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La cuestión prejudicial, nuevo episodio del choque entre la Audiencia y el TC por los ERE

La Audiencia de Sevilla plantea una cuestión prejudicial a la Justicia europea por los ERE
Sevilla —

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Sevilla, 15 jul (EFE).- La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un episodio más del choque entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.

En la pieza política de la macrocausa de los ERE la Audiencia condenó a ex altos cargos socialistas de la Junta, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenas ratificadas por el Supremo, aunque el Constitucional concedió amparo a la mayoría de procesados y ordenó a la Audiencia que dictara nuevas sentencias.

Más de una década después de que este caso llegara a los tribunales, la Audiencia sevillana eleva a la justicia europea sus discrepancias con la corte española de garantías, intérprete supremo de la Constitución pero que no forma parte del Poder Judicial.

Este procedimiento prejudicial se utiliza en los casos en que la interpretación o validez del Derecho de la UE está en cuestión, y cuando un órgano jurisdiccional ve necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo o cuando no exista jurisprudencia en el Derecho nacional.

Suplantación de la función del Supremo

En el auto conocido este martes, la Sección Primera de la Audiencia sevillana señala que el Constitucional podría haber irrumpido en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantado la función del Supremo como máximo intérprete de la ley y, como consecuencia de ello, ocasionar “un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias”.

También exponen los magistrados que las sentencias del Constitucional imponen “una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción” y generarían “un evidente espacio de impunidad en la persecución de la corrupción”.

El tribunal suspende la tramitación de la causa “en lo que se refiere a la ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias” del TC “hasta obtener la respuesta demandada” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nueva sentencia pendiente de los ERE

El amparo otorgado por el TC, que conllevó que se anulara la pena de cárcel a condenados como el expresidente andaluz José Antonio Griñán y que se rebajara el castigo a Manuel Chaves, implica que la Audiencia de Sevilla tenga que dictar una nueva sentencia sobre los ERE que respete el derecho fundamental a la legalidad penal que el Constitucional consideró vulnerado.

Con el auto de la Audiencia, esta revisión de sentencias queda paralizada hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre si la corte de garantías pudo extralimitarse o invadir ámbitos reservados a los jueces.

Al hacer una interpretación alternativa sobre los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos juzgados, revisó lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como lo confirmado luego por el Tribunal Supremo, que consideraron fraudulentas las ayudas sociolaborales otorgadas por el Gobierno andaluz.

Debate en el Constitucional

El pasado mes de abril, el pleno del Constitucional debatió, a instancias de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, sobre si la Audiencia de Sevilla podía presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, aunque no adoptó ninguna decisión ante la falta de consenso entre los magistrados.

Fuentes jurídicas explicaron que incluso había magistrados que eran partidarios de ni tan siquiera abordar esta cuestión dando por sentado que no se puede impedir a un juez que plantee una consulta a la justicia europea.

En el Constitucional se acumularon hasta cinco informes internos de letrados adscritos a magistrados progresistas y conservadores que coincidían en que no se puede impedir al tribunal andaluz acudir a la Justicia europea.

Conde-Pumpido declaró que no había “intención alguna” de impedir una consulta de la Audiencia de Sevilla al TJUE, aunque si la admitiera a trámite estudiaría “si existe algún conflicto constitucional”, a la vez que recordó que “en 40 años las cuestiones prejudiciales se han presentado como un recurso primario antes de dictar sentencia”, pero “nunca como un recurso secundario al final del procedimiento”.

La Fiscalía Anticorrupción, en contra de la cuestión prejudicial

En este tira y afloja, antes de deliberar sobre este asunto en pleno, el TC pidió a la Audiencia de Sevilla copia de una providencia en la que el tribunal sevillano cuestionaba que el amparo concedido por el Constitucional a los condenados por los ERE fuera compatible con el derecho de la UE y pedía opinión a las partes.

Tras esta solicitud, la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia sevillana, en un movimiento sin precedentes, replicó al Constitucional que justificara su petición.

La Fiscalía Anticorrupción desaconsejó a la Audiencia acudir a la Justicia europea y le trasladó que, en este caso, podía resolver ella misma sus dudas conforme al Derecho interno y que la corte española de garantías “no se ha extralimitado al anular una resolución judicial”.

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