El Gobierno propone a Teresa Peramato como fiscal general del Estado

El Gobierno propondrá a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo Teresa Peramato como fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz. Es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. En enero de este año fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Antes había sido desde 2021 fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer. Fuentes del Ministerio de Justicia explican que Peramato “tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género” y “es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia”.

Asumirá el cargo en sustitución de García Ortiz, que renunció al puesto tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de información reservada sobre su fraude fiscal. Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también pertenecían sus tres predecesores en el cargo, y que ha celebrado su nombramiento por su “dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo”. El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso para su nombramiento a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera fiscal en el año 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en mayo de 2005. En 2010 fue designada Fiscal Adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

Es la cuarta máxima representante del Ministerio Público nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista colocó a María José Segarra al frente de la Fiscalía entre 2018 y 2020. Después situó a Dolores Delgado (2020-2022) y, por último, a García Ortiz (2022-2025). Será la cuarta mujer que llega a este puesto. Precisamente el fiscal general saliente fue el padrino de Peramato en su toma de posesión ante el Tribunal Supremo junto con María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de ese tribunal y fiscal general interina tras la renuncia de García Ortiz.

Antes de su nombramiento definitivo, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.

El Ejecutivo anunció la semana pasada que había puesto en marcha el proceso para designar un nuevo fiscal general. El objetivo era activar la sustitución con premura para dar una imagen de absoluta normalidad institucional. En todo caso, hasta la toma de posesión de Peramato, la responsabilidad sigue recayendo de forma interina sobre la 'número dos' del Ministerio Público: María Ángeles Sánchez Conde. Es la teniente fiscal del Tribunal Supremo que ha defendido la inocencia de García Ortiz en esta causa. 

La asociación mayoritaria pide “recuperar la imagen” de la Fiscalía

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha celebrado el “imprescindible relevo” de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al tiempo que ha pedido a su sucesora a trabajar para “recuperar la imagen” de “imparcialidad” de la institución. La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece Peramato, ha aplaudido su nombramiento en un “momento delicado” para la carrera fiscal que requiere de la “preservación de la confianza pública”. “Teresa Peramato encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes de esta carrera para ser una magnífica fiscal general del Estado”, afirman en un comunicado en el que destacan también que su “acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”.

“Su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”, señala la UPF. “Como Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y, más recientemente, como Fiscal de Sala Delegada para la Protección de las Víctimas, ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo”.