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Elecciones de 1977: el formateo de una democracia incompleta

Los principales gestores del régimen de 1978 se han afanado en convertir en oficial un relato edulcorado y desinformado acerca de regreso de la democracia en España

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¡Viva la democracia!

Caravana de propaganda electoral de la "Federación Democracia Cristiana" (FDC) el último dia de campaña electoral para las elecciones generales a Cortes Constituyentes, en 1977. EFE

Cuando el 19 de noviembre de 1933 se abrieron los colegios electorales para recoger los votos de unas elecciones generales, había una novedad trascendental entre el electorado: mujeres. Aquellos comicios fueron los primeros que se celebraron en España con sufragio universal, nuestras primeras elecciones generales democráticas. En la portada del ABC del 22 de noviembre de ese año puede verse una foto de cuatro mujeres junto a una urna, acompañadas de un titular que dice: "El enorme triunfo de las derechas y la actuación electoral de la mujer". Así fue la Segunda República, un periodo democrático con victorias electorales de ideologías diferentes y participación sin restricciones de género.

La muerte del dictador Francisco Franco abrió un proceso en el que se podía recuperar la democracia y las élites franquistas decidieron ocultar que nuestro país ya había hecho la transición durante los años treinta del siglo pasado. Se trataba de seguir escondiendo que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 asesinó una democracia, y de apartar del debate político la posibilidad de volver a ser un estado republicano. Por eso la academia y los medios de comunicación bautizaron el proceso como una transición, como si fuera la primera vez que nuestra sociedad se disponía a acercarse con una papeleta en la mano a unas urnas democráticas. El segundo objetivo era preparar una asociación entre el regreso de la monarquía y el inicio de la democracia, una forma de consolidar la jefatura del Estado de Juan Carlos de Borbón y escenificar una estrenada lejanía de sus estrechos vínculos con el dictador.

Otro objetivo era crear una enorme puerta giratoria por la que buena parte de la élite de la dictadura entrara en la democracia sin perder su estatus, con el falso relato de que eran una especie de demócratas infiltrados en el franquismo que ya estaban trabajando por las libertades desde dentro. Todas estas operaciones políticas necesitaban un Parlamento en el que no se dieran discrepancias y de forma mayoritaria fuera aceptada esa operación transición.

Así que el Gobierno se puso manos a la obra. El ministro de la Gobernación (hoy de Interior), Rodolfo Martín Villa, fue el encargado de legalizar a unos partidos políticos y no hacerlo con otros. Quienes no iban a poder tener una papeleta en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 fueron quienes se negaron a renunciar a la defensa de un Estado republicano o/y a una amnistía para los violadores de derechos humanos de la dictadura. Fue el caso de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, que en las últimas elecciones democráticas antes de la dictadura obtuvo el 18,4% de los votos. Cuando presentó la documentación para legalizarse la respuesta del Gobierno fue que no podían aceptarlo "por ser contrario a la forma de Estado". ¿Qué forma de Estado tenía España en la primavera de 1977 cuando no se había aprobado una Constitución que la definiera?

"Siguen sin legalizar más de veinte partidos de extrema izquierda", titulaba el diario El País, el 4 de agosto de 1977, más de mes y medio después de celebradas las elecciones. Para entonces el Parlamento que habían prediseñado las élites franquistas ya estaba en marcha. Dentro, un PCE que había renunciado a la reivindicación de la república o una Esquerra de Catalunya que no pudo presentarse con su verdadero nombre, Esquerra Republicana de Catalunya.

Así se diseñó ese Parlamento del que se iban a secuestrar dos grandes debates: el modelo de Estado, si debíamos volver o no a la república democrática destruida por el franquismo; y si los responsables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura debían ser juzgados o apartados de la vida política democrática. La primera ley que aprobó ese Parlamento fue la de amnistía, que blindaba a las élites franquistas de cualquier responsabilidad penal y que todavía hoy lo hace. En cuanto a la república, hemos conocido recientemente la afirmación del que fuera presidente, Adolfo Suárez, de que no plantearon un referéndum acerca de la monarquía porque podían haberlo perdido.

Así se formateó el disco duro de lo que hoy se conoce como régimen de 1978. Sus principales gestores se han afanado en convertir en oficial un relato edulcorado y desinformado acerca de regreso de la democracia. En la principal literatura académica o en la formación universitaria de científicos sociales, estas restricciones democráticas de las primeras elecciones ni se mencionan. Así se ha construido la idea de que la Transición fue como fue porque nadie pidió otra cosa, sin aclarar que nadie pudo llegar al Parlamento que reclamara otras cosas.

"A cuarenta años de las primeras elecciones democráticas, España mira al pasado en libertad". Con esta frase se iniciaba la voz en off del reportaje especial del programa Informe Semanal, de TVE, para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977. Negando la existencia de un pasado democrático, anterior a la dictadura, los gestores del ente público, han vuelto a apuntalar el mito de la Transición, escondiendo la realidad de lo que fueron los temerosos años que sucedieron a la muerte de Franco.
Tanta insistencia y empeño ponen las élites en que se desconozca la Transición real, que el acto celebrado el pasado viernes en el Congreso de los Diputados para conmemorar aquellas elecciones estuvo encabezado por Rodolfo Martín Villa, el ministro franquista que en 1977 censuró e ilegalizó las libertades públicas y la pluralidad de ideas, que es la base de la democracia.

El secuestro de debates fundamentales en aquella legislatura, la institucionalización de silencios y los estrechos márgenes ideológicos de aquel Parlamento han marcado el desarrollo posterior de este periodo democrático. Durante casi tres décadas el debate acerca de la monarquía o la república ha sido un tabú. La impunidad construida en aquellos años se ha institucionalizado hasta convertirse en un hábito que corrompe las instituciones, erosiona el ejercicio de la democracia y obstaculiza la separación de poderes; también la corrupción económica que era el propio ser de la economía en el franquismo sigue tan impune como entonces.

El uso del relato idílico de la Transición ha servido para blanquear biografías de franquistas, ha embellecido y exagerado el papel de la monarquía en el regreso de la democracia, además de desvincular la figura de Juan Carlos de Borbón de la del dictador Francisco Franco. Paralelamente, en ese relato/retrato oficial no están las mujeres y los hombres que lucharon contra la dictadura, que se sacrificaron y sufrieron por el regreso de la las libertades. En las últimas décadas han muerto en silencio, lejos de la opinión pública, sin el reconocimiento que merecen, expulsados del marco. De ello se han encargado todos los que usaron los años posteriores a la dictadura para blanquear sus biografías. Los grandes medios y la academia han marginado a los luchadores antifranquistas porque eran testigos de la parte franquista de las biografías de muchos dirigentes, académicos, periodistas y miembros de la élite que ha gestionado este país antes y tras la muerte del dictador.

El regreso de la democracia fue un proceso extremadamente difícil, con una enorme violencia social que causó más de 500 ¿muertos? por causas políticas. El himno "oficial" de la transición, Libertad sin ira, decía en su estribillo "guárdate tu miedo y tu ira". Pero ni quienes sufrieron la brutal represión de la dictadura pudieron guardarse su miedo; ni la derecha franquista, que no tuvo ninguna restricción para acudir a las elecciones de 1977, guardó su ira.

La fragilidad de la cultura democrática en España tiene que ver con el perfil político de quienes pilotaron su regreso. Lo hicieron sin memoria, sin incorporar el antecedente de la Segunda República, con los intereses de una élite que no había tenido escrúpulos para medrar en una dictadura y que con esos principios ocupó el poder democrático. Por esa razón no tenemos una comisión de Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados, formamos un Estado constitucionalmente aconfesional que otorga enormes privilegios y dividendos a la Iglesia católica y mantenemos el Registro de Asociaciones en la sede del Ministerio del Interior, como si las personas que deciden asociarse fueran previamente sospechosas de algo.

Una democracia frágil que debe fortalecerse con un relato real de su pasado, no con la versión de quienes querían esconder su pasado embelleciendo su presente. Y así rendiremos un merecido homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron y mantuvieron principios democráticos gracias a quienes yo puedo escribir libremente estas palabras.

Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

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