Continúan los desahucios de alquileres

Se suponía que la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, de 2013, iba a permitir que hubiera más gente alquilando. Y lo hizo; algunas personas más alquilan (su número ha crecido cerca del 1,5%). Pero España continúa siendo, de lejos, uno de los países europeos donde hay más viviendas en propiedad.

Para conseguir que aumente el número de viviendas en alquiler, la ley mejoró las condiciones a los propietarios... pero empeoró las de los inquilinos. Permite, entre otras cosas, los desahucios por impago de un solo mes de alquiler, e incluye un “registro de sentencias firmes de impago de alquiler” en el que constan públicamente datos de morosos durante seis años.

De 2013 a 2015, los lanzamientos de alquileres en España han bajado un poco; han pasado de 38.141 en 2013 a 35.677 en 2015, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un lanzamiento es el momento en el que el juez llega con la policía y se hace con el inmueble. Se dice “lanzamientos” y no “desahucios” porque las estadísticas judiciales no distinguen entre una vivienda donde vive una familia desahuciada y un terreno, un garaje o un negocio. El Estado desconoce cuántas familias han quedado en la calle por no poder pagar el alquiler ni cuántos desahucios se dan porque el inquilino actúa de mala fe.

Las últimas cifras, del segundo trimestre de 2016, muestran que el 53,9% de los lanzamientos en España son de alquiler; el 0,5% más que en el mismo período del año anterior, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajan el 4,7%.

En algunos lugares en particular, como en Catalunya, la cifra es distinta. Los lanzamientos por alquileres rondan ya el 70%; y específicamente en Barcelona, llegan al 90%.

“En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lo tenemos claro”,  cuenta Elisa Miralles, miembro de esta entidad de Barcelona. “No podemos hablar en general, pero en nuestra formación antes la mayor parte de los desahucios eran por hipotecas, y ahora son de alquileres”.

No hay datos estadísticos anteriores a 2013. Estas lagunas dificultan cualquier análisis en profundidad. Por eso, el Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), junto a la PAH, ha llevado a cabo en su último informe sobre Emergencia Habitacional y Pobreza Energética, una radiografía de 12 ayuntamientos entre las principales ciudades. Estos ayuntamientos soportaron el 54% de los desahucios de Catalunya. Según el estudio, en estos municipios hay una clara tendencia a que el porcentaje de desahucios por impago de alquiler vaya en aumento. 

Por otro lado, el informe profundiza en algunas contradicciones del sistema: las viviendas vacías, 170.872, representan el 11% de las que hay en los municipios.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevó a la aplicación de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética también pudo haber tenido alguna influencia en las estadísticas.

El informe del DESC y la PAH en los municipios aporta información de la normativa, que ha durado nueve meses, desde su aplicación en agosto de 2015 hasta la suspensión parcial por el Tribunal Constitucional en junio de 2016.

En concreto, “el número de desahucios paralizados gracias a la aplicación de la ley en estos municipios ha sido de 4.286”, indica el informe (en 2015 fueron unos 8.450 desahucios, según el CGPJ).

Ante la falta de respuestas políticas, lo que se incrementa hasta ahora son las ocupaciones ilegales de viviendas vacías. “Todos los municipios afirman que han descubierto viviendas ocupadas en su ciudad, y preguntados por si se trata de un problema real en el municipio, todos han respondido afirmativamente”, agrega el informe. El Ayuntamiento de Badalona estima que entre el 60% y el 70% de los pisos vacíos de entidades financieras están ocupados.

[Este artículo ha sido publicado en el número de noviembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]