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Cuando la memoria se entierra en las instituciones

El Congreso ha evitado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tenga que explicar la relación del asesino de Yolanda González, el ultraderechista Emilio Hellín, con los cursos dados a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El próximo 2 se febrero se cumplen 35 años del secuestro y asesinato de la joven estudiante bilbaína a manos del miembro del Batallón Vasco Español (BVE).

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Mural en recuerdo de Yolanda González pintado en el barrio bilbaíno de la Ribera de Deusto.

Mural en recuerdo de Yolanda González pintado en el barrio bilbaíno de la Ribera de Deusto.

En unos pocos meses, el próximo 2 de febrero, se cumplirán 35 años del secuestro y posterior asesinato a manos del ultraderechistas Emilio Hellín en Madrid de la joven estudiante bilbaína Yolanda González. Durante todas esas décadas, la historia que rodeó a la muerte de Yolanda, el juicio de los acusados, el periplo por las cárceles y fuera de ellas de su asesino -incluidas dos fugas de la prisión y la colaboración en materia de inteligencia con dictaduras latinoamericanas como la de Stroessner en Paraguay- ha sido truculenta. Pero también lo han sido los últimos capítulos de una historia, la de la dignidad de Yolanda González, que su familia se niega a enterrar. No parecen ser de la misma opinión algunas instituciones de este país, gobernadas por el PP.

Hellín fue condenado a 43 años de cárcel por el asesinato de Yolanda, aunque solo cumplió 14 finalmente. Y este especialista en el campo de las telecomunicaciones y la telefonía móvil usó la estratagema de cambiar de identidad tras obtener la libertad condicional para huir de su pasado. Y facturar desde su empresa para la que trabajaba como instructor -New Technology Forensics- al Ministerio del Interior hasta 140.000 euros por cursos dados fundamentalmente a guardias civiles -aunque también a algunos policías- gracias a los 15 contratos firmados entre 2006 y 2011, cuando los socialistas estaban en el poder,según precisó el Ejecutivo popular al destaparse el escándalo.

Esa al menos fue la información que se trasladó a los medios desde el actual Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz,  bastantes meses después de que una investigación periodística desvelara el 24 de febrero de 2013 que Emilio Hellín Moro respondía en realidad al nombre de Luis Enrique Hellín y que se dedicaba a realizar cursos de formación a diferentes policías.

Como declaró en junio del pasado año el hermano de Yolanda,  Asier González, en una entrevista en eldiarionorte.es, el Ministerio del Interior solo puso excusas primero y silencio, después. "Estuvimos reunidos con el jefe de gabinete del Ministerio del Interior el ocho de marzo [de 2013]. Al principio nos dijeron que no sabían nada, que se la habían colado. Como que había sido un despiste. Y sus palabras exactas fueron "No tenemos ningún interés"; las repitio varias veces. Se refería a que no tenía ningún interés en que esto quedase impune. Pero, visto el silencio desde entonces, al final no sabes si lo que no tienen es interés en remover la mierda".

La familia recuerda con orgullo las muestras de solidaridad de la sociedad, de los viejos amigos y amigas de Yolanda y las declaraciones institucionales que se aprobaron tanto en el Parlamento vasco -dado que Hellín, miembro del Batallón Vasco Español (BVE) cuando asesinó a González, también dio un curso de 45 horas a cuatro agentes de la Ertzaintza sobre obtención y análisis de datos almacenados en móviles y recuperación de datos borrados-. O las iniciativas mayoritarias en el Congreso de los Diputados. O la única vez que el ministro ha dado alguna explicación en la Cámara, a preguntas de la diputada de Amaiur Onintza Enbeita, en la sesión del 13 de marzo, menos de un mes después de que se destapara el escándalo.

Fernández Díaz aprovechó su intervención para situar los contratos en la etapa socialista y para cargar contra la izquierda abertzale. "Lo que lamento profundamente en relación con el hecho del que trae causa su pregunta es que se vincule a su grupo y a su persona con la reparación de la memoria de Yolanda González. No se merece ella que sea usted la que levante la bandera de su causa en esta Cámara", dijo entre aplausos, según recoge el acta de la sesión. "No se pueden pedir explicaciones por un contrato público y ls relaciones con un criminal convicto y confeso que ha cumplido condena hace 30 años, y simultáneamente arropar a terroristas de ETA".

Para nosotros es una anomalía inaceptable en democracia que este asesino confeso se dedique a dar cursos de formación a las distintas policías del Estado. (Asier González)

Posteriormente, en julio de ese mismo año, se volverían a reunir con el mismo jefe de gabinete, que amplió a la familia algunos datos del caso de las cursos impartidos por Hellín a agentes del orden. "Para nosotros es una anomalía inaceptable en democracia que este asesino confeso se dedique ahora a dar cursos de formación a las distintas policías del Estado", remarcó la familia tras el encuentro.

La pregunta que todo el mundo se hace desde entonces es cómo es posible que esto haya podido ocurrir durante tantos años en pleno siglo XXI. ¿Conexiones que perviven del viejo régimen franquista en los aparatos policiales? ¿Laxitud y falta de controles desde las instituciones? En cualquier caso, la maquinaria del control parlamentario del Ejecutivo no se paró con las explicaciones del ministerio, con un contenido abiertamente insuficiente tanto para la familia, como para la oposición. De hecho, prácticamente todos los grupos en el Congreso de los Diputados -PSOE, CIU, PNV, IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, entre ellos Amaiur, BNG y ERC- exigieron el pasado 21 de abril la comparecencia del ministro del Interior para que explicara "las actuaciones que ha llevado a cabo o está llevando a cabo para esclarecer el hecho de que un condenado por el secuestro y asesinato en 1980 de Yolanda González Martín haya mantenido contratos y colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sobre las responsabilidades que, en su caso, se deriven y las medidas que ha adoptado para evitar que casos como este vuelvan a producirse".

Pero el manto de silencio se mantiene. La cosa parece no haber cambiado. De hecho, la última iniciativa de control parlamentario en relación con este caso fue tumbada, según explican fuentes del Grupo socialista en la Cámara alta, por la Mesa del Congreso, el pasado 6 de mayo gracias a la mayoría de la que goza el PP. De nuevo los mismos grupos exigían que se esclarecieran los hechos que dieron lugar a esos contratos y las responsabilidades públicas que dichas contrataciones hubieran podido generar. El rodillo popular enterró la iniciativa, pero no la antorcha de la memoria de Yolanda González, que su familia, con su hermano Asier González a la cabeza, y sus amigos de lucha antifranquista mantienen encendida.

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