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Un exconsejero asturiano del PSOE, condenado a seis años de cárcel por prevaricación, fraude y cohecho

La Audiencia Provincial condena a José Luis Iglesias Riopedre, tras de seis años de proceso, junto a su 'número dos', a una funcionaria y a dos empresarios

La sentencia considera probado que se amañaban contratos para la compra de material de oficina y se recibían comisiones por su adjudicación

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El exconsejero de Educación del Gobierno socialista de Asturias durante el juicio por prevaricación, fraude y cohecho

El exconsejero de Educación del Gobierno socialista de Asturias durante el juicio por prevaricación, fraude y cohecho

El ex consejero de Educación del Gobierno de Asturias entre 2003 y 2010, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado este viernes a seis años de cárcel y una multa de 400.000 euros, además de a la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años, en el llamado 'caso Renedo'. La Audiencia Provincial lo considera autor de un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental mercantil y uno más continuado de fraude y cohecho a la Administración pública.

La sentencia, que se ha dado a conocer esta mañana y puede ser recurrida, también condenada a su 'número dos' en el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. El tribunal considera a la antigua directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la citada Consejería, María Jesús Otero Rebollada, culpable de los mismos delitos que su exjefe y le impone una pena de nueve años y seis meses de prisión. La entonces funcionaria Marta Renedo Avilés ha recibido también una pensa de nueve años de prisión y una multa de 480.000 euros.

Los otros dos grandes protagonistas en el mayor caso de corrupción detectada en Asturias durante la presidencia del socialista Álvarez Areces son dos empresarios. Alfonso Carlos Sánchez Sánchez y Víctor Manuel Muñiz Menéndez estaban vinculados a las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, A. S., y se lps condena a seis años y medio de cárcel a cada uno y multas de 1,9 y 1,5 millones de euros respectivamente. El tribunal considera probados los delitos de malversación de fondos públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la Administración regional.
Estas empresas, ahora en quiebra, abastecían de material de oficina y papelería a la Administración regional y varios consistorios asturianos.

Otros dos acusados, Antonio José Azorín Iglesias y Francisco Javier Juárez González, han sido condenados un año de prisión y cinco meses de multa con 12 euros de cuota diaria.

El fallo absuelve a Braulio Iglesias Menéndez, José Manuel Blanco Fernández, José Villa Cantero, Isaac Ovies García y María Paz Rodríguez Pendas.

Esta trama corrupta se dio a conocer en febrero de 2010, el mismo año que Riopedre presentó su renuncia al cargo por motivos de salud. El caso salió a la luz gracias durante la investigación de otro supuesto caso de corrupción, el de la ex jefa de servicios de procesos administrativos del Principado, Marta Renedo Avilés, por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a una empresa de su propiedad, Implans Mounts.

Esta exfuncionaria también había facturado numerosos contratos tanto Igrafo como a Almacenes Pumarín, por lo que se estableció la vinculación con la Consejería de Educación en el período en el que estaban al frente Iglesias Riopedre y Otero.

Desde la Administración, según la sentencia, se amañaban y se recibían comisiones por adjudicar contratos, en este caso, para la compra de material de oficina. Los encargados de la trama eran altos cargos de la Administración. En el caso concreto de exconsejero de Educación era el miembro del Gobierno que más ganaba, aunque no hacía signos de ostentación, al igual que su mano derecha María Jesús Otero, conocida por su austeridad en la vestimenta y modo de vida.

La Fiscalía pedía 32 años de cárcel para los tres principales imputados y más de nueve millones en multas. El juicio comenzó en abril de 2016 con 13 acusados. Se ha podido demostrar que los delitos arrancaron en 2001 y en el caso de la funcionaria Marta Renedo los métodos fraudulentos la llevaron a crear su propia empresa, en 2008, a la que adjudicó hasta 38 contratos, por un importe cercano a 1,4 millones de euros.

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