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Pobreza infantil: por qué importa

ILUSTRACIÓN DE PEDRO STRUKELJ

María Victoria Zunzunegui

Unicef informa de que el 31% de los niños españoles vive en hogares pobres, y este porcentaje es muy superior a la media europea, sólo superado por Rumania. España invierte el 1,3% de su PIB en protección social a la familia en infancia, cuando la media europea es del 2,3%. Es imperativo cambiar esta situación, ante los efectos de pasar los primeros años de la vida en un hogar pobre en la salud de la población infantil y de las futuras generaciones de adultos y personas mayores. Urgen cambios en los presupuestos para aumentar las transferencias a las familias pobres. 

Los niños que crecen en condiciones de pobreza tienen mayor probabilidad de experimentar retardos de crecimiento y mala salud, mayor frecuencia de crisis de asma, alteraciones de comportamiento en la infancia y en la adolescencia, así como más problemas crónicos de hipertensión, enfermedad cardiovascular, obesidad y diabetes y peor salud mental cuando son adultos. Y si sobreviven hasta edades avanzadas, tienen peor función física, mayor lentitud de la marcha, menos fuerza muscular y mayor deterioro cognitivo cuando se les compara con personas adultas y mayores que no experimentaron pobreza en los primeros años de su vida. Estos resultados de investigación proceden de cohortes de nacimiento que han sido seguidas hasta la adolescencia y la edad adulta, y de estudios de envejecimiento que han utilizado una perspectiva de transcurso de vida. 

Además de las consecuencias para la salud, la pobreza infantil conduce a menor rendimiento escolar y mayor probabilidad de abandono de las aulas. Todo ello aumenta la probabilidad de desempleo, precariedad en la ocupación, empleos con mayor exposición a sustancias tóxicas y peores condiciones de trabajo, cuando se compara con personas que no tuvieron experiencias de pobreza en su niñez. En las mujeres, la pobreza infantil está asociada al embarazo durante la adolescencia; a su vez, los hijos nacidos de madres adolescentes tienen alto riesgo de pobreza. En América Latina, los embarazos en adolescentes han sido considerados un mecanismo muy eficaz para la transmisión generacional de la pobreza. En Europa, donde los embarazos de mujeres adolescentes son relativamente raros (8,6/1.000 nacidos vivos tienen como madre a una mujer menor de veinte años), sigue observándose un fuerte riesgo de pobreza en estos hogares con madres adolescentes. 

El reciente informe de Unicef  muestra que en países del norte de Europa menos del 10% de los niños viven en hogares clasificados como pobres (hogares cuyos ingresos están por debajo del 60% de la mediana de ingresos para ese país) después de tener en cuenta transferencias sociales, ajustando por tamaño y estructura del hogar (Brazier, 2017). Las bajas proporciones de pobreza infantil se consiguen mediante una política fiscal que permite la redistribución de la riqueza y una fuerte protección social. Las transferencias sociales en muchos países europeos reducen la pobreza infantil en proporciones superiores al 50%. Estas transferencias sociales son escasas en España y, por tanto, tienen un efecto pequeño en la reducción de la pobreza infantil. Un ejemplo: la diferencia proporcional de la pobreza infantil antes y después de las transferencias sociales es del 66% en Finlandia, pero sólo llega al 22% en España. Además, las políticas de austeridad implantadas en España desde 2008 han causado aumentos de la pobreza infantil debido a reducciones del gasto social en la infancia y la adolescencia, lo cual ha agravado la situación de los más pobres, hecho confirmado por los datos que demuestran que la distancia entre los ingresos del percentil más pobre y el umbral de la pobreza ha aumentado drásticamente en España. 

A la cabeza de Europa

Además de la pobreza relativa monetaria y la diferencia proporcional de la pobreza infantil antes y después de las transferencias, Unicef utiliza un tercer indicador, MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis), para definir la pobreza multidimensional, que consiste en tener necesidades no cubiertas en al menos dos de las siguientes áreas de pobreza: nutrición, vestido, recursos educativos, actividades sociales, acceso a la información y calidad de la vivienda. Según este indicador, el 31% de los niños en España en 2014 tienen dos o más áreas de privación, cuando la media europea es del 34,7%. Por tanto, estamos a la cabeza de Europa en pobreza monetaria económica en familias con niños y a la cola de Europa en la reducción de la pobreza infantil por medio de transferencias sociales, mientras que estamos casi en la media europea en indicadores de pobreza en áreas también necesarias para el desarrollo infantil como el MODA, que no son directamente el dinero disponible. Aun así, cerca de un tercio de los niños españoles vive en un hogar económicamente pobre o carece de dos o más recursos necesarios para su desarrollo o bienestar.

Según una revisión del efecto de los ingresos familiares en la salud infantil en Canadá, los efectos de los ingresos en la salud infantil no son lineales, siendo mayores en los niños con bajos ingresos, los niños pobres (McEwen & Stewart, 2014). Por tanto, para mejorar la salud infantil, las familias pobres deben recibir significativamente mayores beneficios que las familias ricas. Los beneficios marginales de los ingresos económicos familiares en la salud de los niños disminuyen a medida que aumentan los ingresos. Cada dólar adicional tiene menor efecto cuanto mayores son los ingresos familiares y no se observan beneficios después de un umbral de 60.000 dólares canadienses (40.000 euros) anuales por hogar.

La pobreza en los primeros años de la vida es particularmente nociva para la salud y el desarrollo infantil y, por tanto, las transferencias sociales deberían dirigirse principalmente a los primeros años de la vida. Los efectos en salud son más persistentes y dañinos en niños pobres que en niños en familias con ingresos medios o altos. Podemos esperar que estas conclusiones sean también válidas en España. La crisis económica se ha cebado en los niños pobres. Una reciente investigación demuestra que aunque no se advierten cambios en salud en la población infantil española durante la crisis económica de 2008-2013, se observa peor salud general, peor salud mental y mayor utilización de servicios en niños que reciben ayuda de Cáritas (Rajmil, Siddiqi, Taylor-Robinson, & Spencer, 2015).  

En España, todavía no tenemos resultados de estudios longitudinales sobre la pobreza infantil y la salud. Recientemente se han introducido medidas de pobreza en las cohortes de Guipúzcoa y Valencia del estudio INMA. Estas preguntas permitirán una evaluación de las correlaciones entre pobreza y salud a los ocho y once años, respectivamente. En estas cohortes se ha incluido una pregunta directa sobre la insuficiencia de ingresos (dificultad para llegar a fin de mes) y preguntas para calcular el indicador de pobreza multidimensional AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), cuya traducción al español ha sido En riesgo de pobreza o exclusión. La parte que mide pobreza monetaria en el indicador AROPE incluye tres indicadores. El primero es el utilizado más ampliamente —“vivir en un hogar cuyos ingresos son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (después de transferencias sociales)”—, que también utiliza Unicef como indicador de pobreza monetaria. El segundo identifica los hogares con necesidades no cubiertas. Y el tercero, los hogares con baja intensidad de empleo.  

Mientras se realizan estas investigaciones en nuestro país, se pueden y deben utilizar los conocimientos procedentes de investigaciones realizadas en países de altos ingresos a fin de influir en la implantación de políticas públicas que lleven a la erradicación de la pobreza monetaria y a la reducción de la pobreza multidimensional. Nuestra sociedad debe socorrer a los niños en situación de pobreza mediante políticas fiscales redistributivas, transferencias a las poblaciones vulnerables y la mejora de los centros escolares en los barrios que tienen alta proporción de población pobre y con alto desempleo.

Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 han asignado 342 millones de euros para la protección de la familia y para la lucha contra la pobreza infantil, cifra pequeña si se compara con los 32.171 millones de euros que dedicaremos a pagar la deuda en este mismo año o con los 60.073 millones dedicados a pagar el rescate bancario (Banco de España, 2017). Esta asignación de presupuestos para 2017 es irracional porque no tiene en cuenta que el capital humano de España son sus niños. 

María Victoria Zunzunegui es investigadora de Finsalud, profesora honoraria de la Escuela Nacional de Sanidad y profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal (Canadá).

[Este artículo ha sido publicado en el número de septiembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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