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La corrupción planea sobre una decena de casos

La investigación del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo De Miguel, y los 50 millones de euros de ayudas públicas al frustrado proyecto automovilístico de Epsilon son investigadas por la Justicia.

Las irregularidades en la gestión de municipios vascos se centran en el urbanismo, con imputaciones de prevaricación a alcaldes como el ex regidor de Bermeo y el primer edil de Loiu.

Los jueces se han visto salpicados por la adjudicación a dedo de concursos mercantiles y el Tribunal de Cuentas Públicas repite año tras año las irregularidades en la gestión en sus informes sin obtener la debida respuesta.

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De la corrupción tampoco se libra Euskadi. Aunque las instituciones y líderes políticos vascos se ufanan en afirmar públicamente que es un fenómeno residual, cada vez surgen más voces que apuntan que hay bastante más de lo que sale a la superficie. Los tribunales investigan ahora una decena de casos y en el último año han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal en otra media decena.

El principal  pendiente y el de mayor gravedad es el llamado 'caso De Miguel', el apellido del ex número dos del PNV de Alava y ex diputado foral, imputado junto a otras 10 personas (en su mayoría ex cargos peneuvistas y familiares) en  una presunta red de corrupción urbanística. A Alfredo De Miguel se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava tras las 24 grabaciones realizadas por una abogada en una causa en la que se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos. El caso lleva en investigación cuatro años y medio aunque le parece que la instrucción está a punto de finalizar tras la recepción a final de año del esperado informe de la Ertzaintza sobre el caso.

También se habla de saqueo al dinero público en el caso Epsilon, el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace cinco años por el Gobierno Ibarretxe que supuso la pérdida de 50 millones de euros de ayudas públicas, 16 millones del Gobierno vasco y el resto del central. El proyecto ofrecía datos sospechosos, como que la empresa creada por Joan Villadelprat tuviera un capital social de solo 90.000 euros y recibiera esos 50 millones en créditos y subvenciones. Su promotor, el conocido directivo en la Fórmula 1 Joan Villadelprat, ya ha sido condenado al pago 900.000 euros y la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes.

La lentitud de la Justicia en Euskadi para aclarar otra presunta irregularidad tiene su ejemplo en el caso Zubiaurre,  el supuesto espionaje informático en una sociedad pública del Gobierno vasco (la SPRI) protagonizado por Antton Zubiaurre, quien fue uno de sus máximos directivos durante ocho años. Este sumario lleva más de tres años de investigación pero está bloqueado desde hace año y medio. También han pasado dos meses y medio desde que concluyó el juicio sin que se conozca el fallo contra el empresario vizcaíno Jabyer Fernández, acusado de no pagar 43 millones de euros a Hacienda. En este caso se mezcla la relación entre un empresario y el poder, que se vuelve en contra del primero por enfrentarse a las instituciones.

Otras situaciones de presunta corrupción se localizan a nivel municipal. El ex alcalde y actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Xabier Legarreta, (PNV) está imputado de dos delitos urbanísticos  por una operación que supuso un quebranto de 3,4 millones para las arcas municipales. El  alcalde de Loiu, Bizente Arteagoitia, (PNV) otro edil actual y ocho ex concejales más (los hechos sucedieron en 2006 ) de este municipio están imputados por un delito de prevaricación al conceder una licencia para la construcción de un chalé. Dos fallos judiciales anteriores han confirmado la nulidad de la licencia concedida por el ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia ha confirmado que se ocuparon terrenos públicos.

El anterior regidor de Lemoa, Javier Beobide, (PNV), fue juzgado en diciembre por presunta prevaricación por la creación de una bolsa de empleo de manera irregular. Beobide saltó a la luz pública por gastarse la pasada legislatura hasta 16.000 euros en la compra de puros. Además, junto a otro concejal peneuvista y cinco trabajadores del Ayuntamiento, ingresaron casi 50.000 euros en dietas de kilometraje sin ninguna justificación. El PNV obligó a Beobide a darse de baja en el partido por estos hechos, denunciados por Bildu, que nos los ha llevado a los tribunales ni la Fiscalía ha actuado de oficio. Los tribunales también deben dirimir lo ocurrido en Lezama, donde dos constructoras han demandado a la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV) por el proyecto urbanístico de recalificar el solar de su familia en una zona inundable, un plan anulado por la Justicia en 2008 pero que se ha vuelto a presentar de manera idéntica por el consistorio.

Las anomalías en la gestión se han sucedido, aunque sin que exista demanda en los tribunales, en localidades como Alonsotegi, que, pese a ser el segundo municipio vasco más endeudado por habitante (más de 1.600 euros por vecino), se gastó casi 8,6 millones de euros sin justificar, según refleja un informe de la interventora municipal.  Este dinero procede de  una sociedad municipal, dedicada a gestión urbanística y que funcionó entre 2003 y 2011, cuando se disolvió dejando un agujero de 4,1 millones que fue asumido por el Ayuntamiento. En Zalla está en entredicho la gestión de dos vertederos, uno oficial y otro clandestino. El primero, uno de los más grandes de Euskadi, ha incumplido el permiso del Gobierno vasco, que no ha adoptado ninguna medida, y causa contaminación . En Balmaseda, el hasta hace poco alcalde y parlamentario vasco Joseba Zorrilla (PNV) ha visto archivada sin que se practique ninguna diligencia una adjudicación "a dedo" de la gestión del polideportivo a una mujer “muy cercana al PNV”, quien además explotó el servicio sin ningún contrato y sin ninguna tarifa aprobada por el  pleno.

La actuación de la Justicia se ha visto salpicada también por la gestión de los concursos mercantiles, lo de las empresas en quiebra, puesto que jueces vascos han elegido a dedo a los administradores que luego les han invitado a congresos Estos concursos son un negocio muy estimado para los administradores. El Gobierno vasco se ha visto igualmente afectado este año al destituir de su cargo Agustín Elizegi, director de EJIE, la sociedad pública de informática  por su implicación en una adjudicación de 1,4 millonaria de una contrata a una empresa para la que trabajó anteriormente.

Algunas de todas estas irregularidades en la gestión del servicio público se repiten año tras año en los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a los que en basantes ocasiones se hace caso omiso, sobre todo en las adjudicaciones a dedo y en el fraccionamiento de los contratos para evitar el control de lo que se gasta con el dinero de todos. El Tribunal de Cuentas ha constatado como el anterior gobierno del PSE concedió a dedo seis subvenciones por casi nueve millones o que EITB adjudicó a dedo durante 2010 servicios por 4,2 millones de euros,

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