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La Koordinadora del Parke Alcosa denuncia que la Generalitat sólo pagará 90.000 euros de una deuda de 400.000

Una acción organizada por la Koordinadora de Kolectivos Parke, en una imagen de archivo.

Miguel Giménez

València —

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La Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, de Alfafar, denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales que dirige la vicepresidenta Susana Camarero ha decidido pagar únicamente 90.000 euros de una deuda reconocida de 400.000, dejando 310.000 euros impagados, “a pesar de los compromisos adquiridos en la reunión oficial mantenida con la Dirección Territorial de Servicios Sociales” el pasado 19 de diciembre.

Según explican desde el colectivo, en aquel encuentro, la Generalitat Valenciana reconoció la existencia de una deuda acumulada de 400.000 euros por los servicios prestados por el Centre de Joves y el Centre de Pekes en el marco de la acción concertada entre abril y diciembre de 2025.

Ambos centros de día resultaron gravemente afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, lo que obligó a trasladar temporalmente su actividad a otros espacios para poder garantizar la continuidad de la atención socioeducativa “que no ha cesado pese a los efectos de la inundaciones que arrasaron la zona”.

A fecha de 13 de febrero, apuntan que no han recibido ningún ingreso y, “tras múltiples intentos de contactar con el servicio de coordinación de la Acción Concertada para Entidades de Iniciativa Social, se nos ha comunicado que sólo se pagara una mínima parte de lo que se nos adeuda”.

Según la decisión trasladada por el responsable del servicio de coordinación, Evelio Garijo, la Conselleria únicamente abonará octubre, noviembre y diciembre del Centre de Joves y sólo diciembre del Centro de Pekes, lo que suma 90.000 euros, mientras que los 310.000 euros restantes correspondientes a servicios prestados “quedan sin cobrar”.

Tal y como explican desde Parke Alcosa, la Conselleria justifica este impago alegando que, entre abril de 2025 y la apertura de los locales definitivos, los preyectos se desarrollaron en espacios que “no disponían formalmente de autorización de acción concertada”. Esta explicación, sostienen, traslada el conflicto a un callejón sin salida, “cuando lo que en realidad existe es un problema de voluntad política, de responsabilidad y de cumplimiento de los acuerdos”.

La propia Conselleria, prosiguen, “permitió, negoció y avaló” la continuidad del servicio en un contexto de emergencia, con los centros “destrozados por la dana y una crisis social grave al barrio, y ahora pretende utilizar cuestiones administrativas para no pagar lo que ha reconocido como deuda”.

A su juicio, esta situación “evidencia una falta grave de coherencia interna en la Conselleria, ya que la Dirección Territorial validó unos acuerdos que ahora son deslegitimados por otros departamentos, dejando a la entidad social y comunitaria en una situación límite”.

La Koordinadora recuerda que estos impagos afectan directamente “a las familias, al medio centenar de niñas, niños y jóvenes, y a los trabajadores y trabajadoras que dependen de estos recursos socioeducativos esenciales para Parke Alcosa y el resto de la comarca”.

Conselleria apunta que el servicio no está justificado en esos meses

Desde la Conselleria de Servicios Sociales apuntan que, como afectados por la dana, se les concedió una exención temporal hasta el 31 de marzo. Cuando se les acabó el plazo, sostienen que no solicitaron una prórroga del servicio, aunque lo siguieron prestando “sin estar autorizados”. Además, prosiguen, se les informó de que disponían de líneas de ayuda, “pero no las solicitaron”.

Cuando la Koordinadora Parke Alcosa restablece el servicio en sus locales, explican desde el departamento que dirige Susana Camarero, la línea de financiación “se restablece con normalidad”. “La obligación de la Generalitat Valenciana es velar por el servicio público”, destacan, por lo que se tienen que cumplir con los criterios marcados.

Los técnicos están estudiando los informes y la documentación relativa al período en el que no se ha considerado justificada la solicitud de ayudas para decidir si se aprueba la concesión de las cantidades que quedan pendientes: “Los servicios se tienen que justificar y, con toda la documentación aportada, se valoraran los meses que no se han abonado y se decidirá”.

Ante esta situación, la Koordinadora anuncia que convocarán nuevas movilizaciones hasta que la Conselleria “cumpla los acuerdos y abone la totalidad de la deuda reconocida”.

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