Subida de tensión entre las dos administraciones tras el recurso ante el Constitucional

El Gobierno central ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional al decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía y las reacciones no se han hecho esperar. Sin grises, con claros a favor y en contra, las respuestas oscilan entre la acusación a la Administración Rajoy de hacer lobby con la Banca, y el reproche a la Junta de Andalucía de no querer “mejorar” la norma y de querer romper el principio de Igualdad en España.

La medida del Ejecutivo nacional implica una subida de tensión en las relaciones ya difíciles entre ambas administraciones. No en vano, IU-CA y Valderas desde el Gobierno están llamando a la movilización ciudadana. “Nos jugamos mucho –ha dicho Maíllo, nuevo coordinador de IU-CA- la dignidad de la población ante el acceso y la conservación de un derecho que no puede ser sustraído por otras consideraciones”. El PP Andaluz considera este llamamiento “antiguo, extremista y totalitario”.

¿Razones ocultas?

Tras conocerse a mediodía de este viernes la noticia, (pese a que “no ha habido comunicado oficial a la Junta por parte de la Moncloa”) el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha asegurado que Mariano Rajoy, y el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, serán los responsables de todos los desahucios que se produzcan en Andalucía tras la paralización del decreto-ley. “Se demuestra que los hombres de negro de la Troika mandan en el Gobierno de Rajoy”,

La Consejera de Vivienda de la Junta, Elena Cortés, ha arremetido contra ella asegurando que el Gobierno Rajoy ha “fabricado excusas falsas” y “ha montado una grotesca operación para cargarse de supuestas razones en base a las apreciaciones de la CE”. Cortés interpreta la medida, no sólo como un desacuerdo con la misma, sino como “un ataque frontal a la autonomía andaluza con el único objetivo de defender los intereses de entidades financieras”.

En esta misma línea se ha manifestado la Consejera de Presidencia Susana Díaz afirmando que el Ejecutivo Nacional, “vuelve a dar la espalda a los ciudadanos y a ponerse del lado de los mercados y de la banca”. Y ha animado al Gobierno del PP a explicar “a las claras” las verdaderas razones del recurso. También Centella, portavoz de la Izquierda Plural y diputado en el Congreso ve otras intenciones en este asunto: ve “especialmente grave” que el Ejecutivo“ponga ahora toda la maquinaria judicial del Estado” en contra del decreto-ley.

La normativa antidesahucios aprobada por el Parlamento andaluz en abril sin ningún voto en contra, -el PP-A se abstuvo- ha recibido apoyos en las redes sociales. Carme Chacón (PSOE) ha asegurado que “solo un Gobierno, el de Griñán, encontró una fórmula eficaz contra los desahucios y ahora el Gobierno del PP la recurre al TC”, mientras que Madina ha calificado de “vergonzosa” la decisión de “recurrir el decreto.

Se ha pronunciado sobre este asunto el coordinador general de IU, Cayo Lara, que ha censurado en su cuenta personal de Twitter la medida y ha señalado que “la banca no hace lobby en Moncloa”, sino que “Moncloa es una sucursal de la banca”. “Sinvergüenzas” ha sido el calificativo que ha usado el diputado de IU en el Congreso por Málaga Alberto Garzón. “El PP está en guerra contra los trabajadores, contra los pobres” ha declarado.

Cambio de postura

El líder regional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, ha aplaudido la decisión aunque se ha mostrado un poco “sorprendido” por el anuncio dado ya que “dijeron que no lo iban a recurrir”.

Alicia Martínez, del PP-A ha reconocido que ha habido un “cambio de postura” del Gobierno de la Nación respecto al decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, pero que se debe a la “sinrazón” en la que está “instalada el bipartito” con esta norma que “no tiene alcance ninguno para solucionar los problemas de vivienda que atraviesan las familias en situación de vulnerabilidad” y, además, sobrepasa las competencias de la propia comunidad.

“Nosotros hemos intentado cambiarlo y plantear un modelo alternativo para que no haya dudas jurídicas –lamenta- y para que sea efectivo, pero de las hasta 82 enmiendas que hicimos no se nos ha aceptado ninguna”, ha censurado Martínez.