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Educación para la ciudadanía

Cabe afirmar que a un mayor bienestar ha correspondido un mayor desinterés por la política

Como es bien sabido, nuestra Constitución no está ideológicamente precondicionada pero tampoco es una norma neutra

La nueva LOMCE nos retrotrae al pasado, excluye el ideario constitucional del itinerario curricular

Educación para la ciudadanía

La percepción que la ciudadanía española tiene respecto del funcionamiento del entramado político se debe, seguramente, a que durante los primeros años de nuestra joven democracia no se ha producido una socialización política satisfactoria. Así, el crecimiento económico –que ha sido muy elevado- no ha ido ligado a un aumento de la cultura democrática de nuestro país. Cabe afirmar que a un mayor bienestar ha correspondido un mayor desinterés por la política. Este desinterés se ha ido tornando en desconfianza, fenómeno que se ha acrecentado sensiblemente por los efectos negativos que la crisis económica y financiera tiene en general para la democracia y en particular para la española.

Asimismo, como decía, mientras las cosas iban bien, o por lo menos iban bien para la mayoría, la ciudadanía se ha desentendido del ejercicio de sus deberes cívico-políticos. Hemos hecho dejación de nuestras funciones ciudadanas en época. Esto ha permitido que los partidos políticos hayan sido los encargados casi en exclusiva de expresar y vehicular la pluralidad política de nuestra sociedad. Se ha llegado a una situación de quasi monopolio de la esfera política por parte de los partidos, que entre todos hemos permitido. Esto les ha dotado de un protagonismo y un cierto “estar por encima del bien y el mal” que ha provocado que en el momento en que la ciudadanía ha clamado respuestas a situaciones crecientemente desperadas los partidos políticos no hayan estado a la altura.

Así las cosas, nos movemos actualmente en un escenario en que sigue existiendo un alto nivel de desafección -aunque en este ámbito se aprecian cambios imprtantes- y un fuerte descrédito de los políticos. Ahora bien, ¿es este descrédito justificado? ¿Sabemos como ciudadanía lo que estamos criticando? Más allá de que es, si se me permite, muy español criticar sin conocimiento de causa, o cómo mucho, sólo por referencia, ¿saben los ciudadanos cuáles son las funciones de las instituciones? ¿Saben cuáles son sus competencias? ¿Conocen en definitiva el sentido de su  existencia? Mi planteamiento de partida es que no. La ciudadanía española desconoce cual es el sistema político en el que vive y convive.

Esta falta de conocimiento o incluso de malconocimiento tiene varios responsables más o menos directos. De una parte, la propia clase política que presenta claras limitaciones en llegar a la ciudadanía, por falta de transparencia y una tendencia a una defensa excesiva de los propios intereses, cayendo muchas veces en muestras de corporativismo. Nuestros políticos se han demostrado poco o nada permeables a las exigencias y reivindicaciones sociales, ni siquiera cuando estas se han centrado precisamente en el mal funcionamiento de las instituciones y del sistema democrático. Es ya casi un clásico el “no nos representan” del movimiento 15 M.

También cabe señalar la responsabilidad de los medios de comunicación en el desapego ciudadano a la política. Aquí se mezclan diversos factores: el servilismo de los medios a algunos intereses, la falta de conocimiento de determinadas materias de los profesionales de la información y, en algunas ocasiones, la intoxicación y la desinformación como meta. Con estas actitudes no sólo acrecientan la desafección sino, sobre todo, el descrédito.

Una tercera causa es la falta de conocimiento por los ciudadanos del sistema político, su sistema de valores e instrumentos de defensa. Y en este ámbito la responsabilidad recae de nuevo en nuestros representantes que han descuidado nuestra formación como ciudadanos al no interesarse por nuestra formación cívico-democrática. Así, por ejemplo, en los itinerarios escolares asignaturas de educación cívica lo que ha supuesto que las escuelas fueran, en la mayoría de casos, espacios ajenos a la cosa política.

Y es que la educación, en tanto que instrucción pública, es una herramienta necesaria y útil para la formación de las personas que conforman el pueblo soberano de una determinada comunidad política. Me refiero ahora tanto a la formación en sentido amplio, las capacidades intelectuales y los conocimientos elementales que permitan hablar de personas más o menos instruidas, como también a la formación política. El pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas que hemos acordado dotarnos de un sistema constitucional concreto, asentado sobre una determinada forma de Estado y construido sobre un sistema de principios y valores específico, y que se erige en el marco de convivencia en el que desarrollamos todas las facetas de nuestra vida, debemos conocerlo para poder compartirlo, tolerarlo, criticarlo, aspirar a cambiarlo, o incluso a destruirlo. De lo contrario, las personas con derecho a participar políticamente en una comunidad política no estaremos más que acatando lo que nos es impuesto. El Estado social y democrático de Derecho necesita para seguir siéndolo de la participación consciente y formada de su razón de ser, esto es, del pueblo.

Pues bien, con la LOE de 2006 se incorporaba en los itinerarios curriculares del sistema educativo español la asignatura de Educación para la Ciudadanía, respondiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa y la Unión Europea. Este tipo de asignaturas, como sus homólogas en otros países, deben perseguir romper con la apatía cívica reinante en Europa a través de itinerarios que prevean mecanismos educativos a través de los que dotar de instrumentos a los estudiantes que faciliten y promuevan la participación en los asuntos públicos. En este contexto, la asignatura pretendía trasmitir a los estudiantes de primaria y bachillerato una suerte de ideario educativo constitucional, esto es, pretendía enseñar la Constitución y el sistema de valores en que esta se asienta.

Fue este segundo elemento, el de la incorporación de los valores constitucionales en el contenido de la asignatura, el que generó el rechazo de determinados sectores conservadores y clericales, a veces alentados por gobiernos autonómicos. Y todo ello porque se percibía como una asignatura en contra de, como una injerencia ilegítima en un determinada sistema de valores que, por cierto, no es el constitucional aunque sí sea constitucional gracias al pluralismo religiosos e ideológico que impone nuestra Norma Fundamental.

Ciertamente la asignatura “Educación para la ciudadanía” no sólo pretendía mostrar un sistema institucional y, por tanto, no se limitaba a trasladar una visión formal o procedimental de nuestro sistema político, sino que pretendía explicar y transmitir un determinado sistema de valores, porque, como es bien sabido, nuestra Constitución no está ideológicamente precondicionada, pero tampoco es una norma neutra. Así, el art. 1 CE, base de nuestro sistema, reconoce que este se asienta sobre la libertad, la justicia, la igualdad y pluralismo político. Todo ello además en un Estado social y democrático de Derecho que se declara aconfesional.

Esta asignatura debía servir como instrumento para la construcción de ciudadanía; no se trataba de crear defensores de la Constitución, sino ciudadanos y ciudadanas formadas e informadas de sus derechos y obligaciones que pudieran participar de forma responsable en un mundo en que se reciben inputs constantemente. Esta materia con este alcance fue además validado por la justicia española (por todas, STS en casación, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 11 de febrero de 2009).

La nueva LOMCE nos retrotrae al pasado, excluye el ideario constitucional del itinerario curricular y nos devuelve al  "dios nos pille confesados". Flaco favor a las competencias cívicas harán itinerarios que, obviando el pluralismo constitucional esconden, y/o obvian realidades sociales con las que los niños y las niñas españoles conviven cada día.

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