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Ecologistas esperan que el juicio de este jueves sea “el definitivo” y obligue a demoler hotel del Algarrobico
“Las administraciones afectadas, Junta de Andalucía, Gobierno central y Ayuntamiento tendrán la obligación de demoler por tratarse de un edificio ilegal e ilegalizable, sin licencia de obras, construido en espacio protegido e invadiendo la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas”, advierte en un comunicado.
Para Ecologistas en Acción, personada en el procedimiento junto al colectivo conservacionista Salvemos Mojácar, la vista debe ser la “definitiva” en el “largo proceso” iniciado para el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, que, según remarca, “nunca debió construirse”.
“Es todo un símbolo del desprecio a los valores naturales que se vivió en nuestro país durante el boom inmobiliario, causante, en gran medida, de la crisis actual”, concluye.
La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA aborda este jueves la discusión del recurso que Ayuntamiento y Azata interpusieron contra la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2008 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería que declaró ilegal la licencia de obras del hotel de Azata del Sol. El mismo juez, en el marco de esta causa, paralizó cautelarmente la construcción cuando estaba ejecutada a más de un 90 por ciento.
El fallo señaló como “incontestable”, a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del establecimiento se ubicaba de “forma clamorosa” en “espacio protegido” y “no era urbanizable” pese a lo sostenido por la Consejería andaluza de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, “no incompatible con el uso urbanístico”.
El propio Alto Tribunal andaluz ya se pronunció sobre una de las cuestiones que derivó en la anulación de la licencia municipal de obras y, en octubre de 2012, declaró “espacio protegido no urbanizable” el sector de paraje de El Algarrobico ante los indicios de que la normativa medioambiental aprobada en 2008 para el parque natural de Cabo de Gata por la Junta podría reactivar el “uso turístico” del establecimiento.
Cabe recordar, asimismo, que otras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) declaran la ilegalidad del hotel por invadir de forma parcial los 100 metros de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre que establecía la Ley de Costas recientemente derogada y que el TSJA dio hace un mes en una sentencia que va a devenir en firme que la titularidad del suelo sobre el que se levanta el hotel es propiedad de la Junta de Andalucía, que ejerció en 2006 el derecho de retracto por 2,3 millones de euros.
