absolutamente oscurantista del PP asusta, es irresponsable y una falta de respeto a los santanderinos".

En este sentido, el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, ha afirmado que "el Partido Popular vuelve a hacer gala de la falta de transparencia y la opacidad con la que gestiona Santander". "Siempre hemos preguntado cuáles eran las consecuencias de la anulación del PGOU y qué iba a ocurrir con este convenio, y el equipo de Gobierno siempre ha mentido, negando la mayor",  ha recalcado el edil.

Para el líder de los socialistas santanderinos, el convenio con la Fundación Caja Cantabria "fue un error" porque ni en 2012, cuando se aprobó el PGOU, ni ahora, cuando se debe rectificar, "había interés real de hacer en ese espacio viviendas y con ello se cerró una residencia".

Pleno monográfico

Ante esta sucesión de acontecimiento en relación al urbanismo de la ciudad, socialistas y regionalistas han forzado la celebración de un Pleno monográfico sobre para abordar los problemas derivados de la anulación del PGOU, cuyo plazo legal para la convocatoria vence en los próximos días.

"No quieren darnos información y, forzados a darla, buscan ahora la vía para que tenga la menor atención posible", ha cuestionado Fuentes-Pila ante la posibilidad de que este pleno coincida con el debate de presupuestos. Una situación que, sin embargo, el líder del PRC confía en que cambie cuando el PP se vea obligado "a contar punto por punto en qué momento estamos, qué proyectos se han visto afectados, cuáles son las repercusiones económicas y las posibles reclamaciones a las que habrá que hacer frente".

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