Retrasos y culpas detrás de la tramitación de los ERTE: 700.000 andaluces, inmersos en una regulación temporal de su empleo

698.878 trabajadores andaluces afectados por un ERTE, por un expediente de regulación temporal de empleo, uno de esos conceptos que el coronavirus nos ha hecho, por desgracia, más familiar. Nada menos que una quinta parte del total de afiliados a la Seguridad Social en la comunidad autónoma se ha visto sometido a una suspensión del contrato o una reducción de jornada. Los aproximadamente 100.000 ERTE presentados hasta ahora en Andalucía, que tienen que ser registrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pero cuyas prestaciones ha de resolver el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, dejan tras de sí a miles de personas en dificultades económicas pese a las sucesivas modificaciones normativas que tratan de paliar los daños. Según la Junta, el lunes pasado 110.000 trabajadores de Andalucía se quedaron sin cobrar la prestación pese a que las administraciones aseguran “agilización” en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, en su capítulo III, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? ¿Cuándo cobrarán si la urgencia es ahora?

Para Juan Carlos Hidalgo, secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía, toda la situación derivada del estado de alarma es “nueva” y, además, “hay nueva legislación casi todos los días”. La casuística es muy diversa y “todo el mundo se ha encontrado desbordado, incluidos nosotros. Ahora bien, ha habido delegaciones provinciales de la Consejería donde no ha habido personal suficiente para que los ERTE de fuerza mayor, a los que en cinco días se les tiene que dar una contestación, hayan ido por silencio administrativo, que se considera positivo pero que no queda exento de que luego se puedan revisar”.

La denuncia de falta de personal también se ha hecho oír estos días desde CCOO en Málaga, que apuntan que “la inacción del Gobierno andaluz en el arranque de la crisis ha imposibilitado que la tramitación de los ERTE llegue a tiempo al Servicio Estatal de Empleo, de modo que las personas trabajadoras no han cobrado en abril las prestaciones que tenían reconocidas”. “La única responsabilidad que nos corresponde, como autoridad laboral, la estamos cumpliendo de forma ejemplar y responsable”, ha dicho este martes al respecto la delegada de Empleo en Málaga, Carmen Sánchez.

Según señala Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, “una cosa es agilizar la administración y otra cosa es suprimir controles, que es suprimir controles de la sociedad en su conjunto. La falta de agilidad para tramitar expedientes, al menos en Málaga, ha supuesto una lesión de derechos para los que tendrían que haber cobrado las prestaciones de marzo y no la han cobrado. La Junta tendría que haberse adelantado a las circunstancias y haber previsto un incremento de personal para reforzar las delegaciones de Empleo.

“Madrid” gestiona las prestaciones

“Una vez que mandamos los expedientes resueltos a Madrid, son ellos los encargados de gestionar las prestaciones”, resumen fuentes de la Consejería de Empleo. “Nuestro trabajo está hecho”, presumen. De los últimos datos aportados por la consejera, Rocío Blanco, se desprende que la Junta ha resuelto 94.409 expedientes, el 97,4% de los presentados, que afectan a 492.634 trabajadores, mientras que el 2,6% sin resolver se corresponde con las solicitudes llegadas después del 23 de abril y que todavía están dentro del plazo legal de resolución.

La Consejería, para ello, ha incoporado a 130 personas de otros departamentos específicamente para tramitar ERTE, que en el 99% de los casos son elevados favorablemente, la práctica totalidad “por fuerza mayor”. Las fuentes indican que también hay andaluces afectados por ERTE de grandes empresas nacionales, cuya gestión tramita directamente el Ministerio, y que también se han visto inmersos en este tipo de expedientes “por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, como también prevé el decreto citado anteriormente.

El SEPE en Andalucía, por su parte, recibió solamente en abril 75.397 solicitudes de ERTE de empresas andaluzas, dando cobertura a 408.742 trabajadores. La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, trasladaba a los medios este jueves las cifras de la gestión del servicio estatal. En ese sentido, el número total de personas cubiertas con una prestación en Andalucía, incluidas las reconocidas antes de abril, asciende a más de 1,1 millones de personas por un importe total de 853 millones de euros. “Un esfuerzo sin precedentes por ofrecer una cobertura a quienes se han visto más afectados por esta crisis”, ha destacado.

¿Altas sin trabajar?

Al margen de los datos, ¿los ERTE dan lugar a trampas?. “Es verdad que nos están llegando algunos casos de fraude, de empresarios que han metido a los trabajadores en un ERTE pero que les están haciendo ir a trabajar”, denuncia el dirigente de UGT en conversación con este periódico. “También se puede dar la posibilidad de que, con la recuperación de trabajadores del ERTE, algún empresario lo mande a trabajar pero no lo dé de alta para ahorrarse el salario”, comenta Hidalgo.

Para UGT, “el Ministerio también se ha encontrado desbordado, no sé si en la misma medida pero sí de forma parecida a lo que ha ocurrido con la Junta de Andalucía en cuanto a la tramitación para que los trabajadores pudieran cobrar. Todos los ERTE que hubieran entrado en marzo [el Real Decreto se publicó el 18 de marzo] hubieran cobrado en abril, pero fueron muchos los que se quedaron sin cobrar en abril”. Esto se debe “a la lentitud que ha tenido la Consejería de Empleo en gestionar todo esto y también hay mucha responsabilidad entre los gestores o asesores jurídicos de las empresas, ya que la mayoría del tejido empresarial andaluz y estatal es de pequeñas y medianas empresas que, en algunos casos, nos han llamado para sabr cómo se hacía porque no lo tenían claro”. “Y en el SEPE también está habiendo errores, incluso de grabación de datos, porque hay trabajadores que no están cobrando lo que les corresponde y se les está aplicando el paro como si les hubieran despedido normalmente”.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan a este periódico que “se siguen reconociendo prestaciones” y que “si alguien de marzo o principios de abril sigue sin reconocerse su prestación, es mejor que llame por si hay algún error”. “Como eran solicitudes colectivas, puede haber errores en alguna cifra, número o algo concreto”, reconocen las fuentes oficiales.

Para el Ministerio, sólo entre la prestación extraordinaria para autónomos y los ERTE se ha protegido a casi un 30% de la población activa. La prolongación de los ERTE más allá del estado de alarma, que está negociando el Gobierno con los sindicatos y la patronal, pretende mantener esta medida temporal en aquellos sectores que tarden más en recuperarse de esta crisis por la COVID-19. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, confirmaba “con seguridad” en esta entrevista en La Cerca que el Gobierno aprobará la prórroga de los ERTE por fuerza mayor o su transformación por causas productivas a través de un Real Decreto que se anunciará próximamente.

El dirigente sindical de UGT explica en cualquier caso que “ahora estamos en una nueva fase que son los ERTE que no son de fuerza mayor, en los que la autoridad laboral en Andalucía tiene que comprobar que el procedimiento se haya hecho correctamente y comunicarlo la empresa al SEPE. La lentitud en muchos de estos casos ha afectado a los trabajadores, que no han cobrado. Por ejemplo, si el ERTE se ha comunicado un 2 de mayo, pues ya no va a cobrar hasta junio”.

“Las consecuencias laborales, en cualquier caso, son y van a ser tremendas”, augura UGT, porque “los empresarios ya están pensando, aunque no lo están diciendo, renegociar las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, bajar salarios. Otros hablan ya de despidos aunque no lo digan con esas palabras. Estamos de acuerdo en que en algunos sectores se alarguen los ERTE, pero los ERE son despidos. Se está haciendo mucho fraude, porque son momentos en los que es muy difícil controlar todas las situaciones y la Inspección de Trabajo, con el poco personal que tiene, no tiene capacidad, pero debe centrarse en que se cumplan las medidas de prevención y en los fraudes”.

Para Cubillo, de CCOO, la Junta “incumple” el Real Decreto-ley 8/2020 porque “las empresas son las que están obligadas a comunicar a los sindicatos que van a hacer un ERTE” y la Junta “debería informarnos de los expedientes que hay para hacerles un seguimiento”. “Hay que aportar al expediente la comunicación a los sindicatos y, en caso de silencio adminstrativo, crear una comisión ad hoc de trabajadores, y ese requisito no se ha cumplido en muchas empresas en Málaga”, señala.