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Ciudadanos intenta salvar el pacto con el PP pese a los desplantes del Gobierno

La sintonía entre ambos partidos se ha ido estos días diluyendo ante los cambios de criterio del Gobierno y del PP

Las negociaciones para acordar el techo de gasto van lentas y en Ciudadanos han tenido que aceptar la palabra de Montoro de que no prescribirá la amnistía fiscal

El aviso de los populares de que revisarían su promesa de echar a los imputados de sus cargos tras la inesperada muerte de Barberá hizo saltar todas las alarmas en el partido naranja

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El PP y C's se enzarzan por el pacto anticorrupción que firmaron y cuándo hay que apartar a un político

El pacto entre el PP y Ciudadanos vive momentos difíciles

Albert Rivera está comprobando cómo el buen entendimiento y la influencia que hasta ahora mantenía su partido con el Gobierno y el PP es mucho más frágil de lo que parece.  Hasta el punto de que a lo largo de estos días han sido varias las advertencias que han tenido que lanzar los de Rivera a los conservadores ante los cambios de criterio del Gobierno. Pese a los desplantes sufridos, Ciudadanos no desiste y quiere encauzar el pacto como sea.

Algunas de las medidas contenidas en ese pacto, como echar a los imputados por corrupción; la devolución de lo perdonado en la amnistía fiscal;  la exigencia de recortar más de 1.000 millones en 'chiringuitos políticos', o invertir 5.000 millones en políticas sociales, han sido puestas en tela de juicio, lo que ha provocado gran inquietud en el partido naranja.

Los problemas empezaron a surgir la semana pasada, tras la inesperada muerte de Rita Barberá. Los populares entonces pusieron en cuestión una de las medidas anticorrupción más destacadas del pacto: apartar de sus cargos a los imputados o investigados. Las acusaciones vertidas por el portavoz popular, Rafael Hernando, sobre los que a su juicio habían emprendido "una cacería" contra la senadora valenciana, cayeron muy mal en Ciudadanos.

José Manuel Villegas, vicesecretario general del partido, se apresuró a replicar que "donde Ciudadanos sea decisivo, este criterio [de expulsión de los cargos imputados] se va a mantener". Dicho eso, dejó claro que si el PP decidiera incumplir ese punto u otro del acuerdo de investidura su partido "entendería que el pacto se ha roto y que el PP no es un partido fiable".

A ello se ha sumado la exigencia de que el Gobierno cumpla con otra de las promesas estrellas del pacto: la devolución del dinero no recaudado por la amnistía fiscal que decretó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012 y de la que se beneficiaron destacados personajes como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Jordi Pujol o Francisco Granados. El partido de Rivera cifra la cantidad que se ha dejado de recaudar con ese perdón en 2.800 euros. El plazo para que prescriba el caso se cumple este miércoles.

La 'jugada' de Montoro ha sido enviar a los beneficiarios de ese perdón una carta advirtiéndoles de que no hay caducidad sobre ese procedimiento y que, por lo tanto, no se paralizan los posibles delitos fiscales. 

Aunque al principio esto no calmó a los de Rivera, finalmente han tenido que plegar velas y aceptar la promesa del Gobierno de que se seguirá demandando el dinero. "Ciudadanos no va a permitir que este asunto caiga en el olvido", se apresuró a advertir la diputada Melisa Rodríguez.

Precisamente este martes, durante el debate de una moción sobre este asunto del partido naranja, sus dirigentes han intenado dar un paso más para reconducir la sintonía con el Gobierno. Los de Rivera no han aceptado añadir una enmienda del PSOE para publicar los nombres de los beneficiarios de esa regularización fiscal, una medida a la que siempre se ha negado Montoro. La moción ha salido adelante con los votos de la mayoría de los partidos aunque con la abstención del PP, una postura que ha sentado muy mal en la formación de Rivera y por la que han anunciado que pedirán explicaciones.

Si el Gobierno obedece al mandato parlamentario, ya no se trataría de recuperar lo no cobrado por los bienes aflorados en la amnistía fiscal, sino de inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes en estos años no prescritos, esto es, de 2012 a 2015.

La disyuntiva era aceptar la palabra del ministro o no sentarse a negociar los presupuestos, un extremo al que no quieren llegar los dirigentes de Ciudadanos que pretenden que sus votos sean decisivos para que se incluyan partidas económicas para sus propuestas sociales.

Sin embargo, otro de los escollos con los que se están topado es la lentitud en las negociaciones para acordar el techo de gasto, que este viernes aprueba el Consejo de Ministros y que rondará los 118.000 millones.

Ciudadanos hasta ahora ha advertido al Gobierno de que no contará con su apoyo si incumplía la inversión de 5.000 millones en políticas sociales "que permitan reactivar el empleo y cubrir el déficit de las clases medias". "Cada día que pasa, somos menos optimistas de que esto salga", reconocía el secretario general del grupo, Miguel Gutiérrez. Pero eso tampoco parece ahora ser motivo para romper el pacto.

De hecho, la diputada Melisa Rodríguez se ganó el otro día una desautorización de su propio partido por anunciar en rueda de prensa que el Gobierno había aceptado aprobar un techo de gasto para 2017 superior al de 2016, que fue de 123.394 millones de euros. La diputada canaria también aseguró que el Ejecutivo se había comprometido a recortar en 1.000 millones el gasto en "chiringuitos políticos".

El anuncio no solo fue desmentido por su propio partido sino también por Mariano Rajoy . "Todo el mundo dice muchas cosas", replicó el presidente del Gobierno en el Senado con desdén.

Dentro de Ciudadanos achacan esas 'disfunciones' al hecho de que no se haya designado un equipo negociador y se esté discutiendo cada partida por separado con cada ministerio, por una parte con Economía, y por otra con Hacienda.  Dos departamentos en los que la sintonía entre sus titulares, De Guindos y Montoro, brilla por su ausencia.

En Ciudadanos de momento piensan que Rajoy, pese a las exigencias de Bruselas, mantendrá su promesa de no subir el IVA ni el IRPF para cumplir el objetivo de déficit público del próximo año, que según la Comisión Europea rondará los 7.700 millones de euros. El Gobierno, por ahora, solo ha dejado caer que no descarta aumentar algunos impuestos indirectos, como el de hidrocarburos, o reclasificar el IVA.

Como contraste a estas dificultades, Ciudadanos pone de relieve algunos avances, como la Ley de Autónomos a la que el Congreso daba el visto bueno este martes.

La aprobación de esta ley,  así como la paralización de la LOMCE a cambio de un pacto educativo, dos de los puntos contenidos en el pacto de investidura, es para los de Rivera "una muestra de que esta legislatura puede ser más fructífera de lo que muchos esperaban". Aunque sea a base de cesiones.

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