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El suicidio que despertó a España sobre los desahucios

Hace cinco años se suicidó Amaya Egaña, una exconcejal socialista guipuzcoana de 53 años, tirándose por la ventana de su piso en Barakaldo (Bizkaia) cuando la comitiva judicial que iba a desahuciar a su familia subía por la escalera

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Colectivos sociales de Barakaldo se concentran en recuerdo de Amaia Egaña y contra los desahucios. /G. A.

Colectivos sociales de Barakaldo se concentran en recuerdo de Amaia Egaña y contra los desahucios. /G. A.

9 de noviembre de 2012. En un ambiente de gran crispación por la crisis que había disparado los desahucios por impago de las hipotecas se suicidó Amaia Egaña tirándose por la ventana cuando la comitiva judicial que le iba a desahuciar subía por las escaleras del portal. Su muerte provocó tal conmoción social que forzó al Gobierno del PP a acelerar las medidas para paliar los efectos de los desahucios. Se trató de un desahucio atípico, de una familia con un perfil diferente al de la media de afectados. Pero la tragedia de Amaia sirvió para cambiar algunas cosas, además de despertar con brusquedad a España ante el drama de unos desalojos que muchas veces se viven en la soledad de los afectados.

A raíz del suicidio de Amaia, más de 20.000 personas salieron a la calle denunciando los recortes sociales y la vulneración del derecho fundamental a una vivienda. “Desde entonces muchas cosas han cambiado”, aseguran los representantes de la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa. Ese mismo año, las Plataformas antidesahucios recogían un millón y medio de firmas en todo el país (80.000 en Euskadi) en apoyo de una iniciativa legislativa popular que cambiase de raíz la legislación que estaba amparando que miles de familias perdieran su vivienda habitual y arrastraran deudas impagables de por vida.  

“Fueron ejecuciones hipotecarias basadas en cláusulas que hoy sabemos que eran abusivas, como la de vencimiento anticipado, que permitía por impago de una cuota exigirles la totalidad del préstamo y subastarles la casa”, denuncian. O como la de intereses de demora del 18% y más, o la cláusula suelo, o intereses como el IRPH, que hoy están siendo declarados abusivos y nulos. Los bancos se adjudicaban las viviendas por el 50% del valor de tasación y luego reclamaban y perseguían la deuda a los desahuciados.

La acción de las plataformas contra los desahucios combinada con la movilización social, la intermediación institucional, y la denuncia de cláusulas abusivas ha conseguido que la legislación, aunque lentamente, haya ido cambiando. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo ha denunciado la Ley Hipotecaria Española, el procedimiento de ejecución hipotecaria, o las cláusulas abusivas.

“Hoy, los bancos no se atreven a desahuciar, admiten aplicar la carencia durante cinco años en aplicación del código de buenas prácticas bancarias e incluso la dación en pago con alquiler social”, apunta STOP Desahucios Gipuzkoa.

Sin embargo, los desahucios por impago de alquiler han aumentado de forma espectacular. Así, siete familias son desahuciadas a la semana en la Margen Izquierda, cuatro de ellas de Barakaldo, donde vivía Amaia Egaña.

En concreto, desde ese 9 noviembre del 2012 se han ejecutado 1.158 desahucios en la localidad fabril. En los dos últimos años el 72% de los desahucios son viviendas en alquiler.

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