La justicia le pide que el Gobierno de Bolsonaro explique espionaje a antifascistas

Brasilia, 4 ago (EFE).- Una jueza de la Corte Suprema de Brasil pidió este martes que el Gobierno de Jair Bolsonaro explique unas supuestas investigaciones que el Ministerio de Justicia habría hecho sobre funcionarios estatales ligados a movimientos antifascistas.

La magistrada Carmen Lucia Antunes dirigió el pedido al ministro de Justicia, André Mendonça, quien a su vez ya informó que ordenó una investigación interna sobre ese supuesto espionaje, que fue revelado en un reportaje publicado por el portal UOL.

Según ese portal, “el Ministerio de Justicia puso en práctica, en junio pasado, una acción secreta sobre un grupo de 579 funcionarios federales y de gobiernos regionales identificados como integrantes de 'movimientos antifascistas'”, entre los que incluso figurarían tres profesores de universidades públicas.

El espionaje habría sido ordenado por la llamada Secretaría de Operaciones Integradas del Ministerio de Justicia, cuyo director, Gilson Liborio, fue destituido este lunes por decisión del ministro Mendonça.

Los movimientos “antifascistas” surgieron en Brasil a mediados de este año, en clara oposición al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, y de alguna manera fueron una respuesta a los sectores más radicales del oficialismo.

Esas alas más extremas de la derecha tomaron las calles durante semanas con manifestaciones en las que exigían una “intervención militar” para “cerrar” el Parlamento y la Corte Suprema, a los que acusaban de “no dejar gobernar” a Bolsonaro.

Tanto las cámaras legislativas como la Justicia han actuado como “moderadores” de muchas medidas polémicas del Gobierno de Bolsonaro, y suavizado iniciativas que apuntaban a liberar la venta de armas a la población civil, entre muchas otras.

También bloquearon decisiones del Gobierno que pretendían impedir las cuarentenas u otras medidas de aislamiento social adoptadas, en el marco de sus atribuciones constitucionales, por gobernadores o alcaldes con el objetivo de contener la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país unos 95.000 muertos y 2,7 millones de casos.

A raíz de esas manifestaciones, la Justicia comenzó a investigar a los grupos “bolsonaristas” más radicales, que en su mayor parte se organizaban a través de las redes sociales, en las cuales llegaron a publicar mensajes con amenazas a parlamentarios y jueces.

En el marco de las investigaciones, la Corte Suprema ordenó a las empresas Facebook y Twitter el bloqueo de cientos de perfiles y páginas, muchos de ellos abiertos con nombres falsos y que fueron identificados como el origen de esas amenazas.