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Las asociaciones de transexuales, disconformes con la ley integral

Está previsto que la nueva norma se registre inminentemente en el Parlamento andaluz pero el colectivo la consideraría "una ley ilegítima" si no cambia algunos contenidos en el trámite parlamentario.

La atención sanitaria es el principal punto de desacuerdo.

Mar Cambrollé

Parecía que la futura ley integral de transexualidad había logrado un esperado consenso y que las asociaciones, después de amenazar con una huelga de hambre en la lucha por sus derechos, habían conseguido con los grupos parlamentarios acordar un texto satisfactorio para todas las partes. Pero este jueves, leyendo detenidamente el articulado que se registrará de forma inminente en el Parlamento de Andalucía, han mostrado su "disconformidad" con el proyecto de ley.

Más allá, entienden que "no se debería registrar" tal y como la han remitido los grupos (PSOE e IULV-CA), por algunas "contradicciones" que hacen que, de no cambiar en el trámite parlamentario, pudiera ser considerada "una ley ilegítima". Tanto la Asociación de Personas Transexuales (ATA) como Conjuntos Difusos harán publico este viernes su descontento con el resultado final de la norma, principalmente por no alcanzarse completamente el tratamiento igualitario en la atención sanitaria, informaron fuentes de las mismas.

En este ámbito, las peticiones incorporadas en principio al proyecto de ley por parte de las asociaciones de transexuales pasaban necesariamente por la descentralización y la despatologización. Según han venido manteniendo desde las asociaciones, no se está pidiendo nada más que tratamientos a los que tiene acceso toda la ciudadanía (hormonas, inhibidores para menores, cirugía...) sin tener que pasar por las evaluaciones a las que, en teoría hasta ahora, se veían sometidas las personas transexuales. No existen tratamientos específicos para ellas, han insistido. A su juicio, se rompía el principio de trato igualitario y no discriminación puesto que cualquier ciudadano tiene acceso a dichos tratamientos en sus centros de salud. A pesar de que lo esperaban, con la nueva norma, "la descentralización no queda garantizada".

De acuerdo con el último borrador, se descentralizaban todas las atenciones a excepción de las especializadas, como las cirugías de reconstrucción genital, que se seguirían haciendo en el Hospital Carlos Haya. Así, en los centros de salud podrían ser derivados los casos requeridos por las personas transexuales para prescribir tratamiento hormonales por parte del endocrino. Hasta ahora, en algunos centros de salud se les atiende con base a su situación pero se daban casos de, ya con nueva identidad legal y avanzado el proceso hormonal, un transexual era trasladado a la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga para la definitiva intervención quirúrgica pero, una vez allí, la hacían iniciar de nuevo con los protocolos, evaluación psicológica, terapia hormonal, etc. Este conflicto en el propio sistema de salud pública ya no tendría lugar con la descentralización requerida por el colectivo transexual.

"¿Por qué no hablar de descentralización?"

"¿Por qué no hablar de descentralización?", lamentan las fuentes, que apuntan que preveían que el Servicio Andaluz de Salud garantizaría que las personas transexuales no fueran segregadas en el acceso a los servicios comunes de atención primaria, incluyendo los tratamientos relacionados con el desarrollo puberal de los menores, y a los servicios de atención especializada más cercanos, especialmente endocrinología y cirugía general. El SAS proporcionaría cirugías de reconstrucción genital (reasignación de sexo) efectuadas por el personal facultativo de la red de hospitales públicos, pero el proyecto de ley remitido por los grupos "no se ajusta a lo acordado".

La nueva ley, a su juicio, debiera garantizar la autonomía responsable del paciente-usuario transexual frente a los prestadores de servicios de salud, superando definitivamente anacronismos como las terapias 'curativas' o el llamado 'test o experiencia de vida real'.

En cuanto a la tramitación, la Mesa del Parlamento tiene que informar favorablemente sobre el proyecto de ley en menos de un mes, dictaminará su publicación en el BOPA y dará traslado al Consejo de Gobierno. En el trámite parlamentario se pedirá audiencia a colectivos y aprobación definitiva. Desde que se registre hasta su aprobación podrían pasar cuatro o cinco meses, por lo que en abril o mayo podría estar aprobada.

La aprobación de la proposición de ley, registrada en primera instancia a finales del año pasado por IULV-CA y calificada de forma favorable por la Mesa de la Cámara a primeros de 2013, fue retirada en febrero por su propio grupo parlamentario para que se perfilara el texto. La ley llevaba estancada año y medio hasta el ultimátum de dos asociaciones, que dio salida final a la futura norma tras un acuerdo entre los grupos el pasado 6 de noviembre que preveía el registro de la norma antes del final del actual periodo de sesiones, el 20 de diciembre.

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