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El tribunal no acepta la nulidad del 'caso De Miguel' y el juicio se iniciará con la declaración de los testigos

El presidente de la sala, Jaime Tapia, avisa: "Incluso en el supuesto de que se excluyeran las grabaciones, tenemos una declaración de una persona que supuestamente ha tenido unas reuniones y esa prueba en principio nadie la ha tachado de irregular"

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El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia

El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia NURIA GONZÁLEZ

El juicio del 'caso De Miguel' se celebrará hasta el final. El tribunal que juzga el mayor sumario de corrupción destapado hasta ahora en Euskadi, compuesto por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, ha dado luz verde tras la vista de este jueves a la toma de declaración, por este orden, de más de 100 testigos y peritos y, a continuación, de los 26 imputados, por lo que rechaza las peticiones de nulidad general de todas las actuaciones formuladas por los abogados del grueso de los encausados, encabezados por Gonzalo Susaeta, defensor del que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel. 

Los letrados habían fijado como objetivo en esta fase de cuestiones previas de índole jurídica la anulación por irregulares de las grabaciones que aportó la denunciante, Ainhoa Alberdi, para denunciar que había sido chantajeada por De Miguel y otro dirigente del Araba Buru Batzar, Aitor Tellería, con el ánimo de que pagara una comisión por un contrato que había sido adjudicado a su empresa. Y, siguiendo la teoría de la fruta podrida, talar todo el 'arbol' en que se convirtió la investigación.

En sus alegaciones, el fiscal, Josu Izaguirre, ha rechazado que esas grabaciones -en las que se alude al pago de comisiones como algo "dentro de lo normal"- estén manipuladas y además ha reseñado que existen  más indicios contra los acusados aun en el caso de que no sirvieran como elemento probatorio. Una fruta mala no pudre todo un bosque, ha replicado gráficamente. 

El tribunal, según ha comunicado Tapia a las partes, es de la misma opinión:  "Incluso en el supuesto de que se excluyeran las grabaciones, tenemos una declaración de una persona que supuestamente ha tenido unas reuniones y esa prueba en principio nadie la ha tachado de irregular". Tapia ha asegurado que más que la "nulidad" de algunas pruebas se debería discutir su "fiabilidad" y ha planteado resolver estas disquisiciones jurídicas en la sentencia final y no de antemano. Lo mismo ocurrirá con las peticiones de algunos imputados en torno a la posible prescripción de algunos delitos de los que se les acusan.

Es una situación similar a lo que ha ocurrido en el 'caso Palau', la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha desmontado la trama de cobro de comisiones en torno a Convergència pero en la que también hay algunas salvedades por cuestiones técnicas que han llevado, por ejemplo, a que queden exonerados los empresarios de Ferrovial que pagaron a los dirigentes convergentes. Un letrado, tras la vista, ha señalado a este periódico que la resolución de la sala les ofrece pocas esperanzas de que se vayan a aceptar en la sentencia prescripciones o nulidades. Sea como fuere, estas cuestiones quedarán plasmadas en un auto que se emitirá en las próximas semanas.

Todas las partes sí han llegado a un consenso para ordenar el desarrollo del juicio. Como propusieron las defensas y ha aceptado de buen grado la Fiscalía, los imputados comparecerán después de los testigos. Así, cuando el 19 de febrero se reanude el juicio con las declaraciones, los primeros en desfilar serán los ertzainas adscritos a la investigación y, sobre todo, la denunciante, Alberdi, de quien se espera que ratifique sus duras acusaciones contra De Miguel, Tellería y el resto de acusados. Son un total de 113 testigos, 10 testigos-peritos y 19 peritos, por lo que se antoja imposible conocer cuándo declararían los imputados en caso de que decidan hacerlo y no acogerse a su derecho a guardar silencio. En todo caso, será en torno al verano o a la vuelta, ya que las últimas semanas habilitadas (en octubre) están reservadas para la exposición de conclusiones por parte tanto de la Fiscalía como de los defensores.

Para hacer operativo un proceso de tanta duración en el que los imputados no tienen que tomar la palabra hasta dentro de varios meses, la sala ha autorizado a todos ellos a que se ausenten de las declaraciones de testigos e imputados siempre que lo deseen. Entre los letrados también se fijará un sistema de sustituciones que permita a los togados delegar en algún colega en caso de tener problemas de agenda o simplemente por ahorrarse un desplazamiento (algunos tienen el despacho en Barcelona).

"Los únicos que somos insustituibles somos nosotros", ha bromeado Tapia sobre el tribunal. Por ello, ha anunciado ya la suspensión de dos sesiones en febrero (los días 21 y 28) ante la necesidad de acudir a otros juicios. Se da la circunstancia de que  el Consejo General del Poder Judicial ha accedido a enviar a la Audiencia Provincial de Álava dos magistradas de refuerzo pero una de ellas, Ana Jesús Zulueta, se tendrá que inhibir en todos los expedientes procedentes de su anterior destino, Instrucción 2, y la otra compatibilizará sus nuevas funciones con sus tareas actuales al frente de la sala de Menores. Entre quienes han participado desde 2010 la investigación del 'caso De Miguel' existe cierto malestar porque se haya dotado ahora con medios materiales y humanos al Palacio de Justicia y no en el momento clave de la instrucción, que fue dirigida por el magistrado Roberto Ramos.

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