Hacienda reclama ajustes a Cantabria antes de cerrar el año
El Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a diez comunidades autónomas, entre ellas a Cantabria, en las que ha detectado una desviación de la regla de gasto y a las que reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo del 2,1 por ciento.
Las misivas, firmadas por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, están dirigidas además a los interventores generales de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Aragón.
En las cartas, Hacienda alerta de que del análisis de los datos de ejecución presupuestaria y del gasto computable a estas comunidades se ha apreciado una evolución que “podría poner en un posible riesgo” el cumplimiento de la regla de gasto. Por ello, les reclama que informen de las causas de esa posible desviación así como de las medidas que piensan poner en marcha para su corrección “antes del cierre del presente ejercicio”.
En el caso concreto de Cantabria, Hacienda es optimista y cree que cumplirá con la regla de gasto, si bien alerta de un incremento del gasto presupuestario no financiero superior al previsto en el Plan Económico Financiero de la comunidad. Así, según sus datos, el gasto presupuestario no financiero registra una subida del 5,37% cuando se preveía una tasa al cierre del 1,34%.
Respuesta ambigua
Tras conocerse la carta remitida por Montoro a Cantabria y otras nueve comunidades más, el Ejecutivo cántabro ha facilitado a los medios la respuesta dada por el Servicio de Intervención, que no aclara si la autonomía se ajustará o no a la regla de gasto.
En el escrito, firmado el 13 de diciembre y de apenas dos hojas, el interventor general apunta que hay “una carencia de datos imprescindibles” para el cálculo de la regla de gasto y afirma que “cabe la posibilidad” de que Cantabria se sitúe “en torno a la tasa de referencia (2,1%)”.
Entre los anotaciones positivas, este funcionario destaca que el presupuesto entró en vigor con dos meses de retraso (a finales de febrero), “lo que se supone conllevará la no ejecución de parte del gasto dispuesto”, y asimismo resalta el “efecto positivo” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 8 de junio para “la no disponibilidad de los créditos presupuestarios que resulten liberados”.
Por el contrario, añade que hay una serie de gastos imprevistos que “no van a ayudar a cumplir dicha tasa”, como son los 14 millones de euros en recetas farmacéuticas para mejorar el pago medio a proveedores; el incremento retributivo de los empleados públicos en un 1% en vigor desde julio de 2017 que supondrá 9 millones de euros adicionales, y el incremento del gasto de personal sanitario y educativo por la aplicación de la Lomce estimado en 10 millones de euros.
Próxima reunión
Recuerda el departamento dirigido por Cristóbal Montoro que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé medidas “preventivas, correctivas y coercitivas” ante los incumplimientos por parte de las comunidades.
El próximo jueves está prevista una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el que están representadas todas las comunidades de régimen común salvo Cataluña, para analizar el cierre del año y preparar la reunión de enero del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tiene que abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.
