La Audiencia Nacional trunca la ofensiva de Ayuso contra la reforma judicial de Bolaños

Revés judicial para Isabel Díaz Ayuso en su intento de torpedear la ley de eficiencia, la reforma que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. La Audiencia Nacional ha desestimado de plano un recurso del Gobierno de la Comunidad que exigía que se condenase al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a poner en marcha “mecanismos” específicos para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma y, así, poder reclamar después los posibles sobrecostes. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha recurrido esta decisión.

El Ejecutivo regional acusó al departamento que dirige Félix Bolaños de vulnerar el “principio de lealtad institucional” por no haber puesto en marcha esos mecanismos. El recurso se enmarca en la batalla emprendida por la Comunidad de Madrid contra esta reforma del Ejecutivo, que califica de “ideológica”.

Las magistradas de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideran que la normativa no recoge ninguna “obligación positiva y concreta” que permita exigir al Ministerio ese procedimiento. Fuentes de Justicia afirman que sí se ha realizado un cálculo de costes de la implantación de la ley y que ha transferido 325 millones de euros a las 12 comunidades con la competencia transferida para financiarla, de los que 50,5 han ido a parar a la Comunidad de Madrid. 

En el Ejecutivo regional, sin embargo, consideran que la estimación realizada por el departamento de Bolaños es “totalmente irreal” debido, precisamente, a la ausencia de mecanismos para valorar el impacto de su aplicación a lo largo del tiempo.

“La Comunidad de Madrid pide que se cuantifique el coste real y se arbitren los mecanismos de compensación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, sostiene un portavoz, que defiende que esos 325 millones, que proceden de los fondos europeos, están destinados “exclusivamente a la digitalización de la Justicia en España, no a la implantación de la Ley de Eficiencia”.

Ahorro a futuro

En su resolución, las magistradas confirman que el ente competente para evaluar el impacto de las medidas legislativas del Estado es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano superior de coordinación entre el Estado y las autonomías y donde se debaten presupuestos, deuda, inversión pública y la financiación autonómica. Y que, en consecuencia, es este órgano el encargado de establecer las posibles compensaciones, lo que “implicaría modificar, a su vez, el sistema de financiación para el siguiente quinquenio”.

La resolución afirma, además, que esa valoración que se hace cada cinco años ha de analizar “todos los elementos computables”, porque cuando se trata de una medida legislativa, el impacto que esta puede tener en las finanzas autonómicas puede ser negativo, pero también positivo por los posibles ahorros que se puedan generar a futuro. 

El Ministerio estimó los costes que suponía la implantación de la ley en 15,2 millones de euros para el conjunto de comunidades con competencias en materia de Justicia. En lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, ese coste era de 2,4 millones: 196.400 euros en gastos de personal y 2,2 millones en gastos de adecuación de espacios. Las fuentes ministeriales consultadas afirman que también se hizo una previsión del ahorro que el nuevo modelo organizativo supondría para las comunidades autónomas en los diez años posteriores a la implantación y que se ha estimado en más de 290 millones de euros. En el caso madrileño ese ahorro se estima en más de 47 millones de euros.

La Comunidad de Madrid insiste, sin embargo, en que la ley no refleja el coste de la implantación para las comunidades relacionado con las obras en las sedes judiciales, la señalética, traslado de material y, sobre todo, el personal. “Por ejemplo, la nueva sección de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia requiere jueces, fiscales, funcionarios y nuevos espacios que pagaremos, cuyo coste no ha cuantificado la ley. Además, solo los costes de personal por la implantación de esta ley supondrán 15 millones de euros más al año a la Comunidad de Madrid que tampoco tiene en cuenta el Ministerio”, insiste un portavoz.

El recurso interpuesto forma parte de la estrategia de la Comunidad de Madrid para oponerse a esta reforma impulsada por el Ejecutivo. El pasado mayo, durante su intervención en el acto de presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia, Ayuso afirmó que esta norma “supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”. 

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

El Ministerio y las autonomías con la competencia transferida —la Comunidad de Madrid, entre ellas— pactaron el pasado diciembre mantener el modelo y la implantación progresiva en tres fases durante 2025 (junio, septiembre y diciembre), aunque con “cierta flexibilidad”.

Incidencias con la implantación

A pesar de ese acuerdo, la implantación no ha estado exenta de incidentes. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que “los procedimientos y causas pendientes estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes”.

Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones, lo que deriva en suspensiones de juicios y retrasos procesales. 

Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos.