La UE escenifica su división en política migratoria con el desembarco del Aquarius

La división entre los países de la Unión Europea (UE) en política migratoria quedó patente una vez más este lunes, cuando España se ofreció a recibir al barco Aquarius con 629 inmigrantes a bordo, después de que Italia y Malta rechazaran su acogida.

Se trata del último de una larga saga de episodios que ponen de manifiesto las distintas visiones en la UE en materia de inmigración, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea por avanzar en ese ámbito, con una propuesta de reforma del sistema europeo común de asilo que lleva bloqueada desde hace dos años.

Una semana antes del incidente del Aquarius, Austria, donde gobierna la ultraderecha, y Dinamarca anunciaron que estudian la creación de centros de asilo en países fuera del territorio comunitario.

La Comisión Europea se ha mostrado cauta hacia esta idea, limitándose a señalar que es “preferible y más eficaz” que los países de la UE actúen unidos en política migratoria en lugar de hacerlo con iniciativas nacionales.

El principal desencadenante de los cambios legislativos propuestos en materia de inmigración fue la crisis de los refugiados de 2015, cuando cerca de un millón de personas entraron en la UE, muchos huyendo de Siria.

La llegada masiva de esos flujos sobre todo a Italia y Grecia obligó a improvisar un sistema temporal de reubicación (reparto de demandantes de asilo dentro de la UE) y otro de reasentamiento (acogida de refugiados desde terceros países), que abrieron el debate sobre el futuro de la política migratoria.

El objetivo de la reforma que planteó a continuación Bruselas es dotar a los Veintiocho de un mecanismo permanente para responder a las oleadas migratorias en caso de emergencia, evitando que unos pocos países asuman el exceso de la carga.

Para ello propuso un mecanismo obligatorio de reparto de cuotas de refugiados, que fue acogido con frialdad por la mayoría de Estados, en particular por el llamado grupo de Visegrado, que incluye a Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia.

Después de dos años y medio de negociaciones y sin avances en los puntos más conflictivos, el asunto llegó a la cumbre europea del pasado diciembre, donde el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su carta de invitación a los líderes criticó el fracaso de las cuotas de demandantes de asilo.

Tusk dijo en particular que es una cuestión que “divide” a los Veintiocho y consideró que hay que debatir su eficacia, una posición que el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, llegó a tildar de “antieuropea”.

Pese a los escollos que todos reconocen, el pasado diciembre los líderes de la UE expresaron su voluntad de cerrar la reforma del sistema de asilo común este junio.

Con ese objetivo, la presidencia semestral de la UE, que ejerce Bulgaria, intensificó los contactos en los últimos meses y preparó un borrador de propuesta que fue debatido el pasado 5 de junio en un Consejo de ministros de Interior.

En la reunión, los países constataron que aún están lejos de un pacto en este ámbito, hasta el punto de que el secretario de Estado belga para el Asilo y la Inmigración, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, llegó a decir que la reforma del sistema de asilo “está muerta”.

La propuesta búlgara planteaba tres escenarios para repartir la carga migratoria, en función de que las circunstancias que concurran sean “normales”, complicadas o se trate de una “crisis severa”.

Sin embargo, no preveía cuotas obligatorias de refugiados y permitía en su lugar, bajo ciertas condiciones, tomar otras medidas distintas para ayudar, por ejemplo asignando fondos de ayuda o aportando expertos.

El vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, dijo que ese documento “penalizaría de nuevo” a su país y anunció que Italia no lo apoyaría.

Avramópulos admitió en esa reunión de principios de junio que todavía podría retrasarse el acuerdo en inmigración en la UE, aunque precisó que si las conversaciones se prolongan unas semanas “no será el fin del mundo”.

Queda por ver de qué manera se abordará el tema en la próxima cumbre europea del 28 y 29 de junio y si los líderes conseguirán algún avance en ese ámbito.

Por Marta Borrás