PP y Vox rechazan impedir actos que enaltezcan el franquismo en Balears y apelan a la “libertad de expresión”

El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.

Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.

Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.

En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.

Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.

Reconocimiento de las asociaciones de víctimas

Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.