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El juez del mayor caso contra el P2P, contratado como profesor por los abogados de las discográficas

Folleto del Máter propio de Propiedad Intelectual de la UAM

Juan Luis Sánchez

El juez Enrique García García, que instruye el caso de las grandes discográficas contra el desarrollador informático de programas de descargas P2P Pablo Soto, es profesor del Máster de Propiedad Intelectual que coordinan los abogados de las multinacionales demandantes en la Universidad Autónoma de Madrid.

El director del Máster es Rodrigo Bercovitz, dueño del bufete Bercovitz-Carvajal, que representó a las discográficas Warner Music, Universal, EMI, Sony y a Promusicae en el jucio contra Soto, al que reclaman 13 millones de euros por daños y perjuicios. En diciembre de 2011, una sentencia de la magistrada del juzgado mercantil número 4 de Madrid desestimaba la denuncia, declaraba inocente a Soto y condenaba a las discográficas a cubrir las costas judiciales. Los demandantes han recurrido y el proceso sigue abierto, ahora en manos del juez García de la Audiencia Provincial de Madrid, al que pagarán por impartir clase con el proceso aún en curso, aunque éste ha pasado ahora a las manos de otro bufete, el Sol Muntañola.

En el listado de profesores contratados para impartir el Máster hay otros nombres muy relacionados con el juicio más mediático y polémico del Internet español. Están Javier de Torres y Alfonso González, también socios del bufete Bercovitz, y los dos letrados que trabajaron en el caso día a día en la anterior fase del jucio.

También está José Luis Sánchez Álvarez, director de los servicios jurídicos de Universal Music y que testificó como representante de la compañía discográfica ante el tribunal. Tres de esas empresas (Sony, Universal y Warner) aparecen también como colaboradoras en el folleto del máster, cuya matrícula asciende a 8.500 euros y donde pueden encontrarse dos puntos del programa muy relacionados con el tema del jucio:

  • 7. Las plataformas de intercambio P2P
  • 8. Movimientos libertarios:Free Software, Creative Commons,Copyleft. Obras huérfanas.

El debate sobre la compatibilidad del ejercicio de la judicatura y las relaciones profesionales con lobbies políticos o económicos no es nuevo. El pasado domingo, el exmagistrado Baltasar Garzón, en una entrevista al programa Salvados de Jordi Évole, denunciaba que “la justicia está llena de corruptelas que nadie se atreve a denunciar” y ponía como ejemplo concreto la participación “en conferencias o cursos que están organizados por bufetes de abogados” porque “no es de recibo que se participe en conferencias organizadas por bufetes de abogados que luego llevan esos asuntos”.

Los abogados de Soto denuncian instrucciones a los peritos

Los abogados de Pablo Soto denuncian que entre la documentación oficial de los demandantes figura un escrito de conclusiones del juicio presentado por las demandantes en el que por error se mantenían determinadas notas en las que “parecían darse instrucciones a los peritos sobre lo que debían contestar, lo que tenían que omitir e incluso las excusas y justificaciones que debían dar a las preguntas de los letrados del demandado”.

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